Somos proclives a calificar de histórica alguna jornada cuando sucede un hecho aparentemente relevante y aunque no lo sea tanto. Pero la de ayer fue una de esas jornadas parlamentarias en las que se alcanza un acuerdo de amplio consenso y se aprueba una Ley que responde a una necesidad contrastada. Después de que la Cámara haya sido noticia en numerosas ocasiones por el carácter bronquista de una sesión o por el cruce de acusaciones y reproches entre el ejecutivo y la oposición, ayer hubo el suficiente entendimiento como para que prosperase la Ley de protección a la infancia frente a la violencia. Solo los grupos del PNV y la formación ultraderechista, rechazaron el texto después de adelantar posiciones en el informe de la comisión correspondiente. La norma, cuya tramitación continuará en el Senado a la espera de su aprobación definitiva es susceptible aún de enmiendas y mejoras. Habrá que seguir atentos este proceso pues varias organizaciones protectoras de la infancia seguro que insistirán en la idea de modificar el reconocimiento que la Ley otorga a los Servicios Sociales como agentes de la autoridad. Se trata de evitar, en todo caso, una indefensión sobrevenida a las familias frente a la Administración, en los casos de retirada de tutela de los menores por desamparo.
Es importante destacar que el texto aprobado ampliará el plazo para iniciar la prescripción de los delitos graves hasta que la víctima cumpla treinta y cinco años para evitar la impunidad de los casos pues, como se sabe, las denuncias suelen producirse muchos años después. El Gobierno y otros grupos parlamentarios habían pactado, antes de la sesión, una enmienda que abría las puertas a una elevación de hasta cinco años de la edad la víctima desde que se contará la prescripción de los abusos sexuales, ahora fijada en dieciocho años.
Había coincidencia no solo en partidos políticos sino en agentes sociales y víctimas de los abusos para cercar a los agresores que, como se sabe, suelen llevar a cabo los maltratos y abusos contra los menores en entornos próximos e incluso dentro de sus propios hogares.
Los derechos del niño salen fortalecidos con esta norma, sobre todo, los relativos a ser informado y no solo escuchado tanto en los procesos administrativos como en los judiciales. Podrán incluso formular denuncia de una manera personal y directa.
El fruto de este consenso parlamentario se plasma también en la extensión de la definición de violencia, persigue delitos cometidos a través de internet, crea unidades especializadas en las fuerzas y cuerpos de seguridad, un Registro Central de Información, un coordinador de bienestar y protección en los centros educativos e impulsa la formación para jueces y fiscales.
La Ley se conocerá popularmente como la Ley Rhodes en reconocimiento al paianista James Rhodes quien durante su infancia sufrió graves abusos y ha dado una auténtica batalla con tal de superar los vacíos que eran percibidos por la sociedad a medida que engrosaban la casuística. Entre las novedades para su estudio y control, hay que consignar también la creación de un Registro Central de Información sobre la violencia contra la infancia. Habrá unidades especializadas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en tanto que jueces y fiscales accederán a una formación especializada para proteger a los menores. La norma consigna una jurisdicción específica para estos delitos.
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