LAS RESERVAS SIGUEN CRECIENDO

La firma tecnológica kiwi.com ha llevado a cabo un estudio sobre la recuperación de los viajes en el país que refleja un hecho indiscutible: las cifras superan las expectativas más optimistas. En lo que va de año, en España, las reservas se han triplicado en comparación con las del mismo período de 2021 e incrementado un 75 % por encima de las de 2019 en ese cómputo. Junio fue el mes principal en lo que a reservas concierne, con un aumento del 277 % frente a junio del pasado año. Y otra conclusión llamativa del estudio: los destinos domésticos se impusieron a los internacionales.

 En efecto, los destinos domésticos son los más demandados, por delante de los otros europeos como Italia, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Francia y Polonia. En cuanto a los viajes de larga distancia, el destino más popular son los Estados Unidos. A tener en cuenta este dato, ahora que se está tratando de consolidar la experiencia canaria con la captación de turismo americano.

 Otro dato relevante es que para viajar a Italia (el destino internacional más reservado en kiwi.com), casi un 20% de los viajeros reserva con menos de tres días de antelación, mientras que para viajar a Portugal o a Grecia este período aumenta de dos a seis meses.

 Los destinos más reservados por los españoles, según el citado estudio, han sido Londres, Barcelona, Palma de Mallorca, Madrid, Roma, Viena y Lisboa. Entre las rutas preferentes, Madrid-Roma, Barcelona-Palma de Mallorca, Barcelona-Lisboa o Málaga-Londres. Para viajes con destino a España, destacan el trayecto Viena-Barcelona, Londres-Málaga, Londres-Barcelona o Viena-Palma de Mallorca.

 En cuanto a la duración de las estancias, más del 65 % de los viajeros se quedan en España entre cuatro días y dos semanas.

 El estudio señala que, después de este verano tan positivo, las previsiones de cara a septiembre y noviembre son muy alentadoras, con reservas realizadas a destinos como Italia, Alemania, el Reino Unido, Irlanda o Francia, con un crecimiento del +170% respecto al año pasado.

 De todos modos, es inevitable tener en cuenta el paréntesis de la incertidumbre que significa el conflicto bélico en Ucrania, ante el que los gobiernos de los países europeos habrán de posicionarse con medidas que inciden en el desenvolvimiento económico y social. Es una incertidumbre, cuando llega el final del verano, que afectará a los planes de vacaciones y desplazamientos.  Y los mercados emisores, naturalmente, se resentirán.

Subyace el castigo

 La gestión no vende, no capta votos, apenas el puñado ese convertido en uno de los tópicos más carentes de fundamento y concreción en la jerga política.

Lo que reclama la atención del elector –de una buena parte de ellos- es el postureo, el que deriva, a ser posible, de gestos, o de decisiones basadas en lo fácil, en lo llano, en la simpleza. Persuade más una necedad o una butade altisonante. O dejarse arrastrar por corrientes y por modas,  no importa siquiera que resulten antagónicas con los propios pensamientos, aunque sean los de toda la vida, o los cultivados de forma elemental, sin grandes alardes.

Lo que subyace es un voto de castigo, a partir de la antipatía o del rechazo que puede inspirar la parte gubernamental y, sobre todo, su primera o máxima representación. Desconoce –le dan igual- las cosas buenas y positivas que haya podido realizar. Pero no las que equivalgan, un suponer, al cumplimiento de la oferta programática, sino aquellas otras que sean fruto de situaciones sobrevenidas, de crisis y de emergencias. Las respuestas podrán ser estimables, todo lo que se pueda, y eso, que es lo que puede esperarse o cabe exigir a un gobernante, no es valorado. Al contrario, si se puede machacar desde alguna fisura o desde alguna tardanza burocrática, se hace.

Se dirá que no se sabe vender bien, otro de esos tópicos enquistados. Y es posible, en efecto, que no se sepa la dimensión o la trascendencia de un decisión o de un conjunto de ellas que prueban además la funcionalidad y la coordinación de varios departamentos de una administración. Siempre hay tiempo de revisar o corregir, pero ya se va a remolque y la tendencia contraria parece ir al galope, tal es así que resulta muy difícil invertirla.

¿Para qué hablar de ideología si a la mayoría le es indiferente, incluso cuando hay riesgos de que peligre la democracia? Les da igual a sus enemigos, que haberlos, haylos; hasta enterrar el concepto de pluralismo y no dejar explicarlo. Pero hay que tenerlo muy en cuenta, aunque entre los argumentos se consigne que la gente ya no se mueve por ideología, sino por emociones, simpatías personales, corrientes o modas sociales aireadas, claro, por los vientos demoscópicos que soplan a conveniencia.

Pero tampoco concuerda con lo que luego exige al político, esto es, eficacia, iniciativa, gestión, solvencia, capacidades… Se va alejando (la gente) del nudo gordiano de la política por muchas razones, de las que son responsables algunos ejecutivos y en ese sentido solo a ellos son atribuibles las deficiencias, los empecinamientos o todas aquellas determinaciones que  han generado el malestar de importantes núcleos de población. Luego, recuperar su confianza es un imperativo indispensable para la credibilidad.

Si se quiere, luego está la ingratitud. La sociedad del bienestar no era esto, ver satisfechas ciertas necesidades vitales o vitalistas y desentenderse de todo lo demás. No: era compromiso, individual o colectivo, y actuar en consecuencia. Hay quien no lo ha entendido aún, siendo cierto que cada quien, en democracia, tiene todo el derecho a experimentar dando su confianza, por ejemplo, a quienes entiendan que pueden gestionar lo público mejor.

Pero lo malo es que han llegado lo facilón, el pasotismo y arrimarse al árbol  que más cobija, aunque no garantice nada. Han llegado el tuit, el mensaje breve de las redes (para no mencionar el insulto ni la descalificación) porque da igual. No hay que resignarse, por supuesto, pero hay que ser conscientes del daño que causan quienes manejan los recursos (el de las redes resulta calderilla al lado de la falta de escrúpulos que algunos acreditan sin miramientos con tal de alcanzar sus objetivos) e infunden esos afanes de castigo y de devaluación de principios, incluso los relativos a la eficacia.

Qué más da mentir, si el viento sopla en esta dirección y a mucha gente le gusta ver castigos en la cosa pública.

 

 

IINVIERNO EN EL SECTOR TURÍSTICO. ¿Y LAS KELLYS?

Sin noticias del colectivo de las Kellys tras una temporada alta de verano casi a máxima actividad. Las Kellys, para quienes aún lo desconozcan, es una asociación autónoma que apuesta por la autoorganización, integrada por camareras de piso y por amigos y familiares de éstas. Su objetivo: dar visibilidad a la problemática de este colectivo de trabajadoras de la rama de hostelería y contribuir a la mejora de su calidad de vida.

Su lucha se ha ido modulando. Posiblemente influya el que las reivindicaciones se orienten más hacia las demandas legales que a las protestas, que son efectivas en lo inmediato ya que llaman la atención de los medios, pero que a corto plazo pierden interés salvo para los restos del periodismo de investigación.

También se acerca el fin de la prohibición de despidos, por la finalización de los ERTES y eso quizás haga que el colectivo piense que es bueno que el miedo guarde la viña y consolidar y/o proteger a los activistas: la vieja táctica de dos pasos adelante y uno atrás sigue siendo válida.

En un sector como el hotelero, que cada vez se orienta más al lujo y al glamour (influencers y postureos en redes sociales ayudan), destaca muy negativamente, según nos hacen llegar algunas afectadas,  el trato de algunos establecimientos para con el colectivo.

Pongámonos en el entorno económico:

-Aumento de precios de los hoteles en 2022 (con respecto a 2019),  entre un treinta  y un cincuenta por ciento.

-Inflación de un diez por ciento.

-Aumento de la productividad exigida.

(Número de áreas / habitaciones a limpiar).

-Alta temporalidad y subcontratación.

Pero ... aumento de salarios: un 2,5 %.

Pongámonos en el entorno personal:

-8 horas laborables

-Traslados diarios al puesto de trabajo

-Labores añadidas como ama de casa (los varones aún no ayudamos lo suficiente)

-Cuidado de hijos.

Todo esto agravado en caso ser familia monoparental.

Se sobreentiende que desde los despachos se establecen fácilmente ratios a exigir, pero si alguien desea experimentar lo duro que es el trabajo, no tiene más que coger un carro de camarera y cumplir en 8 horas con los objetivos marcados.

Al final de la jornada, comprobará cómo sus lumbares le felicitan por la gran idea. 

El trabajo exige mover pesos, trasladar objetos, infinidad de flexiones y torsiones. Las lesiones en cervicales, espalda, muñecas, articulaciones y otras son desgraciadamente muy habituales. Cierto que los comités de Higiene y Salud han mejorado mucho las condiciones, pero es necesario insistir, especialmente en medidas preventivas.

El sector, por otro lado, está a la espera de cómo se despejan los nubarrores que inspira el conflicto de Ucrania. Todo da a entender que Rusia va a seguir ocasionando incertidumbres. Algunos países europeos adoptan medidas ante  la cerrazón de Putin. Todo da entender que será un invierno “calentito”. Y eso hace que nos replanteemos, por enésima vez, que la crisis es igual a una oportunidad. Al menos para Baleares y Canarias.

Si ya históricamente uno de los motivos de recibir visitantes eran los altos costes de la energía necesaria para calentar los hogares, dicho coste puede ser astronómico este invierno en Europa.

Entonces, buenas previsiones en principio para esta temporada de invierno, a verificar cuando se confirmen los ‘slots’, en un entorno general de fuerte aumento de precios y costes en el sector. Pero atentos, porque hay otras consideraciones que no se pueden perder de vista, por ejemplo, la proliferación de alquiler vacacional ilegal y la propia creación de empleo si no se combate el fraude fiscal. La inspección del Gobierno autónomo y de los cabildos debe operar con efectividad. Es difícil, está claro, el trabajo de las Kellys en alquiler vacacional.

UN LOGRO DE LAS EMPLEADAS DE HOGAR

 Debate en el Senado y fútbol de ‘champions’ en la tele. Muy bien, pero que no pase inadvertida una conquista social. El consejo de ministros aprobó ayer un real decreto que concede a las empleadas domésticas el subsidio por desempleo y elimina el despido por desestimiento. Todo un logro para un amplio colectivo (hasta seiscientas mil trabajadoras del hogar tendrán derecho a paro), aunque la lucha continúa como la transición hacia el régimen general de la Seguridad Social.

España es el segundo mayor empleador de trabajo doméstico de Europa y Asia Central, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Y aun así, todavía prevalecen en el trabajo del hogar unas condiciones laborales discriminatorias. La situación empieza a ser otra. Tan solo tener derecho a paro ya es un avance sustancial.

La fundadora de la organización Territorio Doméstico, Rafaela Pimentel, reconocía:  “Estamos más que contentas y celebramos este gran avance, por fin tendremos derecho a paro y a cotizar a Fogasa [Fondo de Garantía Salarial]”. Pensemos que hasta el año 2012 ni siquiera era obligatorio en España que las trabajadoras domésticas estuvieran dadas de alta en la Seguridad Social si no superaban un número concreto de horas trabajadas, pero una reforma efectuada en el año 2011 obliga a los empleadores a pagar las cotizaciones desde la primera hora contratada. Fue quizá el primer gran hito para cientos de miles de trabajadoras, pero aquel decreto ley se quedó corto: ignora el subsidio por desempleo, mantiene el contrato verbal e introduce el derecho a desistimiento unilateral sin ninguna justificación. Esta última figura es una de las formas más flagrantes de atentado contra los derechos laborales, pues permite la extinción del contrato sin alegar causas justificadas y con una indemnización mucho más barata que el resto. El desistimiento será cosa del pasado a partir de ayer, gracias al nuevo decreto.

Según infolibre.es, el trabajo doméstico forma parte de un Régimen Especial, que según los últimos datos de afiliación registró una caída del 0,75 %, con dos mil ochocientas once bajas. Pero la estadística es incapaz de proyectar la realidad del sector, colmado de trabajo informal. Se calcula que entre quinientas mil y setecientas mil mujeres se dedican al trabajo doméstico, pero un tercio de ellas lo hace sin contrato,  según la propia OIT. Son ellas quienes han peleado los avances para el sector, gracias a su tenacidad y movilización en las calles. Pero en el camino también se han dado pasos, por ejemplo, en el terreno jurídico. Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, emitida en febrero de este año, califica la normativa española en materia de Seguridad Social como discriminatoria al excluir a las trabajadoras del hogar de recibir la prestación por desempleo. El dictamen que llegó de suelo europeo pone negro sobre blanco al afirmar que existe una discriminación indirecta por razón de género en el acceso a las prestaciones.

Estrechamente ligado al nuevo decreto y a la sentencia europea está un movimiento clave: la ratificación del Convenio 189 de la OIT, un acuerdo internacional impulsado en 2011 al que ya nos hemos referido en otras entradas y firmado ya por treinta y cinco países para regular el empleo doméstico. El objetivo con el que nació es sencillo: equiparar el trabajo del hogar al resto de empleos a nivel de derechos. El Gobierno ya ha iniciado los trámites su ratificación y el nuevo decreto que se aprueba este martes es de hecho consecuencia directa de ese compromiso.

Claro que aún quedan peldaños por subir. Las páginas del decreto aprobado por el Gobierno concentran los derechos más básicos para las trabajadoras, pero son solo el motor hacia otras reivindicaciones históricas. En su agenda, dos mandatos: la mejora de las condiciones de las trabajadoras internas y la transición definitiva hacia el Régimen General. En el mundo, según datos de 2020, un total de ciento dos países cuentan con algún tipo de cobertura legal para el trabajo doméstico de al menos una prestación de la Seguridad Social. Sin embargo, solo el 6% de las empleadas a nivel global tiene una protección social completa. Se estima que son 75,6 millones las personas que se dedican en todo el mundo al trabajo doméstico, el 76,2 % de ellas, mujeres.

Un logro importante, sí. Pero la lucha continúa.

La justicia, cada vez más intrincada

 “Me opongo a que esta institución se declare en rebeldía con la Constitución y con la Ley”, ha manifestado el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes. ¿Jueces en rebeldía? Y claro, de inmediato se piensa en palabras mayores si el responsable del gobierno de los jueces fija esa posición en plena crisis de la justicia que trae causa del bloqueo creado por el PP y el PSOE en la renovación del Consejo que, por cierto, lleva ya casi cuatro años en funciones. Vivir para ver.

 El pasado mes de julio, el PSOE modificó la ley que impedía que el CGPJ pudiera hacer nombramientos mientras se encuentre en funciones. Con la última reforma, se le concedió potestad para nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional, tal y como establece la ley. Sin embargo, los socialistas dieron una vuelta de tuerca y fijaron un plazo para hacerlo que se cumple el próximo lunes 12 de septiembre.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha sido este lunes muy categórico ante la crisis que se está viviendo en la justicia a raíz del bloqueo creado por el PP y PSOE en la renovación del órgano de gobierno de los jueces, que lleva ya casi cuatro años en funciones. Lesmes ha defendido su papel institucional y ha lanzado una advertencia: el CGPJ tiene que cumplir con la ley y con la Constitución y esto supone lograr un acuerdo para nombrar a dos magistrados del Tribunal Constitucional, en contra del ala más conservadora.  

 Desde la judicatura se vio aquello poco menos que como una afrenta y por un “espurio” interés del Gobierno para agilizar el nombramiento de esos magistrados del TC para que a su vez pueda el Ejecutivo nombrar a los dos suyos que tiene pendientes y así lograr que el TC cambie de sensibilidad y logre en el pleno una mayoría progresista.

La crisis, por tanto, está servida. Es un juego de tronos en el que cualquier movimiento es estudiado minuciosamente. Las repercusiones pueden ser decisivas en la resolución de la crisis. Nadie quiere despistarse, nadie quiere perder. Ahí está el propio Lesmes, tan en silencio durante los últimos tiempos, que se ha apresurado a precisar el curso de su estrategia a raíz de que el poco sospechoso periódico El Mundo publicara la información de que la opción de Lesmes para ser nombrado magistrado del TC iba a depender de si lograba un consenso entre los vocales del CGPJ para designar a los dos magistrados que corresponde al órgano de los jueces.

El presidente Lesmes ha desmentido tajantemente esta información y ha señalado como origen de ésta a quienes pretenden que se bloqueen los nombramientos en el Consejo -unos nombramientos que beneficiarían, teóricamente, al Gobierno- porque entonces podría nombrar a los dos suyos. “Pretenden mediatizarme y hacer creer que me muevo por intereses personales, y lo hacen para que me tambalee”, destacó el titular del CGPJ, quien, de todos modos, ha señalado que como jueces están obligados a cumplir con la Ley, aunque ésta no les guste.

“Me parecería indecente que me prevaliera de mi cargo para obtener una ventaja y así se lo he hecho llegar a todos los que me han preguntado. Por eso quien lo dice miente deliberadamente. En las actuales circunstancias no tengo ninguna intención de ir al TC”, ha zanjado el presidente del Consejo.

Total, que no se despeja el panorama. Y las palabras del propio presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo no pueden ser más reveladoras: “La situación es absolutamente lamentable. Las circunstancias del Tribunal Supremo son desoladoras. Dentro de no mucho habrá salas que no podrán constituir con regularidad sus secciones. La situación de la justicia española es desoladora y tiene que ver con la renovación”, subrayó en unas declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación tras la toma de posesión en el alto tribunal de Álvaro García como fiscal general del Estado.

Remató Lesmes diciendo que no alberga ninguna esperanza de que la situación revierta. Ya es significativo. La justicia, desde luego, está muy intrincada.

REPORTEROS SIN FRONTERAS: ESPAÑA RETROCEDE

 

El informe anual de Reporteros sin  Fronteras (RSF) sobre libertad de prensa destaca el retroceso de España en esta materia: se sitúa en el puesto 32, por encima de Bután y por debajo de Austria, si bien la propia organización precisa que se ha modificado la metodología de trabajo, por lo que hay que restar peso a estos cambios en este primer año. La clasificación está encabezada por Noruega, Dinamarca, Suecia, Estonia, Finlandia, Irlanda y Portugal.

Es importante saber que RSF es una organización no gubernamental internacional de origen francés con sede permanente en París. Su objetivo, según declara en su presentación, es defender la libertad de prensa en el mundo y, en concreto, a los periodistas perseguidos por su actividad profesional.

Una de las revelaciones más importantes del informe de RSF es que en España los medios de comunicación son cada vez más opinativos y menos informativos. La explicación es que los problemas económicos que atraviesa la industria influyen en tal circunstancia, una de las más recurrentes en el debate sobre cualquier análisis de los medios de comunicación. 

“España es un claro ejemplo de la tendencia a las fracturas sociales que denuncia a nivel global RSF en su clasificación, azuzadas por medios excesivamente influenciados o tendenciosos y olvidadizos con su misión de informar lejos de posicionamientos políticos”, se dice en el informe.

En otro apartado del mismo, se destaca la proliferación en nuestro país de los llamados Slapp (Strategic Lawsuits Against Public Participation), es decir, acciones judiciales abusivas interpuestas contra los periodistas con fines a menudo intimidatorios y por presunta revelación de secretos o delitos contra el honor, como en el caso de ElDiario.es (Caso Master, Cristina Cifuentes), infolibre.es (denunciado por el ex secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea y Fernando López Miras, presidente de la Comunidad de Murcia) o elconfidencial.com (demanda millonaria de Iberdrola), recuerda la ONG. Recientemente, la Unión Europea (UE) ha empezado a promover una ley ‘antislapp’ para frenar la intimidación a periodistas mediante demandas infundadas.

Del mismo modo, continúa el informe, «es reseñable que los periodistas que denuncian a agentes de la policía o son ellos denunciados por éstos, en el marco de manifestaciones, se enfrentan a procesos judiciales en los que la versión policial prevalece casi por sistema (caso de Albert García (El País)  absuelto; y caso en curso de los periodistas de El Salto, Público y otros medios imputados por falso testimonio tras denunciar agresiones de agentes)».

La justicia española, sostiene RSF, «suele ser garante con la libertad de prensa y hacerla prevalecer en casi todos los casos, de acuerdo a la doctrina del Tribunal Constitucional, pero el fin de las acciones judiciales abusivas o ‘slapp’ no es tanto lograr una condena contra la prensa –difícil en democracias consolidadas- como “enredar” a los periodistas en procesos largos, farragosos y sobre todo, costosos».

 

UNA PETICIÓN SINDICALISTA

 

Los excelentes datos de Frontur  (un proyecto cofinanciado por la Unión Europea que cuenta con una ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)), el cual registra una estadística mensual del número de visitantes no residentes en España que llegan a nuestro país (turistas y excursionistas); y Egatur (la encuesta del gasto turístico elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) referidos al mes de julio pasado, según los cuales España ya se acerca a los niveles preCOVID, con 9,8 millones de viajeros y un gasto de 11.870 millones de euros (cuando sean contabilizadas las cifras de agosto, se comprobará, seguramente, que tales niveles ya han sido superados), han llevado a que las centrales sindicales empiecen a urgir el aumento de sueldos basándose en ese tirón del turismo.

 Los sindicatos anticipan un otoño caliente para lograr una subida salarial que compense una inflación desbocada. Un aumento de los sueldos que ya reclaman en las secciones de hostelería del país ante los buenos datos del turismo dn el presente ejercicio. "El empresariado turístico ha de ser generoso y repartir la riqueza que se está generando", reclaman desde UGT, que recuerda los "magníficos beneficios" que se están logrando esta temporada.

De este modo, a la tormenta económica que se cierne tras el verano, con amenazas como la espitral inflacionista, la subida de tipos y la crisis energética, se suman las movilizaciones anunciadas para lograr un alza de los salarios. Se trata de unas reivindicaciones que llegan al sector de la hostelería, como decimos, al calor de los buenos datos del turismo este verano.

El anticipo de la situación consiste en una conflictividad laboral que todavía vemos en nuestros días con las huelgas convocadas por los trabajadores en distintas aerolíneas en las que exigen la restitución de las condiciones laborales y salarios que tenían antes de la pandemia, una vez que las aerolíneas han recuperado o, incluso, superado los niveles operativos de 2019.

No obstante, desde el sector turístico ya han advertido de que un incremento de demanda sigue sin traducirse en una mejora de los márgenes de rentabilidad, dado que el alza de precios también les pasa factura.

"Las pérdidas de la pandemia y los costes operativos derivados del alza inflacionista son muy superiores y no se ha repercutido porcentualmente los precios hoteleros”, lamentaba semanas pasadas la presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM).

El caso es que los sindicatos van fijando su posición: piden repartir los beneficios del turismo. Así, la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT ya ha reclamado a las patronales de hostelería de Baleares una "fuerte subida salarial para repartir con el personal del sector los magníficos beneficios que se están logrando esta temporada de récord absoluto".

En una coyuntura de incertidumbre económica, las turbulencias laborales parecen aseguradas. El secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, anunciaba esta semana "un otoño de movilizaciones generales en el país" si la CEOE "no facilita mantener el poder adquisitivo" y ha advertido de que, si la patronal no vuelve a la mesa de concertación, "el conflicto está servido". Según Álvarez, los beneficios de las empresas están siendo "altísimos", por lo que, "si no se reparten con los trabajadores, no irán al bien común del país sino al bolsillo de unos pocos que no necesitan más dinero".

 

 

INYECCIÓN PARA LA DEPURADORA

 

A cuestas con la Estación depuradora de aguas residuales (EDAR) del Puerto de la Cruz, mejor dicho, del Valle de la Orotava, una infraestructura fundamental para mejorar la calidad medioambiental, ejecutada en los años noventa del pasado siglo y que claramente resulta insuficiente para la la recogida y posterior depuración de todas las aguas residuales de la comarca, como hemos precisado.

Sabido es que este tipo de informaciones no suele interesar mucho pero  es de gran importancia. Ahora, la EDAR vuelve a ser noticia que, sobre el papel, es un notorio avance para su funcionamiento a plenitud. El Gobierno de España, en efecto, ha autorizado una nueva modificación del Convenio de Gestión Directa de la sociedad mercantil estatal ACUAES, que incluye la incorporación de nuevas actuaciones en todo el territorio nacional y entre las que se encuentran las obras que la citada sociedad está desarrollando en el Valle de la Orotava. Este nuevo convenio incluye las obras de ampliación y remodelación de la depuradora comarcal en las que se invertirán 25 millones de euros.

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha indicado que esta modificación  del convenio permite la ampliación de las obras en la EDAR de Puerto de la Cruz, que forman parte de un paquete de «inversiones que supondrá una mejora indudable en el tratamiento de aguas en la isla, que situarán a Tenerife en unos niveles de depuración de aguas residuales no menos del 90% y dar un salto cualitativo y cuantitativo importante para evitar las sanciones que está recibiendo el Gobierno de España, precisamente, en el caso de Tenerife, por el tratamiento no adecuado de las aguas residuales».

Por otro lado, el Consejo Insular de Aguas de Tenerife está redactando el proyecto de la remodelación y ampliación de la depuradora comarcal del Valle de La Orotava desde el 1 de abril. «Solamente la redacción de este proyecto tiene un coste superior a los ciento ochenta y ocho mil euros y se prevé que esté finalizado en octubre de este año. Será el documento de base que servirá para firmar el correspondiente convenio del Cabildo y el Consejo Insular de Aguas con ACUAES para proceder a la ejecución de la remodelación y ampliación de la depuradora del valle de La Orotava siguiendo la misma experiencia que en otras zonas como Granadilla, Arona, San Miguel, Guía de Isora, Santiago del Teide, La Matanza, La Victoria y Santa Úrsula donde ya se están ejecutando obras tanto de saneamiento como de depuración en la mayoría de estos municipios», explicó el presidente del Cabildo tinerfeño.

En este sentido, desde el 2 de marzo se están ejecutando obras en colectores principales especialmente en La Orotava y en Los Realejos que son las zonas más deficitarias en red de saneamiento, por importe de nueve millones seetecientos veintiún mil euros. Estas actuaciones fueron adjudicadas a la Unión Temporal de Empresas (UTE) construcciones Daltre-Martín Casillas y está previsto que finalicen antes de diciembre de 2023.

El alcalde del Puerto de la Cruz, Marco González, ha valorado el trabajo que se viene realizando desde las distintas administraciones para que esta infraestructura tenga muy pronto tanto proyecto como financiación. «Agradecemos –dijo- que las administraciones insular y estatal hayan hecho suya esta necesidad prioritaria para todo el Valle y nuestra ciudad que es un paso vital para lograr afrontar los retos del saneamiento y de la reutilización de agua con todas las garantías».

La novedad de esta ampliación es que permitirá que todas esas aguas residuales puedan regenerarse para riego agrícola. El proyecto contempla la ampliación del tratamiento de las aguas de los actuales 6.700 m³/día a 10.000 m³/día en una primera fase dejando prevista una segunda fase de otros 10.000 m³/día.

«La estrategia estriba en construir en los terrenos adyacentes a la actual EDAR de Punta Brava unas nuevas instalaciones para que entren en funcionamiento a su terminación y seguidamente demoler la planta existente para construir sobre ella otra nueva instalación que completará los 20.000 m³ al día. Esta planta contemplará los más modernos sistemas de desodorización aunque todo el proceso de la planta estará encapsulado tal y como se ha hecho en la EDAR del valle de Güímar y se está haciendo en la EDAR Santa Cruz», ha indicado el consejero insular de Desarrollo sostenible y Lucha Contra el Cambio Climático, Javier Rodríguez Medina.

«El gran beneficio es que todo el agua depurada se podrá colocar en el mercado agrícola y permitiendo lograr un vertido cero en la costa tal y como está también previsto en las siete depuradoras que actualmente se están ejecutando la isla», explicó el consejero.

En el plan hidrológico de Tenerife, actualmente en fase de aprobación,  está previsto que estas aguas puedan distribuirse desde la zona de El Rincón hasta la isla baja.

Recordemos que el modelo de saneamiento del Valle de La Orotava se compone de un conjunto de infraestructuras que conforma el Sistema Territorial de Saneamiento homónimo, que permite que las aguas residuales de los municipios de Puerto de la Cruz, Los Realejos y La Orotava sean colectadas y transportadas hasta la EDAR del Valle de La Orotava, ubicada en el sector Punta Brava del Puerto de la Cruz, donde se realiza el tratamiento de depuración y regeneración del agua depurada par su reutilización en las zonas agrícolas desde La Orotava hasta Buenavista incluidos.

Este nuevo acuerdo complementa y amplia el plan de saneamiento y depuración que ACUAES está desarrollando en la isla en base al convenio suscrito con el Cabildo Insular de Tenerife y el Consejo Insular de Aguas de Tenerife, que prevé una inversión de ciento setenta millones de euros, cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER 2014-2020, dentro del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE). ACUAES anticipa la financiación de las obras en su totalidad, siendo recuperado el 50 por ciento del Cabildo en un plazo de veinticinco años, a contar desde que lleguen a su término los trabajos, y asume, igualmente, la contratación y ejecución de las obras, además de la dirección y gestión hasta completar su finalización mientras la operación y mantenimiento de las instalaciones serán a cargo del Consejo Insular de Aguas de Tenerife.

Lo dicho, una decisión que es todo un avance. Lo importante es que los responsables de las administraciones públicas implicadas lo impulsen y hagan el seguimiento correspondiente para el cumplimiento de plazos y para que el funcionamiento sea contrastado cuanto antes. Están en juego la protección del medio ambiente, la mejora de la productividad agrícola y la supresión de la contaminación del medio marítimo. Sustantivos objetivos que no son para tratarlos con ligereza.

 

Migrantes siguen llegando

 Las llegadas a Canarias de los migrantes irregulares durante los ocho primeros meses del año aumentaron un 14,9 por ciento (más de diez mil seiscientas personas), según dio a conocer ayer el ministerio del Interior. El problema, por tanto, persiste: la ribera atlántica de Marruecos –dando por hecho que la inmensa mayoría inicia ahí la denominada ruta canaria- tiene la longitud suficiente como para que la labor de vigilancia esté bastante lejos de resultar eficaz. Y se comprueba de nuevo que ni las relaciones de buena vecindad ni los posibles acuerdos que puedan alcanzar las partes al máximo nivel sirven para mitigar el fenómeno. Como la Unión Europea prosigue --salvo excepciones muy contadas, como veremos más adelante--  en su postura de compóntelas como puedas, o lo que es igual, que cada palo (país) aguante su vela migratoria, la carencia de una política preestablecida, orientada, sobre todo, a proteger a quienes están a merced de los inescrupulosos organizados en sólidas o frágiles estructuras mafiosas que trafican con seres humanos (incluidas las mujeres embarazadas), seguirá siendo un factor favorecedor del fenómeno. No queda, por tanto, otra vía que la de cooperación al desarrollo, también muy limitada por razones presupuestarias o porque el tráfago de las ayudas, pese al sello de oficialidad jurídico-administrativa, se complica y termina evaporándose en los más impensados vericuetos de los destinos.

Recordemos que a mediados de agosto pasado, se anunció, tras una reunión en Rabat, con asistencia de la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, y los dos ministros de la misma competencia de Marruecos y España, Abdelouafi Laftir y Fernando Grande-Marlaska, respectivamente, que la Unión Europea (UE) fijaría en quinientos millones de euros la ayuda que, procedente de los fondos europeos, destinará a políticas migratorias. Para la UE, Marruecos sigue siendo un socio “estratégico y comprometido” con el que el bloque europeo coopera desde hace varios años en materia migratoria. Una portavoz comunitaria aclaró que estos nuevos fondos se enmarcan en la asociación operativa contra el tráfico de personas para hacer frente a la trata de personas, que comprenderá medidas de “apoyo a la gestión de fronteras, cooperación policial reforzada, incluidas investigaciones conjuntas, sensibilización sobre los peligros de la migración irregular y cooperación reforzada con las agencias de la UE que trabajan en el ámbito de los asuntos de interior”.

Grande-Marlaska continúa creyendo aún en “una emigración ordenada y justa desde los países de África”.  Marruecos, después de Libia, es el país que más se beneficia de estas ayudas específicas. La experiencia sugiere que los cambios sustanciales son poco probables.

El caso es que hasta el miércoles pasado llegaron a España diecinueve mil siete personas,  es decir, un 10,2 ciento menos que en los ocho primeros meses del pasado año. Pero el registro en Canarias, insistimos, subió un 14, 9 por ciento. Así, de  nueve mil doscientos cincuenta y cinco que alcanzaron las costas insulares  en el mismo período de 2021, se ha pasado a diez mil seiscientos treinta y siete a bordo de doscientas treinta y cinco embarcaciones, ocho menos que en el período ya citado. Viendo las cifras, por cierto, se aprecia un notable descenso en las llegadas a Península y Baleares, o sea, tres mil cuatrocientos migrantes menos que en 2021. La ruta canaria sigue siendo preferida.

 

Oswaldo y su huella

 

Este agosto descompensado y desigual nos arrebata también la vida de Oswaldo Brito, historiador, profesor de la Universidad de La Laguna, sindicalista, diputado al Parlamento de Canarias y concejal-delegado de Patrimonio del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. Fue también un destacado activista en la causa de conflictos laborales como los del tabaco, transportes y puertos desarrollados en a finales de los años setenta y durante la década de los ochenta del pasado siglo.

Ahí fue donde le conocimos y tratamos, en los primeros intentos de irnos desligando de la información deportiva que nos ocupaba entonces en Radio Popular de Tenerife y Diario de Avisos. Oswaldo –también con raíces portuenses: su padre, Narciso, maestro nacional, da nombre a un colegio de educación infantil y primaria en La Cuesta (La Laguna)- suministraba noticias de las actividades sindicales de aquella época.

Luego, llegó la política, ya él abiertamente decantado por el nacionalismo progresista. Coincidimos en algunos congresos, en el Puerto de la Cruz, donde contrastamos su vehemencia a la hora de defender ideas y avances, convencido como estaba de que había un espacio para lo que preconizaba, plasmado en en organizaciones como la Confederación Autónoma Nacionalista Canaria (CANC), Asamblea Nacionalista Canaria (ANC) e Iniciativa Canaria (ICAN).

Autor de la ‘Historia del movimiento Obrero Canario’ y de otras obras de temática social e histórica, su paso por el Parlamento de Canarias es muy recordado por su trabajo perseverante, por su dialéctica rigurosa y brillante y por sus análisis de los retos históricos que aguardaban a Canarias para el encaje de sus características en las estructuras del Estado y de las entonces Comunidades Europeas (CE).En el Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias (IEHC)recuperó la denominada Tertulia de los Iriarte, de la que quedaron uno o dos testimonios escritos.

Juntos seguimos en el Parlamento el debate de investidura de Fernando Fernández y algunos años después, ya en la séptima Legislatura, nos invitó a seguir el curso de las jornadas “Parlamento y Sociedad: Ideas para el futuro”, que promovió desde la consultora privada que había formalizado para cuando abandonó la política activa.

De aquel ciclo, surgió una publicación interesantísima en la que el propio Oswaldo habla de un “inaplazable cambio cultural y social”. Dijo el historiador entonces que había que “repensar si  nuestros hábitos de vida y conducta son realmente sostenibles y, además, si la realidad en que nos hallábamos inmersos antes de 2008 será a la que nos deberemos enfrentar una vez se salga, no sin elevados costes personales y sociales, de la actual situación”.

Han pasado unos cuantos años de aquel vaticinio. Canarias sigue con horizontes parecidos. Solo que ya no está Oswaldo.