El Partido Popular (PP) presentará una proposición de ley
que, mediante la reforma de la normativa electoral, pretende un objetivo muy
concreto: que sea alcalde el candidato más votado. Y se ha dado prisas, hasta
el punto de que mañana jueves dará traslado de su iniciativa a otros grupos
parlamentarios pues quiere que la medida entre en vigor antes de las próximas
elecciones municipales, previstas para mayo del año próximo.
No es nueva esta alternativa de los populares. Desde el
mandato 1995-99, cuando se produjeron algunas alianzas que modificaron
sensiblemente el sentido mayoritario del voto de los ciudadanos y dieron pie,
incluso, a mociones de censura difíciles de justificar, se planteó la necesidad
de modificar la ley para evitar situaciones que desnaturalizaban la propia
democracia. No era fácil, por supuesto. Y desde entonces, un tira y afloja,
algunos parches, alguna formulación teórica y poco más: sigue faltando una
solución global y satisfactoria.
Ya se han escuchado las primeras voces discrepantes que hacen augurar el disenso, un final que se aleja de la pretendida solución. Los partidos tienen mucho que decir al respecto pero cabe dudar hasta de la idoneidad del momento en que el partido gubernamental promueve su alternativa. Hay demasiada tensión, demasiado ruido; hay escándalos que no cesan, en medios y en sede judicial, y condicionan -creemos que para mal- la viabilidad de las soluciones. Seguro que el debate estará cargado de altas dosis de encono y de reproches por situaciones que pondrán de relieve el 'y tú más', las contradicciones ideológicas y las dudas de los costes reales de las operaciones políticas que se gesten en busca del acuerdo final.
O a lo peor, todo se agotará, por ejemplo, en la presión que el PP ejercerá sobre Ciudadanos para poner en evidencia la postura del partido de Albert Rivera, proclive a apoyar -incluso mediante la abstención- la lista más votada como ocurrió en Andalucía para investir a Susana Díaz en la presidencia de la Junta.
Tampoco parece que estén por la labor los socialistas. La portavoz de su bancada parlamentaria, Margarita Robles, ha dicho que la iniciativa popular difícilmente prosperará. En su momento, el PSOE no descartaba la solución de 'segunda vuelta', consistente en fijar un porcentaje de votos para superar el corte y dilucidarlo entre quienes lo hayan hecho al domingo siguiente de la primera fecha electoral. Nos parece una alternativa respetable y muy democrática, en la que decidan los electores, no los dirigentes de los partidos que negociarían un pacto para alcanzar la gobernabilidad, sin importar su condición de perdedores. De hecho, en Canarias y en otras comunidades se han registrado varios casos con esos componentes.
El caso es que si disgusta o no satisface el actual sistema, hay que esforzarse en una salida que, basada en el diálogo y el entendimiento, en el respeto y el cumplimiento de las normas, propicie la estabilidad institucional desde presupuestos democráticos.
Veremos a partir de mañana hasta dónde llegan las pretensiones y los cauces alternativos que los grupos políticos sean capaces de alcanzar.
Ya se han escuchado las primeras voces discrepantes que hacen augurar el disenso, un final que se aleja de la pretendida solución. Los partidos tienen mucho que decir al respecto pero cabe dudar hasta de la idoneidad del momento en que el partido gubernamental promueve su alternativa. Hay demasiada tensión, demasiado ruido; hay escándalos que no cesan, en medios y en sede judicial, y condicionan -creemos que para mal- la viabilidad de las soluciones. Seguro que el debate estará cargado de altas dosis de encono y de reproches por situaciones que pondrán de relieve el 'y tú más', las contradicciones ideológicas y las dudas de los costes reales de las operaciones políticas que se gesten en busca del acuerdo final.
O a lo peor, todo se agotará, por ejemplo, en la presión que el PP ejercerá sobre Ciudadanos para poner en evidencia la postura del partido de Albert Rivera, proclive a apoyar -incluso mediante la abstención- la lista más votada como ocurrió en Andalucía para investir a Susana Díaz en la presidencia de la Junta.
Tampoco parece que estén por la labor los socialistas. La portavoz de su bancada parlamentaria, Margarita Robles, ha dicho que la iniciativa popular difícilmente prosperará. En su momento, el PSOE no descartaba la solución de 'segunda vuelta', consistente en fijar un porcentaje de votos para superar el corte y dilucidarlo entre quienes lo hayan hecho al domingo siguiente de la primera fecha electoral. Nos parece una alternativa respetable y muy democrática, en la que decidan los electores, no los dirigentes de los partidos que negociarían un pacto para alcanzar la gobernabilidad, sin importar su condición de perdedores. De hecho, en Canarias y en otras comunidades se han registrado varios casos con esos componentes.
El caso es que si disgusta o no satisface el actual sistema, hay que esforzarse en una salida que, basada en el diálogo y el entendimiento, en el respeto y el cumplimiento de las normas, propicie la estabilidad institucional desde presupuestos democráticos.
Veremos a partir de mañana hasta dónde llegan las pretensiones y los cauces alternativos que los grupos políticos sean capaces de alcanzar.
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