El informe anual de Reporteros
sin Fronteras (RSF) sobre libertad de
prensa destaca el retroceso de España en esta materia: se sitúa en el puesto
32, por encima de Bután y por debajo de Austria, si bien la propia organización
precisa que se ha modificado la metodología de trabajo, por lo que hay que
restar peso a estos cambios en este primer año. La clasificación está
encabezada por Noruega, Dinamarca, Suecia, Estonia, Finlandia, Irlanda y
Portugal.
Es importante saber que RSF es una
organización no gubernamental internacional de origen francés con sede
permanente en París. Su objetivo, según declara en su presentación, es defender
la libertad de prensa en el mundo y, en concreto, a los periodistas perseguidos
por su actividad profesional.
Una de las revelaciones más importantes del
informe de RSF es que en España los medios de comunicación son cada vez más
opinativos y menos informativos. La explicación es que los problemas económicos
que atraviesa la industria influyen en tal circunstancia, una de las más
recurrentes en el debate sobre cualquier análisis de los medios de
comunicación.
“España es un claro
ejemplo de la tendencia a las fracturas sociales que denuncia a nivel global
RSF en su clasificación, azuzadas por medios excesivamente influenciados o
tendenciosos y olvidadizos con su misión de informar lejos de posicionamientos
políticos”, se dice en el informe.
En otro apartado del
mismo, se destaca la proliferación en nuestro país de los llamados Slapp (Strategic Lawsuits Against Public
Participation), es decir, acciones judiciales abusivas interpuestas contra los
periodistas con fines a menudo intimidatorios y por presunta revelación de
secretos o delitos contra el honor, como en el caso de ElDiario.es (Caso
Master, Cristina Cifuentes), infolibre.es (denunciado por el ex
secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea y Fernando López
Miras, presidente de la Comunidad de Murcia) o elconfidencial.com (demanda
millonaria de Iberdrola), recuerda la ONG. Recientemente, la Unión Europea (UE)
ha empezado a promover una ley ‘antislapp’ para frenar la intimidación a
periodistas mediante demandas infundadas.
Del mismo modo, continúa
el informe, «es
reseñable que los periodistas que denuncian a agentes de la policía o son ellos
denunciados por éstos, en el marco de manifestaciones, se enfrentan a procesos
judiciales en los que la versión policial prevalece casi por sistema (caso
de Albert García (El País) absuelto; y
caso en curso de los periodistas de El Salto, Público
y otros medios imputados por falso testimonio tras denunciar
agresiones de agentes)».
La justicia española,
sostiene RSF, «suele ser garante con la libertad de prensa y hacerla prevalecer
en casi todos los casos, de acuerdo a la doctrina del Tribunal Constitucional, pero el fin de las acciones
judiciales abusivas o ‘slapp’ no es tanto lograr una condena contra la
prensa –difícil en democracias consolidadas- como “enredar” a los periodistas
en procesos largos, farragosos y sobre todo, costosos».
No hay comentarios:
Publicar un comentario