El mandato en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife finaliza con otro hecho que confirma la agitación que lo ha caracterizado: la sentencia de un juzgado de la capital tinerfeña sienta las bases del derribo de una construcción cercana a la playa de Las Teresitas, popularmente conocida como “mamotreto” y concebida para acoger oficinas y aparcamientos. Andaba el Partido Popular en menesteres municipalistas opositores, allá por septiembre de 2009, cuando pactó con los socialistas forzar un acuerdo plenario que, además de evidenciar la ruptura, significara un punto de inflexión en el jeroglífico de la playa santacrucera, sobre la que se cierne toda suerte de suspicacias. Prosperó el acuerdo que estaba orientado al derribo pero que fue recurrido por los concejales de Coalición Canaria, encabezados por el alcalde, Miguel Zerolo, hasta que el juzgado, desestimando sus posiciones, ha dictaminado la validez de lo aprobado por el máximo órgano institucional.
Es verdad que la sentencia matiza que el acuerdo no tiene “naturaleza de acto resolutorio ni prejuzga el resultado de aquellos procedimientos que habrán de instruirse por efecto de la voluntad política expresada” en la moción que populares y socialistas habían elaborado en una inesperada vuelta de tuerca que ahora, tras la decisión judicial, cobra una significación política importante, más allá del fragor de los últimos días de la campaña electoral.
Porque la sentencia cuestiona -dicho a grandes rasgos- aspectos sustantivos de la política urbanística seguida por el gobierno local en una actuación que llamó la atención de quienes instruían el caso desde el momento en que comprobaron que el edificio tiene tres veces más volumetría de la consignada en la ficha de modificación correspondiente en el Plan General de Ordenación (PGO).
La sentencia es un revés considerable para quienes defendían la legalidad del proyecto. Se mire como se mire -seguro que no faltarán interpretaciones que compliquen aún más el futuro-, es un paso atrás que, sumado a otras controversias, pone un punto final al mandato
Esta particular ‘validez’ judicial hará que en el próximo mandato, el nuevo alcalde y quienes se encarguen del área de urbanismo en el ayuntamiento capitalino, política y técnicamente, tengan mucho trabajo. Y con estos antecedentes, habrán de esmerarse. Ojalá interpreten, desde luego, desde el primer momento, que una cosa es atraer inversiones, emprender, facilitar condiciones y auspiciar productividad económica y que todo eso no puede hacerse alegremente sin respetar la legalidad. ¿Dónde la seguridad jurídica?
Lo cierto es que entre el Plan General de los fuera de ordenación tan contestado en la calle y esta sentencia que anticipa la demolición de una construcción edificada poco menos que al tun tun, nos encontramos con un abrupto final de mandato y un urbanismo en la capital de la provincia muy pero que muy polémico.
Y si el derribo se consuma, habrá mucho de simbología. Ya se sabe: imágenes, impacto… Para toda la vida. Sería el triste colofón de esa política urbanística errática que invita a la duda y, al final, miren los quebrantos que causa.
Es verdad que la sentencia matiza que el acuerdo no tiene “naturaleza de acto resolutorio ni prejuzga el resultado de aquellos procedimientos que habrán de instruirse por efecto de la voluntad política expresada” en la moción que populares y socialistas habían elaborado en una inesperada vuelta de tuerca que ahora, tras la decisión judicial, cobra una significación política importante, más allá del fragor de los últimos días de la campaña electoral.
Porque la sentencia cuestiona -dicho a grandes rasgos- aspectos sustantivos de la política urbanística seguida por el gobierno local en una actuación que llamó la atención de quienes instruían el caso desde el momento en que comprobaron que el edificio tiene tres veces más volumetría de la consignada en la ficha de modificación correspondiente en el Plan General de Ordenación (PGO).
La sentencia es un revés considerable para quienes defendían la legalidad del proyecto. Se mire como se mire -seguro que no faltarán interpretaciones que compliquen aún más el futuro-, es un paso atrás que, sumado a otras controversias, pone un punto final al mandato
Esta particular ‘validez’ judicial hará que en el próximo mandato, el nuevo alcalde y quienes se encarguen del área de urbanismo en el ayuntamiento capitalino, política y técnicamente, tengan mucho trabajo. Y con estos antecedentes, habrán de esmerarse. Ojalá interpreten, desde luego, desde el primer momento, que una cosa es atraer inversiones, emprender, facilitar condiciones y auspiciar productividad económica y que todo eso no puede hacerse alegremente sin respetar la legalidad. ¿Dónde la seguridad jurídica?
Lo cierto es que entre el Plan General de los fuera de ordenación tan contestado en la calle y esta sentencia que anticipa la demolición de una construcción edificada poco menos que al tun tun, nos encontramos con un abrupto final de mandato y un urbanismo en la capital de la provincia muy pero que muy polémico.
Y si el derribo se consuma, habrá mucho de simbología. Ya se sabe: imágenes, impacto… Para toda la vida. Sería el triste colofón de esa política urbanística errática que invita a la duda y, al final, miren los quebrantos que causa.
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