SINDICATOS O APÉNDICES

Discutible, muy discutible el apoyo y la participación de las centrales sindicales Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC.OO.) en la manifestación llevada a cabo en Barcelona en defensa de los líderes independentistas que están en prisión. Hasta el eterno debate del número de manifestantes ha quedado en segundo plano o importó menos: aquí lo que se discute es si el explícito respaldo de los sindicatos, en medio de las singulares circunstancias sociopolíticas que caracterizan desde hace meses la convivencia catalana -decimos bien: convivencia aún- debió de materializarse así.

Por varias razones. La primera de todas es si la convocatoria responde al sentimiento y al pluralismo de la sociedad catalana. La segunda, en buena lógica, es si las mencionadas organizaciones se identifican ahora con el nacionalismo que todo lo quiere y con la propia aspiración independentista. La tercera, como puede deducirse, es hasta dónde esa presencia activa y esa protesta por los políticos presos pone en solfa y cuestiona las decisiones de los tribunales de justicia.

Cierto que la letra y el espíritu de las centrales sindicales y de lo que representan han cambiado sustancialmente a lo largo de las últimas décadas. Nada que ver con el modelo de lucha, con la acción y la estrategia sindical que conocemos. Baste remitirse a las convocatorias del 1º de mayo de años pasados para contrastarlo.

Menos se entiende cuando los dirigentes sindicales han procurado su plena autonomía, no ser lo que se decía correa de transmisión de partidos a los que estuvieron históricamente vinculados. Su dimensión internacionalista -algo deben conservar aún- otorgaba todavía una mayor capacidad de desmarque en las causas políticas. Es cierto que las peculiaridades de la pretensión soberanista catalana, fruto de una dilatada labor de penetración en segmentos sociales y de captación de profesionales y cuadros, principalmente en el ámbito funcionarial, han incentivado la identificación con las demandas, sobre todo desde el punto de vista de las emociones y de soluciones ideales o idealistas. Pero la realidad, a pie de obra o de centro de trabajo, es bien distinta: es probable que los dirigentes sindicalistas no hayan reparado en que hay catalanes que quieren la independencia y otros no. Y no perciban el malestar y hasta las deserciones de quienes prefieren mantenerse neutrales o, simplemente, respetar las decisiones del poder judicial. Es probable que muchos que acudieron a la manifestación del pasado domingo hayan estado también en otras convocatorias de fechas anteriores en las que se se reivindicaba la unidad de España o la convivencia sin rupturas.

En todo caso, la fractura social es evidente. Y los sindicatos no deben olvidar el gran telón de fondo que obscurece el escenario: si en los últimos tiempos han venido denunciando -también en Catalunya- los abusos y hasta los saqueos del poder político, ahora deberían medir los riesgos que significa convertirse en apéndices del mismo. No se pide que se mantengan indolentes en procesos como el catalán, cada vez más incierto, pero que midan bien los pasos que dan al involucrarse, desde luego.

PLANES TURÍSTICOS ALEMANES

Vienen más alemanes. Ya se divisa la temporada veraniega y las informaciones coinciden: los turoperadores de aquel país siguen depositando su confianza en España y los destinos canarios. TUI, por ejemplo, valora la tendencia a optar por el producto exclusivo y escogido. La misma firma y la aerolínea Jet2 reforzarán con sesenta mil plazas aéreas la conectividad hacia Tenerife desde Alemania y Reino Unido. La compañía Thomas Cook Alemania invierte en sensibles mejoras para hoteles en Gran Canaria y Fuerteventura. La programación de cruceros desde el país germano incluye más y nuevas escalas en puertos espaoles.

En principio, buenas señales, acaso mejores que las noticias derivadas de la recuperación de destinos mediterráneos deban a entender. El mercado alemán, de siempre muy apreciado en las islas, destaca por su estabilidad y su fidelidad, cualidades que resultan primordiales en el negocio turístico.

Pero hay que estar atentos a esas tendencias sustanciadas por los propios turoperadores: España seguirá siendo una gran apuesta y los resultados serán excelentes pero ello significa que el modelo de negocio procurará mayores márgenes, por lo que el volumen importará menos si se termina imponiendo la oferta de un producto propio y exclusivo.

Esta es la clave, según reconocen los responsables de TUI. Satisfechos con las demandas del invierno pasado, ahora confían en que las expectativas veraniegas también sean satisfechas, de ahí que hayan enriquecido la variedad de opciones para sus clientes.

En efecto, la firma ha aumentado en la pasada estación un 15 % su oferta hotelera en Canarias, especialmente en el segmento de tres y cinco estrellas. En Tenerife, incorporó cuatro establecimientos de Iberostar Hotels & Resorts para complementar la oferta habilitada para familias y parejas. En Fuerteventura, además de la plena disponibilidad de todos los establecimientos de cinco estrellas, se añade el Occidental Jandía Mar, de cuatro. En Gran Canaria, ha incrementado la oferta de tres estrellas, en tanto que dos de los agentes de la firma han revelado que han hecho el mismo número de reservas que el verano de 2017, cuando la isla batió el récord de turistas alemanes, más de cuatrocientos cuarenta mil visitantes. Otra prueba de la expansión es que la división hotelera de FT1 Touristik, Labranda Hotels and Resorts, entrena su nueva marca, orientada a la tendencia de combinar el viaje de negocio y el tiempo libre para alargar la estancia, en el hotel Bex de la capital grancanaria.

En definitiva, los alemanes siguen confiando en nuestros destinos turísticos y no dudan en innovar cuando saben que los productos específicos y exclusivos no son fruto de la improvisación. El director de Rentabilidad y Productos de Thomas Cook, Sascha Büsseler, lo confirmó recientemente en Berlín al señalar que “pese a la recuperación de destinos competidores como Turquía o Grecia, el nivel de España está siendo equiparable al de 2017”. Lo que hace falta ahora es corresponder a sus exigencias.

DESCONFIANZA MEDIÁTICA

Por primera vez en la historia del Índice de Confianza Social que elabora el ESADE, una institución académica universitaria sin ánimo de lucro que, desde 1995, forma parte de la Universidad 'Ramón Llul', los medios de comunicación han bajado de los cien puntos. Mala noticia, que abunda en la pérdida de credibilidad, factor en la centralidad de cualquier debate donde se trate la cuestión. Los males del periodismo y de la comunicación laten en las percepciones sociales y cuando es posible contrastarlos en trabajos científicos de investigación es lógico que suba el termómetro de los profesionales, de las empresas y de los consumidores de información.

Porque la confianza social, según la definición de la propia ESADE, contribuye a la estabilidad institucional, al progreso económico y al desarrollo humano de los países. Precisa que su medición permite tomar el pulso a la sociedad e identificar sus percepciones hasta el punto de que los indicadores favorecen el conocimiento de cuáles son las sensaciones de bienestar y seguridad.

En la última entrega del Índice, los medios de comunicación vuelven a perder peso en lo que se llama ranquin de confianza, hasta el punto de perder la segunda posición, tras un desplome de más de diez puntos. Eso significa que la educación les adelanta y la vivienda de sitúa inmediamente detrás.

Con la metodología seguida, los resultados permiten medir en una escala de cero a doscientos puntos, situándose en cero el concepto de desconfianza; en cien, la situación de equilibrio y en doscientos, la confianza. La primera registra 98,9 puntos, en tanto que el presente se queda en 91,8 y las expectativas, en 106,1. Para que nos hagamos una idea de la progresiva pérdida de confianza solo hay que que comparar los resultados de las entregas del Índice: en marzo de 2017, el valor general de la confianza en los medios de comunicación era de 108,6/200; y en septiembre del año pasado, solo seis meses después, ya había descendido hasta los 98,9/200. Lo verdaderamente preocupante es el indicador de la confianza actual que se sitúa en los 91,8/200 puntos, una caída de 10 puntos. Y en cuanto a las expectativas, un descenso de 9,3 puntos es sinónimo de no muy claros horizontes, aunque la diferencia entre una y otras (presente y futuras) sea de 14,3 puntos, medio punto más que en la medición anterior.

En el desglose de los datos, llama la atención que las mujeres confíen más que los hombres. Y que los más jóvenes y los jubilados sean los segmentos que más confían en los medios de comunicación, con 108,3/200 y 105,5/200 puntos de valor general. En el plano ideológico, se repite un fenómeno característico de este estudio específico desde que comenzó a ser elaborado: entre el nivel de confianza de una izquierda más crítica o desconfiada (82,0/200 puntos) y una derecha sistemáticamente más optimista (112,1/200 puntos) se abre una brecha importante que llega a ser de 30 puntos. Finalmente, en lo concerniente al nivel de estudios, otros registros llamativos: el segmento con estudios elementales registra la confianza más alta (133,3/200 puntos) y unas expectativas aún más elevadas (144,8/200 puntos). A medida que el nivel de estudios va aumentando, la confianza tiende a disminuir, hasta llegar a los 80,3/200 puntos del segmento con estudios superiores.

En definitiva, que debemos hacernóslo mirar. En pleno proceso de avances tecnológicos y de cambios en el modelo de negocio, cuando predominan vicios, sesgos y hasta deformaciones y algunos medios tratan de subsistir olvidándose de preceptos elementales del periodismo, mantener la confianza -en este caso, ganar- de los consumidores de información se convierte en un objetivo inaplazable.

Y LOS PROBLEMAS, SIN ARREGLARSE

Se nota, se siente, elecciones en el frente…

La proximidad de nuevos comicios es algo más que una explicación recurrente para justificar algunos comportamientos o algunas situaciones que transitan desde los nervios de los protagonistas a las tensiones y las fracturas que se registran en el universo político más inmediato. Solo no dejar un hueco al adversario, quebrar las formas de la cortesía elemental o, simplemente, ausentarse de una convocatoria, revelan la tirantez y las maniobras electoreras con tal de obtener supuestos réditos y/o causar perjuicios a quienes se mueven en las mismas coordenadas.

Acaba de ocurrir con los alcaldes del norte de Tenerife del Partido Popular y del PSOE que se han negado a participar en una convocatoria del Consejo Insular de Administración Territorial (CIAT), tutelado por el Cabildo Insular de Tenerife, donde, supuestamente, se iba a tratar del estado de las carreteras y de las dotaciones sanitarias en esa franja de la isla, en muchos de cuyos habitantes anida -porque algunos responsables lo han querido y no han sabido atajar- un sentimiento (que tiene algo de complejo) de victimismo o de perjuicio perpetuo por un desequilibrio inversor o por un tratamiento sociopolítico poco favorable y algo sesgado.

El clima de opinión -se nota, se siente…- empieza a ser poco propicio para la formación política que desde 1987 acapara la gobernación insular, con mayoría o con alianzas políticas a derecha e izquierda, y por eso se han desatado las prisas para invertir la tendencia, si es necesario hasta socializando las pérdidas. Debieron interpretarlo así los munícipes que dicen no querer ser copartícipes de “shows” mediáticos, según su propia definición, ni alimentar falsas expectativas. Reclaman planes, proyectos, medidas y soluciones después de tantos años de padecimiento de un problema insufrible. Pero no están o no aparecen. La situación se ha vuelto insostenible.

Pensar que el asunto de las carreteras costó, entre otros motivos e intereses, una alianza política sobre la que las mismas partes decían que era la mejor para Canarias, y comprobar que la ruptura de entonces no ha conllevado las soluciones que se demandaban, ya tiene perspectiva como para ir calibrando las dimensiones del error. Ahora se agota el tiempo, los problemas de los atascos y de las prestaciones sanitarias siguen en iguales o parecidos niveles y el descontento de la población se agrava.

Mientras tanto, las relaciones entre representantes institucionales se complican. Recelan unos de otros. Y se refleja, con declaraciones de distinto tenor, en los medios de comunicación. ¿Qué dirán los sufridores y los pacientes, en fin, los administrados en general? Ven que los problemas se alargan y las alternativas no llegan. Por las razones que sea, incluida también, dirán, las discrepancias entre los políticos que ya no dicen nada ni a los periodistas que se esfuerzan por el titular más llamativo. ¿Dónde habrá ido a parar la cooperación interadministrativa?

Se nota, se siente, elecciones en el frente… Temporada de reproches. No es que sean nuevos ni causen sorpresa. Pero tantas diatribas, con puntos de vista respetables, aumentan el desasosiego ciudadano. Malo que problemas de envergadura, infraestructurales o enquistados en el tejido de la gestión política se vean acentuados con falta de entendimiento y concordia. Ya no es la divergencia, que es legítima y hasta comprensible, sino el desencuentro, el disenso en su último extremo. 
Pero, mañana sigue la cola, ¿verdad? Y no hay camas o recursos para atender la demanda o las intervenciones continúan demorándose. Esto es lo que la ciudadanía reprueba. Al menos, teóricamente. Todo lo demás, por cansino y repetido, porque es más de lo mismo y mucho tiempo en el mismo punto, cáscaras de lapas. Aunque se nota, se siente, hay elecciones en el frente.

PENSIONES, PREOCUPACIÓN LATENTE Y CRECIENTE

Las pensiones preocupan. Lo expresan los españoles en la última entrega del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), cuyo trabajo de campo fue llevado a cabo entre el 1 y el 13 de marzo pasados. Esa preocupación alcanza el nivel más alto de los últimos treinta años: se sitúa en el quinto puesto del listado de problemas, ascendiendo desde el noveno, después de que hasta un 15,5 % de los encuestados se manifestara en esos términos.

En sentido inverso está la inquietud de la ciudadanía por la independencia de Catalunya, que sigue descendiendo. Es el nivel más bajo desde el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre: un 8,6 % frente al 11,3 % del mes de marzo.

Ese estado de opinión se corresponde con los últimos acontecimientos: protestas masivas, clamorosas reivindicaciones de mejora, debates parlamentarios y mediáticos, mensajes tranquilizadores y escépticos a la vez hasta que la solución parece depender ya de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado -con un incremento del 2 % pactado para las mínimas y de viudedad entre el Partido Popular y Ciudadanos-, cuando no de la propia marcha de productividad económica del país.

Según los últimos datos publicados por el ministerio de Empleo y Seguridad Social, el gasto en pensiones durante el mes de marzo superó los ocho mil novecientos cuarenta y seis millones de euros, lo que significa un 3,02 % más que en el mismo período de 2017. La pensión media de jubilación se situó en mil setenta y nueve con dieciséis euros, un 1,94 % más que en marzo del año pasado. La pensión media del sistema que, además de la de jubilación, incluye las de viudedad, incapacidad permanente, orfandad y a favor de familiares, alcanzó los novecientos treinta y tres euros, con treinta y siete, un aumento del 1,85 % respecto a marzo del pasado año.

El caso es que los fantasmas de la posible insostenibilidad de las pensiones y de la insuficiencia futura, independientemente de los horizontes temporales, siguen vagando en amplio sectores de la sociedad. El catedrático de Economía de la Universidad del País Vasco, Felipe Serrano, ha afirmado que el sistema necesita más recursos financieros pero advierte que no es partidario de crear o aplicar un nuevo impuesto. Sugiere una solución que consistiría en desplazar a los Presupuestos Generales del Estado algunas prestaciones del sistema, como las de viudedad por ejemplo, modificando su naturaleza a prestación no contributiva. Según su criterio, ello elevaría transitoriamente “las necesidades de financiación del sector público, que debería financiar con un aumento de las aportaciones de los trabajadores mediante una subida de sus cotizaciones, inferiores a la media europea”.

Los fantasmas continúan vagando, de ahí que la preocupación se incremente y se justifique.

ESPAÑA, SUSPENSO EN DERECHOS HUMANOS Y LABORALES

Conviene que nos situemos antes de entrar en detalles, con dos preguntas. Primera: ¿Qué son los Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC)? Son los Derechos Humanos relativos a las condiciones sociales y económicas básicas necesarias para una vida en libertad y dignidad. Versan sobre cuestiones tan básicas como el trabajo, la seguridad social, la salud, la educación, la alimentación, el agua, la vivienda, un medio ambiente adecuado y la cultura. Están contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). En España está en vigor desde 1977. Luego: ¿Qué es la Plataforma DESC? Se trata de un espacio de la sociedad civil española (entidades sociales, organizaciones de Derechos Humanos, de cooperación al desarrollo, medio ambientales, de discapacidad, centrales sindicales...), que trabajan juntas para la elaboración del Informe Alternativo en el Sexto Examen periódico de España-PIDESC.

Sabido esto, se trata ahora de valorar las conclusiones del informe confeccionado por la Plataforma DESC, referido al grado de cumplimiento, protección y defensa de los citados derechos, en el cuatrienio 2012-16. El estudio ha sido apoyado por más de ciento cincuenta entidades. Su apartado laboral corrió a cargo de Comisiones Obreras (CC.OO.). Los resultados son bastante desalentadores: España, tras la evaluación por el comité correspondiente de Naciones Unidas (ONU), suspende en derechos humanos y laborales.

En lo concerniente al ámbito del trabajo, por ejemplo, el Comité DESC tiene en cuenta los estereotipos de género para contrastar las dificultades apreciadas en orden a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Eso le lleva a recomendar al Estado español que intensifique la implementación del Plan Estratégico sobre igualdad de género (2018-21). El mencionado sindicato, por cierto, considera que también se debió recomendar “la adopción de medidas coeducativas, la obligatoriedad de planes de igualdad en las empresas, más inspecciones laborales pàra afrontar situaciones de discriminación por razón de género así como medidas que favorezcan la conciliación”. Igualmente se alude a la lacra social de la violencia contra las mujeres y a la necesidad de dotar presupuestariamente el Pacto de Estado contra la violencia de género aprobado el año pasado.

La brecha salarial entre hombres y mujeres también es situada como una de las principales preocupaciones del Comité, una vez constatado que las mujeres deben enfrentar para acceder a oportunidades de carreras en iguales condiciones que los hombres. Ello sustancia otra recomendación: el Estado debe redoblar esfuerzos para combatir la segregación vertical y horizontal en el empleo, la efectiva aplicación del principio 'igual salario por trabajo de igual valor' y la obligación de una mayor transparencia en el régimen retributivo de las empresas.

Un concepto ya sabido aparece también entre los contenidos del informe: la precariedad laboral, especialmente en las consecuencias que comporta entre las mujeres. Añadida a la congelación de los salarios, salta a la vista que la incidencia en la población laboral femenina es preocupante.

Finalmente, después de expresar su inquietud por las que siguen siendo altas tasas de desempleo, la limitación del ejercicio del derecho a la negociación colectiva que introdujo la reforma laboral de 2012, así como la aplicación excesiva del artículo 315.3 del Código Penal que persigue penalmente a trabajadores que han participado en huelgas, son denunciadas por el Comité DESC respecto a los derechos sindicales. Sugiere este que el Estado garantice la efectividad de la Negociación Colectiva y del derecho de representación sindical y que se revise o derogue el referido precepto del Código Penal.

Total, que con estos condicionamientos, mucho tendrán que seguir trabajando y movilizándose los empleados y sus representaciones para superar esta mala nota que la ONU otorga a nuestro país, sobre todo pensando en la pretendida garantía de la viabilidad del sistema de pensiones.

COMBATIR LA DESINFORMACIÓN

La compañía norteamericana Google, un gigante de la comunicación de nuestro tiempo, propietaria del motor de búsqueda más usado en la red, ha anunciado que dedicará trescientos millones de dolores en los próximos tres años a ayudar a combatir la desinformación. Trata de evitar consumidores de información compulsivos 'tragalotodo' y fomentar ciudadanos críticos. ¿Cómo? Potenciando el conocimiento en todos los sentidos y un periodismo de calidad. Lo quiere hacer, sobre todo, en las plataformas digitales con la denominada Google News Initiative.

Lo decíamos hace pocas fechas, cuando nos identificábamos con el planteamiento del analista José A. Pérez Ledo, a propósito de su sugerencia de una asignatura sobre pensamiento crítico, concebida para que “el alumnado entienda la necesidad de dudar, de buscar fuentes, de confrontar versiones”. La aportación de Google puede ser de gran utilidad en medio de los incesantes avances tecnológicos y del influjo, no siempre positivo, de las redes sociales y de los propios medios de comunicación. Hay múltiples ejemplos con los que contrastar que los editores de la información impulsan (prácticamente en la impunidad y sin escrúpulos) la difusión de contenidos falsos y de baja calidad, incluso con el empleo de insultos y difamaciones.

Hay que situarse ante la gran paradoja que significa disponer, en la sociedad del conocimiento, de unos recursos tecnológicos para entender el mundo mejor; y comprobar que la utilización de los mismos de forma artera, sesgada y hasta viciosa, nos aleja de una información ante todo veraz, fiable, actualizada, genuinamente útil para una sociedad comprometida. El resultado es el desconcierto y la progresiva incredulidad. Es decir, una sociedad tendente a no mejorar de las patologías que la afectan. Un estudio de la universidad estadounidense de Columbia ha alertado, en ese sentido, de la creciente difusión en las redes de contenidos de baja calidad.

Las consecuencias estriban en un creciente número de ciudadanos que pueden ser considerados “víctimas difusas que se sienten perjudicadas en un mundo cada vez más complejo que no consiguen comprender”, según publica Cosme Ojeda en eldebate de hoy.com, donde pone como ejemplos a “clases medias que temen dejar de serlo y abrazan soluciones mágicas para problemas que les han desbordado. [Son] Esos ciudadanos que eligieron a Donald Trump, votaron a favor del 'brexit' o decidieron creer que con uneas fronteras en una Catalunya independiente estarían más protegidos de las sacudidas de este mundo cambiante”.

Por eso se recomienda el uso del buen periodismo de siempre con el fin de informarse mejor de los asuntos a los que se debe prestar mayor atención. Es en lo que Google quiere poner el acento: utilizar herramientas sólidas, rigurosas y duraderas para documentarse adecuadamente. Hay que evaluar la información que se transmite o se publica. Y, por supuesto, evitar la concentración de modo que las grandes plataformas digitales controlen qué ideas o planteamientos son los que hay que compartir. Simplemente hay que usar mejor las nuevas tecnologías. Hay que prepararse convenientemente para distinguir los sesgos y las manipulaciones. Si convenimos en que hay más información que nunca, hay que usarla para convertirla en conocimiento.

Suele ocurrir que cuestione a los periodistas y hasta se pone en duda la capacidad de expertos y estudiosos pero, por contra, como señala Ojeda, “nos tragamos todo lo que hacen las nuevas plataformas digitales y sus algoritmos. Tenemos que hablar más del papel que juegan las grandes empresas tecnológicas en nuestras sociedades y cómo afecta a la formación de la opinión píublicas. Sin olvidar que hay un descontento latente del que se aprovechan los populistas para incendiar incluso países con ciudadanías hasta ahora inmunes a los virus de la manipulación”.

Habrá que estar atentos, entonces, a la que parece buena voluntad de Google. Los riesgos son latentes, luego deben ser bienvenidos los esfuerzos para corregir y revisar hábitos y métodos viciosos que solo producirán ciudadanos cada vez peor informados y más autómatas. Es decir, pensamiento crítico para distinguir mejor, sobre todo, falacias, vilezas y difamaciones.

EL PAPEL DE UN INSTITUTO, TAMBIÉN DESDE LAS ARTES

Hay una interesantísima exposición abierta en el Castillo San Felipe hasta la última semana del presente mes. Contiene los trabajos de los alumnos de bachillerato de artes plásticas del IES 'María Pérez Trujillo', de La Vera, cuyos responsables se decidieron a trasladar hasta el recinto (“a bajar al Puerto”, dicho en lenguaje coloquial) la potencialidad creativa de quienes cursan sus estudios para sentirse integrados, comprendidos y acompañados.

En el IES de La Vera quieren personas libres, iguales, críticas y solidarias. Nada mejor, al cabo de veinte años de funcionamiento, que mostrar el camino emprendido con los frutos del aprendizaje de quienes escogieron la ruta artística. Téngase en cuenta que el instituto es el único centro del norte de Tenerife con bachillerato de Artes, lo que propicia que el alumnado de Ciencias Sociales pueda cursar materias optativas relacionadas con las artes escénicas y las artes plásticas.

Con esa trayectoria de dos décadas, y siempre con el espíritu de superación y emprendimiento como factor primordial, ya hay perspectiva suficiente como para interpretar el papel del instituto de La Vera en la vertebración y proyección social primero del barrio y luego del municipio. Un hecho tan relevante o más que los títulos universitarios que ha ido cosechando: el IES ha contribuido decisivamente a que La Vera haya dejado de ser un territorio inhóspito y haya enriquecido los valores de su convivencia, borrando progresivamente imágenes de marginalidad y derivadas. Donde había prejuicios o connotaciones negativas, ahora hay una realidad intelectual, cultural y profesional que incide favorablemente en las propias relaciones sociales.

Por eso, hay que congratularse de que la gente, el barrio, se identifique con el instituto, o lo haga suyo y comparta su significado con orgullo. Ya es frecuente el uso de “estudié en el instituto de La Vera”, manera fácil de identificar los orígenes y la etapa decisiva de la formación académica individual y colectiva. Estupenda tarjeta de visita, de verdad: así la lucen -lo hemos comprobado- alumnos que ya han accedido al mercado laboral o profesional y los padres y madres que han comprobado que la educación es determinante para la sociedad de nuestros días y para el futuro. Para ellos, ir al centro o volver al centro es como estar en casa, desenvolverse con seguridad y retomar los valores que les brindaron. No solo es la propia vida académica: es el desenvolvimiento, la convivencia, la relación, el constante aprendizaje humano.

La exposición, por lo demás, reúne trabajos de cuatro asignaturas: Fundamentos del arte, con representaciones de cerámica griega clásica; Cultura audiovisual, con ilustraciones de carteles publicitarios utilizando técnicas mixtas (mezclas de técnicas, pintura, collage e impresión digital); Dibujo artístico, con realizaciones al natural (objetos reales dibujados en el aula), con técnicas de mancha y línea, utilizando carboncillos y lápices de grafito en gamas acromáticas, esto es, balanco y negros y toda la gama de grises intermedios); y Fotografía, como optativa de 2º de bachillerato, en la que se trabajan los conceptos técnicos tradicionales con propuestas de búsqueda de imágenes creativas, desarrolladas en formatos digitales, fusionando lo convencional con nuevas tecnologías.

El resultado, una muy estimable y variada colección de creatividad que estimula el quehacer del alumnado y proyecta las enormes potencialidades de un centro educativo que está siendo, por tantos motivos, motivo de auténtico orgullo.

CHARANGA Y PANDERETA

Los dos hechos que han agitado la convivencia española durante esta semana, hasta el punto de eclipsar asuntos tales como los vaivenes de las aspiraciones soberanistas de una parte de los catalanes y sus derivadas judiciales, el tira y afloja de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y los inexorables avances en la resolución judicial de las obscenas tramas de corrupción, acentúan la desazón de una sociedad que apenas se acuerda de los valores que tuvo y contempla, entre la indignación y el pasotismo indolente, la evolución de la charanga y pandereta, con permiso del poeta.

Los dos hechos, decíamos, la tensión vivida entre componentes de la familia real a la salida de un oficio religioso cuyas imágenes han dado la vuelta al mundo monárquico y republicano, y las oscuras incógnitas que envuelven el ya célebre máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, han generado la controversia que, para mal, termina dañando la seriedad y el respeto que hay que ganarse con obras y comportamientos bien distintos, así como mermando la credibilidad y la confianza que las instituciones -especialmente la universitaria- y su funcionamiento deben acreditar en todo momento so pena de ir sumiéndose en el desprestigio.

Entonces, no es que el personal pierda perspectiva sino referencias. Hace tiempo que, en el ámbito social y político, ha ido alejándose de todo progresivamente. Hasta el crecimiento económico, beneficiario principalmente de las clases pudientes, ha favorecido su indiferencia y su desafección. Los medios y las redes hacen el resto del trabajo. El socorrido tópico de la 'marca España' también se resiente (el tópico y la marca, claro). Las audiencias millonarias de las transmisiones deportivas televisadas revelan claramente cuál es el refugio, cuáles son las preferencias de la gente.

Y cuidado, porque las consecuencias de los problemas que laten, no es que sean imprevisibles, que también, pero cabe pensar que engrosen el fastidio y el escepticismo de mucha gente. Una sociedad que se va desmotivando porque contrasta que la tirantez familiar no se resuelve donde hay que hacerlo y da pie a que se haga visible sin freno ni remedio; y porque algo tan serio como la obtención de una titulación universitaria se presta a las más insondables componendas, hasta hacerla diluir en las coordenadas políticas que son manejadas a conveniencia. Con lo fácil que hubiera sido, por cierto, poner blanco sobre negro esta desesperanza del dichoso máster. No ocurrió así porque Cifuentes y los suyos no quisieron, no supieron y no pudieron despejar con claridad, en las primeras veinticutaro horas, las incógnitas que se multiplicaban. Tanta apelación a la transparencia para que luego asistiéramos al esperpento oscurantista.

No se merecen la institución y la comunidad universitaria sufrir estos quebrantos trufados de irregularidades o suspicacias y supeditados a intereses políticos personalistas. Tenemos pruebas de cómo se resuelven situaciones parecidas en otras democracias, sin necesidad de llevarlas al límite como aquel ministro del Reino Unido que puso el cargo a disposición del jefe del ejecutivo por la descortesía de haberse retrasado en sede parlamentaria dos minutos, dos, en la respuesta a una diputada de la oposición. Simplemente, con no poder demostrar lo contrario de lo que se imputa, ya basta.

No se merece esta sociedad, en fin, tener que asistir, más o menos cíclicamente, a bochornos, desaguisados y escandeletes que, además de reñir con la educación y la ética, prosiguen minando principios, credibilidad y confianza. Que sean conscientes quienes protagonizan estos absurdos, tamañas inconsecuencias. Mientras tanto, un problema político-territorial de cuidado y unas pensiones de muy incierto recorrido. Por citar algo, no más.

HUELGA EN LA JUSTICIA ¿EVITABLE?

El asunto es delicado y se puede complicar, ya veremos hasta qué extremos. Jueces y fiscales de toda España inician hoy las movilizaciones que podrían desembocar, el próximo mes de mayo, en una huelga en el sector. Quieren despolitizar la justicia, a ver si con ello mejora la imagen que de ella se tiene en amplios sectores sociales. Las asociaciones profesionales -hasta ahora conduciéndose por la senda de la unanimidad- han sido contundentes en sus consideraciones previas, de manera que, en un comunicado conjunto, han criticado que el Gobierno no haya modificado las bases para elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, de modo que sean elegidos por los propios jueces. No se quedan ahí: el inmovilismo detectado en la política de nombramientos judiciales, al no tener en cuenta criterios de mérito, capacidad, igualdad de género y transparencia, es también objeto de severa crítica, tal es así que, en caso de prolongarse esta situación, irán a la huelga el próximo mes de mayo.

Por eso, las movilizaciones que hoy se inician en los juzgados y en las sedes judiciales del país servirán para ir tomando el pulso, siquiera desde el ámbito interno. Luego habrá una concentración en la capital del Reino, a la que seguirán paros parciales de una hora los jueves de cada semana. En caso de que no sean atendidas las peticiones de los estamentos judiciales, habrá huelga el próximo 22 de mayo.

Algunos testimonios de los promotores de esta decisión son reveladores y convergentes: ha pasado el tiempo, no hay soluciones ni avances y se han cansado de las palabras, por lo que es inevitable pasar a la acción. Tendrán que seguir explicándolo pues a mucha gente le será difícil aceptar hacerse a la idea de ver a servidores y responsables públicos de alto rango y de muy seria función en actitud huelguista, bien es verdad que ejerciendo un derecho constitucional. El portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, Emilio Fernández, ha llegado a decir que “mantenemos el calendario de movilizaciones por el desinterés del Gobierno con nuestras reivindicaciones que son justas y medidas”.

Es positivo que jueces y fiscales tomen la iniciativa pues son conscientes de que hay que esmerarse para lograr de verdad la independencia del poder judicial, al cabo de varias décadas de convivencia democrática. Hay quienes niegan la existencia de un problema de independencia, aunque aceptan que se da una “percepción social de politización” que no está en consonancia con la teórica y aceptada independencia con la que ejercen su función constitucional los miembros del poder judicial.

Se trata, entonces, de evitar y eliminar las tentaciones de injerencias del poder político en el judicial. Fiscales y jueces quieren impedir los intentos de control, sobre todo, en refeormas legales y nombramientos. Será difícil si los partidos políticos y grupos parlamentarios no están por la labor, si no son generosos y sensibles con estas circunstancias concurrentes. Los grandes objetivos: mejorar el funcionamiento de la administración de justicia en todos los órdenes, ganar autonomía funcional y orgánica, recuperar la credibilidad y transmitir de mejor manera los valores que se presuponen al poder judicial.

Y algo también relevante: que las instituciones y los ciudadanos no se vean perjudicados.