¿Qué hubiera sido de nuestra realidad sin los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE)? El concepto va directamente asociado a la evolución de la pandemia y a la crisis producida en el sector servicios. Los datos en Canarias son significativos: somos la Comunidad con mayor porcentaje de afiliados bajo alguna modalidad de ERTE. El pasado mes de enero pasado se cerró con ochenta y cuatro mil cuatrocientas tres personas protegidas, el 13,7 % de sus ocupados. Sigue Baleares, con un 11,4 % de trabajadores. Luego, a gran distancia, Murcia y Extremadura.
Esta figura, concebida para afrontar situaciones como la que padecemos, especialmente en sectores productivos donde el cuerpo laboral se ve afectado por el mal principal y sus derivados, pasó, en cuestión de días, de ser una herramienta de uso marginal a convertirse en la tabla de salvación a la que se aferraron numerosas empresas del país para soportarlas consecuencias de la declaración del estado de alarma, hace poco más de un año. En abril, por cierto, se tocó techo con el registro histórico de 3,6 millones de personas afectadas por la suspensión temporal de empleo, entre ellas la práctica totalidad de los más de dos millones ocupadas en actividades turísticas. Una vez levantado el confinamiento, arrancó una prometedora curva descendente hasta llegar a la cifra de 706.340 en septiembre. Sin embargo, a partir de entonces la recuperación de trabajadores se ha frenado en seco por el impacto de la segunda y tercera ola de Covid-19, que se han cebado con especial crudeza con las empresas vinculadas al turismo.
El desglose de los ERTE es el siguiente: ciento once mil cuatrocientos setenta y nueve en hoteles; veinticuatro mil novecientos cuarenta y dos en agencias y catorce mil cuatrocientos ochenta y ocho en aerolíneas.
Según datos aportados por la publicación digital preferente.com, al cierre de enero, es decir, cuatro meses después de septiembre, el número de trabajadores incluidos en un ERTE se han incrementado un 4,6%, hasta 738.969. Detrás de esta cifra se esconde la dramática situación que atraviesa el turismo. Cuatro subsectores ligados al mismo, como son hostelería, alojamiento, transporte aéreo y agencias de viajes, concentran el 53% del total de trabajadores afectados por estos expedientes (391.962). Y a tenor de la evolución de la pandemia, todo parece indicar que poco o nada cambiará al menos hasta el inicio de la temporada estival.
Es claro que aquellas Comunidades autónomas con una mayor dependencia del turismo son las que acaparan un mayor porcentaje de ocupados en ERTE. Los 738.969 trabajadores incluidos en los mismos suponen un 5,15% de los afiliados del Régimen General, aunque geográficamente existe una importante concentración de los mismos.
El Gobierno ha ofrecido una prórroga hasta el 31 de mayo próximo pero también se han escuchado voces del ejecutivo que plantean alargar ese horizonte temporal, “hasta donde sea necesario”.
La situación, desde luego, es preocupante. Para todos y para los trabajadores del sector, en particular. La reanudación de la actividad comportará sensibles cambios. La adaptabilidad, pensando en el proceso de transformación digital, será complicada. Y, además, para qué engañarse, rescatar a los trabajadores de una posición digamos, en algunos casos, acomodaticia, resultará también complicada.
Habrá mucho que habla, negociar… y decidir.
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