Asustan
las cifras pero como es muy difícil, por no decir imposible,
entender la economía, la hiperinflación y el control de cambios de
Venezuela, habrá, cuando menos, que no extrañarse: entre el
oscurantismo con que el régimen totalitario chavomadurista
administra las finanzas y los
recursos públicos; los tres ceros que, inopinadamente, suprime el
presidente de la República de los billetes y de los precios; las
trapisondas del que ya se conoce como narcorégimen; la
inseguridad galopante; las dificultades para el abasto de gasolina
-¡quién lo iba a decir!- o para comprar un pan y un huevo;
agotada, en fin, la capacidad de asombro en un país, otrora
democracia próspera, que ha experimentado en carne propia el fracaso
de un proceso revolucionario, marean las cantidades registradas en un
informe del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) de Venezuela.
Al
cierre del ejercicio de 2017, hace poco más de tres meses, el
Gobierno ha triplicado los noventa y siete mil millones de dólares
invertidos en 2015, importe dedicado a publicidad y propaganda, “con
el fin de discriminar a la prensa privada con tendencia crítica,
fomentar la independencia y forzar al ejercicio de un periodismo cada
vez menos incómodo para el poder”, según puede leerse en el
estudio de IPYS.
El
ministerio de Comunicación e Información recibió en 2015 -cuando
se celebraron elecciones parlamentarias- una consignación
presupuestaria -a saber cómo la vistieron- de trescientos ochenta
millones de dólares, un 118 % más que lo autorizado, en tanto que
la partida dispuesta para gastos por servicios de información,
impresión, relaciones públicas, publicidad y propaganda se elevó a
quinienttos setenta y cuatro millones de dólares. En 2016 fue
dedicada a estos finesla una suma equivalente a ochocientos ochenta y
un millones de dólares, de los cuales casi cuarenta y cuatro fueron
destinados específicamente a publicidad y propaganda.
Para
que no haya dudas de cómo se las gasta el régimen, citemos unas
palabras del ex ministro de Comunicación, Andrés Izarra, hace ya
una década: “Durante mi gestión, y mientras el presidente de la
República (entonces, Hugo Chávez) delegue en mi la potestad de
administrar los presupuestos del Estado, los medios golpistas no
contarán con un solo bolívar del pueblo de Venezuela para
publicitar la gestión gubernamental”.
Y
así ha pasado de todo: desaparición de cabeceras, cierre de
empresas editoriales, medios que no pudieron continuar, libertad de
prensa amenazada, profesionales perseguidos y credibilidad mediática
muy mermada. El régimen aprieta... y ahoga. Sin miramientos. Les da
igual: es cuestión de lo que sea con tal de mantenerse en el poder.
El
informe del IPYS es tajante: “En Venezuela, la publicidad oficial
es una suerte de laurel o escarmiento. En este país, de manera
cotidiana, las instituciones estatales castigan a los diarios que dan
cabida a las denuncias ciudadanas y la crítica contra el Gobierno,
mientras que sus páginas predilectas para pautar los anuncios
publicitarios y propagandísticas son las de la prensa estatal y los
medios privados que mantienen una línea complaciente”.
Por
eso, las cantidades triplicadas no deben extrañar. Así crece el
poder mediático, así se presiona, se discrimina y se excluye, se
censura y se autocensura. Así se ejercita el dominio de las
concesiones del espectro radioeléctrico. Así, cualquiera.
Derrochando sin pudor y sin control. Y todavía quieren legitimar
como elecciones libres y plurales las que se avecinan. En esas
condiciones, todo menos libertad, pluralismo, fiscalización y
democracia. Esos valores han quedado proscritos. Y si es a base de
dólares, da igual.
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