Una ola de estupor e indignación recorre España desde que fue conocida la sentencia de La Manada. Nadie ha quedado indiferente. La primera conclusión es que la sociedad española transige cada vez menos ante los delitos contra la integridad sexual. La segunda es que cuando a los recelos se suma esa indignación popular, es natural que la justicia flaquee.
Hasta circulan en las redes peticiones de firmas para inhabilitar a los magistrados que dictaron la resolución. Se pone en cuestión la calificación del delito. Y muchas interpretaciones de la sentencia coinciden en que, conforme a su relato, debió ser considerada como violación.
Pero, respetando criterios judiciales, la gente no está por la labor. No acepta que se resuelvan casos así de esta manera. Su clamor es un 'ya está bien' que la justicia debe tener en cuenta.
Lo ocurrido, desde luego, marca un punto de inflexión. Conviene analizar con calma y sosiego cuando pase la tormenta de la indignación. Conviene que el poder judicial y los políticos representantes del pueblo reflexionen a fondo en busca del equilibrio y de las soluciones más apropiadas, teniendo en cuenta que el endurecimiento de las penas no es la única alternativa. Porque los recelos van en aumento.
Esto es lo preocupante en una sociedad democrática.
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