Una
suerte de rebelión fiscal debió correr el Puerto de la Cruz en
1821.
Ocurrió
que los tres encargados de la recaudación municipal, Domingo
Fernández Quintero, José Martínez Oramas y Narciso Baeza Junior,
manifestaron que no era posible cobrar ni un solo de los ochenta y un
recibos que obraban en su poder. Resultó que todos los vecinos se
negaron al pago, al manifestar unos que no disponían de recursos
para satisfacer los tributos y otros que habían tenido conocimiento
de que habían sido condonados a partir del año 1817 y posteriores.
El
7 de mayo de aquel año se reúne el Ayuntamiento para tomar una
determinación. Según la normativa de entonces, estaba totalmente
prohibido el uso de la violencia para el cobro de las contribuciones,
por lo que el consistorio acordó suspender dicho cobro y dar cuenta
a la Diputación Provincial.
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