Las pensiones
preocupan. Lo expresan los españoles en la última entrega del Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS), cuyo trabajo de campo fue llevado a cabo
entre el 1 y el 13 de marzo pasados. Esa preocupación alcanza el nivel más alto
de los últimos treinta años: se sitúa en el quinto puesto del listado de
problemas, ascendiendo desde el noveno, después de que hasta un 15,5 % de los
encuestados se manifestara en esos términos.
En sentido inverso
está la inquietud de la ciudadanía por la independencia de Catalunya, que sigue
descendiendo. Es el nivel más bajo desde el referéndum ilegal del pasado 1 de
octubre: un 8,6 % frente al 11,3 % del mes de marzo.
Ese estado de opinión
se corresponde con los últimos acontecimientos: protestas masivas, clamorosas
reivindicaciones de mejora, debates parlamentarios y mediáticos, mensajes
tranquilizadores y escépticos a la vez hasta que la solución parece depender ya
de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado -con un incremento
del 2 % pactado para las mínimas y de viudedad entre el Partido Popular y
Ciudadanos-, cuando no de la propia marcha de productividad económica del país.
Según los últimos
datos publicados por el ministerio de Empleo y Seguridad Social, el gasto en
pensiones durante el mes de marzo superó los ocho mil novecientos cuarenta y
seis millones de euros, lo que significa un 3,02 % más que en el mismo período
de 2017. La pensión media de jubilación se situó en mil setenta y nueve con
dieciséis euros, un 1,94 % más que en marzo del año pasado. La pensión media
del sistema que, además de la de jubilación, incluye las de viudedad,
incapacidad permanente, orfandad y a favor de familiares, alcanzó los
novecientos treinta y tres euros, con treinta y siete, un aumento del 1,85 %
respecto a marzo del pasado año.
El caso es que los
fantasmas de la posible insostenibilidad de las pensiones y de la insuficiencia
futura, independientemente de los horizontes temporales, siguen vagando en
amplio sectores de la sociedad. El catedrático de Economía de la Universidad
del País Vasco, Felipe Serrano, ha afirmado que el sistema necesita más
recursos financieros pero advierte que no es partidario de crear o aplicar un
nuevo impuesto. Sugiere una solución que consistiría en desplazar a los
Presupuestos Generales del Estado algunas prestaciones del sistema, como las de
viudedad por ejemplo, modificando su naturaleza a prestación no contributiva.
Según su criterio, ello elevaría transitoriamente “las necesidades de
financiación del sector público, que debería financiar con un aumento de las
aportaciones de los trabajadores mediante una subida de sus cotizaciones,
inferiores a la media europea”.
Los fantasmas
continúan vagando, de ahí que la preocupación se incremente y se justifique.
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