Entre las
asignaturas pendientes que deja la manifestación sobre el modelo turístico del
pasado sábado, figura la implantación de una tasa medioambiental. Hasta ahora,
la oposición del empresariado ha sido firme y frenado los tímidos intentos de
crearla y ponerla en funcionamiento. Cierto que hay voces políticas que rompen
esa unidad y dejan entrever que es cuestión de no aparecer tan inflexibles,
cuando ya se aplica en otras comunidades o en otros destinos y nadie se ha
rasgado las vestiduras. Una de esas voces es la de Carlos Alonso (Coalición
Canaria), ex presidente del Cabildo Insular de Tenerife. Además de defender la
introducción de una –vamos a denominarla así- tasa turística, se ha mostrado
partidario de aplicar un impuesto a los nuevos residentes.
Alonso, en un
reciente publicación del digital preferente.com, líder mundial de la
audiencia turística, entiende la indignación de los
ciudadanos, ya que se ha generado una “congestión” en varias islas por el
incremento de la población, que ha crecido en más de medio millón en los
últimos veinticinco años. En su opinión, esta tasa es necesaria porque la
llegada masiva de residentes se traduce en “un impacto, una huella ecológica,
una demanda de nuevos equipamientos, de vivienda, de sanidad, de educación y de
infraestructura”.
Recuerda el ex
presidente del Cabildo tinerfeño que en el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea (TFUE), derivado del de Lisboa, en vigor desde diciembre de 2009,
se deja la puerta abierta a la adopción de este tipo de medidas fiscales. Y
ahora, la actual presidente de la institución, Carmen Rosa Dávila, abunda en la
conveniencia de contar con esta figura tributaria, como avanzó en el periódico
‘El Día’, “que tendría carácter finalista e iría destinada a la protección del
medio ambiente de la isla”. Luego advierte: “Quienes
nos visitan tienen que valorar y respetar nuestra riqueza natural y cultural,
nuestros recursos, y tienen que tener claras las normas para su preservación.
Además, tiene que haber límites para evitar que el turismo se desborde”, apuntó
Dávila.
De
igual manera, aboga por la llegada de soluciones que permitan “modular” la
llegada de visitantes a Canarias, y “estudiar el impacto del crecimiento
demográfico”. “Hay que analizar las excepcionalidades que se pueden aplicar en
un territorio tan frágil y limitado como el nuestro. Lo que está claro es que
Tenerife no puede ser un parque temático”, concluye.
En
fin, el debate está punto de quedar abierto. El Grupo Parlamentario Socialista
Canario ha registrado, al respecto, una Proposición No de Ley El grupo
Socialista ha presentado una proposición no de ley en el Parlamento de Canarias
en la que insta al Gobierno autónomo a dictar un decreto ley para crear un
tributo de carácter finalista que grave las estancias turísticas en Canarias de
personas no residentes en las islas, más conocida como tasa turística.
El principal grupo de la oposición
indica que esta tasa tendría la finalidad de lograr un reparto más justo de la
riqueza que genera el sector turístico, contribuir a alcanzar el cumplimiento
de los objetivos de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030 y mejorar
la sostenibilidad “de nuestro frágil territorio”.
En su iniciativa, el Grupo Socialista
reconoce que el sector turístico ha interpretado un papel fundamental en el
desarrollo económico y social de Canarias y ha sido el motor principal de su
economía prácticamente desde su florecimiento en las islas en la década de
1960, llegando a representar en el ejercicio 2022 un 35,5 por ciento de su
Producto Interior Bruto (PIB) regional y copando el 39,7 por ciento del total
del empleo existente en el archipiélago.
Sin embargo, añade el texto
socialista, al “muy buen desempeño” del sector turístico durante los últimos
años no se puede esconder otra realidad: bajos salarios, condiciones laborales
precarias, encarecimiento de la cesta de la compra y difícil acceso a una
vivienda digna a precios razonables son algunos de los problemas a los que se
tienen que enfrentar los miles de canarios cada día.
A ver qué pasa...
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