En los Apuntes de la última edición hablamos de economía sumergida, del impacto de algunos datos extraídos de un importante estudio científico no sólo en los globales del Producto Interior Bruto (PIB) sino en la capacidad de generar empleo y en la fiscalidad misma. Posteriormente, responsables gubernamentales han hecho declaraciones públicas en las que reconocen la necesidad de desarrollar un plan que favorezca la superación de vicios, permisividad y enquistamientos para lograr una economía más estable y transparente, sobre todo, más ajustada a la realidad.
A la espera de que se confeccione y se aplique ese plan configurado como ley, que afloren cifras de economía sumergida -un lector sugiere que empleemos también el término subterránea- es ya un primer paso para entender mejor la necesidad de invertir ciertas prácticas y tendencias. Si hablamos de propiciar y buscar oportunidades para salir de la crisis, hay que empezar por erradicar comportamientos que mucho tienen que ver con la picaresca y el fraude. Porque, de alguna manera, todos salimos perjudicados.
Y como Canarias tampoco escapa a los efectos de esta lacra -no sólo el paro debe encabezar los infortunios y la desazón de gobernantes y gobernados: ésta es otra materia para preguntar en encuestas-, hay que estar muy atentos a los recientes estudios realizados por técnicos del ministerio de Hacienda (Gestha) que arrojan conclusiones llamativas, especialmente las referidas a desempleo.
Por ejemplo: el empleo sumergido en la Comunidad Autónoma -es decir, trabajar sin que conste en algún lado; pagar y cobrar contraviniendo principios elementales- roza el diez por ciento del PIB generado y supera los 3.900 millones de euros anuales, casi dos puntos por encima de la media nacional. Vayan quedándose con las cantidades. Por provincias, Santa Cruz de Tenerife oculta un mayor empleo irregular, con 2.340 millones de euros al año, en tanto que Las Palmas registra 1.596 millones de euros también en un año. Los técnicos de Hacienda cifran en un 28,7% el PIB subterráneo en las islas, lo que significa unos 11 millones 652 mil euros, de los que casi 4 millones corresponden al fraude laboral.
Independientemente de la aprobación de la ley, orientada, entre otras cosas, al afloramiento y control del empleo manifiestamente irregular, sería bueno que una potente iniciativa de comunicación sensibilizara al personal a este respecto, comenzando por los propios agentes sociales que hace pocas fechas, por cierto, rubricaron y posaron con el Gobierno autónomo para expresar su voluntad de readaptar un plan por el empleo y la sostenibilidad. Un plan que nace con la legislatura agotada, con un ejecutivo ocupado en otros menesteres y sin consignación presupuestaria; por lo tanto, con legítima incredulidad. Aquí, o juegan todos con voluntad, decisión y reglas para ser cumplidas, o se rompe la baraja de tanto defraudar.
Porque el estudio de los técnicos de Hacienda señala con claridad más cifras significativas hasta el punto de que, según concluye, “la implantación de unas políticas adecuadas que redujeran en diez puntos la tasa de fraude en Canarias -hasta el nivel de los países europeos más desarrollados-, permitiría recaudar cada año más de 500 millones de euros adicionales procedentes de las cuotas a la Seguridad Social en la Comunidad, y más de 13.000 millones de euros a nivel nacional”.
En otras palabras, difícilmente se podrá hablar en serio de fomento de la empleabilidad y de la emprendeduría, o de modernizar y optimizar los recursos públicos, si no se pone coto a cuantas irregularidades no sólo acrecientan la fractura del mercado laboral sino que distorsionan notablemente la productividad y su interrelación con todos los elementos que la integran.
Para ello se requiere también más formación. Pero esa, después de tantos años, parece -no: es- una prédica en el desierto.
(Publicado en Tangentes, número 35, mayo 2011)
A la espera de que se confeccione y se aplique ese plan configurado como ley, que afloren cifras de economía sumergida -un lector sugiere que empleemos también el término subterránea- es ya un primer paso para entender mejor la necesidad de invertir ciertas prácticas y tendencias. Si hablamos de propiciar y buscar oportunidades para salir de la crisis, hay que empezar por erradicar comportamientos que mucho tienen que ver con la picaresca y el fraude. Porque, de alguna manera, todos salimos perjudicados.
Y como Canarias tampoco escapa a los efectos de esta lacra -no sólo el paro debe encabezar los infortunios y la desazón de gobernantes y gobernados: ésta es otra materia para preguntar en encuestas-, hay que estar muy atentos a los recientes estudios realizados por técnicos del ministerio de Hacienda (Gestha) que arrojan conclusiones llamativas, especialmente las referidas a desempleo.
Por ejemplo: el empleo sumergido en la Comunidad Autónoma -es decir, trabajar sin que conste en algún lado; pagar y cobrar contraviniendo principios elementales- roza el diez por ciento del PIB generado y supera los 3.900 millones de euros anuales, casi dos puntos por encima de la media nacional. Vayan quedándose con las cantidades. Por provincias, Santa Cruz de Tenerife oculta un mayor empleo irregular, con 2.340 millones de euros al año, en tanto que Las Palmas registra 1.596 millones de euros también en un año. Los técnicos de Hacienda cifran en un 28,7% el PIB subterráneo en las islas, lo que significa unos 11 millones 652 mil euros, de los que casi 4 millones corresponden al fraude laboral.
Independientemente de la aprobación de la ley, orientada, entre otras cosas, al afloramiento y control del empleo manifiestamente irregular, sería bueno que una potente iniciativa de comunicación sensibilizara al personal a este respecto, comenzando por los propios agentes sociales que hace pocas fechas, por cierto, rubricaron y posaron con el Gobierno autónomo para expresar su voluntad de readaptar un plan por el empleo y la sostenibilidad. Un plan que nace con la legislatura agotada, con un ejecutivo ocupado en otros menesteres y sin consignación presupuestaria; por lo tanto, con legítima incredulidad. Aquí, o juegan todos con voluntad, decisión y reglas para ser cumplidas, o se rompe la baraja de tanto defraudar.
Porque el estudio de los técnicos de Hacienda señala con claridad más cifras significativas hasta el punto de que, según concluye, “la implantación de unas políticas adecuadas que redujeran en diez puntos la tasa de fraude en Canarias -hasta el nivel de los países europeos más desarrollados-, permitiría recaudar cada año más de 500 millones de euros adicionales procedentes de las cuotas a la Seguridad Social en la Comunidad, y más de 13.000 millones de euros a nivel nacional”.
En otras palabras, difícilmente se podrá hablar en serio de fomento de la empleabilidad y de la emprendeduría, o de modernizar y optimizar los recursos públicos, si no se pone coto a cuantas irregularidades no sólo acrecientan la fractura del mercado laboral sino que distorsionan notablemente la productividad y su interrelación con todos los elementos que la integran.
Para ello se requiere también más formación. Pero esa, después de tantos años, parece -no: es- una prédica en el desierto.
(Publicado en Tangentes, número 35, mayo 2011)
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