Se
está reformando en el Congreso la Ley Orgánica de Protección de
Datos. Es un asunto bastante serio, en plena era digital, cuando
están abiertas las opciones de incorporar derechos y libertades y
cuando se van sucediendo algunas noticias inquietantes sobre
espionaje, fugas o manipulación de datos. Y como la brecha digital
no termina de cerrarse, habrá que poner la debida atención.
Estamos, sencillamente, ante un hecho tan relevante como la
protección de la privacidad, en nivel similar al que mereció la de
los consumidores el siglo pasado. Esta protección, a raíz de tales
sucesos, se ha convertido aún más exigente en el caso de los datos
personales en redes sociales que, por ejemplo, han aportado los
menores de edad o han podido compartir durante esta minoría.
Se
habla, por ejemplo, de desconexión digital que tiene mucho que ver
con el orden laboral. ¿En qué consiste? Para decirlo con lenguaje
cercano, sería algo así como como poder desvincularse de las
responsabilidades hasta el día siguiente una vez acabada la jornada
laboral. Los socialistas, que tomaron la iniciativa para enmendar el
texto legal, pretenden que el derecho a desconectar y no contestar
comunicaciones del trabajo fuera del horario laboral. se consolide
como un derecho de los empleados. Quieren, en definitiva, que la
garantía de los derechos digitales quede fijada en el articulado de
la citada Ley para ampliar a la red la exigencia de derechos y
libertades que se consignan en la Constitución y los tratados
internacionales.
Claro
que el asunto nos lleva al planteamiento del derecho de acceso
universal a Internet, inexistente o limitado en algunos países por
razones ideológicas o políticas. Hay que vincularlo a la brecha
digital que no es fácil se reducir y sellar. En nuestro país se
viene dando no solo de forma intergeneracional sino también entre
hombres y mujeres y entre usuarios de ámbitos rurales. En ese
sentido, sería muy deseable que la reforma abogara por una red
neutra, que garantice la seguridad de las comunicaciones y no
discrimine.
Esto
último se nos antoja fundamental para garantizar la libertad de
expresión, la veracidad informativa y el derecho al honor y a la
propia imagen. Hay territorios en los que resulta fácil colisionar.
Y donde se confunden los conceptos. Las redes son un espacio de
libertad, de acuerdo; pero no todo vale o no debe valer.
Personalidades de la cultura y de la comunicacón vienen alertando de
los peligros que suponen, con finalidades perversas, tanto la
proliferación de falacias como de insultos en medio de un extendido
clima de impunidad. Insulta, que no pasa nada. O todo lo más, que te
bloqueen.
Una
última referencia: el derecho al olvido. Se acepta que, en la era
digital, es una de las garantías que debe estar cubierta.
Consistiría en ejercer la opción de poder borrar los datos
personales y toda huella digital que pueda ser perjudicial para un
usuario en su ámbito personal o profesional.
En
fin, que la reforma de la Ley Orgánica de Protección de Datos llega
en unos momentos de notable controversia y de incesante desarrollo
tecnológico. La garantía de los derechos digitales es la gran
aspiración. Indispensable tener visión de futuro y verdadera
vocación ética para favorecer la convivencia. Veamos en qué queda.
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