UN RESPETO

 

En Estados Unidos, donde el pasado 6 de enero unos insensatos asaltaron el capitolio y pusieron en riesgo una de las democracias más importantes del mundo; donde no faltan excesos policiales (un agente asfixia con una rodilla a un ciudadano de color caído junto a un vehículo) y donde se suceden los tiroteos en los lugares más inesperados para que corra sangre inocente (por no seguir con más sucesos o con más tragedias), allá en Norteamérica, su Departamento de Estado (equivalente al ministerio del Interior), ha publicitado el informe anual que elabora sobre la situación de los derechos humanos y en el que advierte de los “múltiples ataques verbales del Gobierno de España a determinados medios de comunicación y periodistas concretos”.

Es cierto que el informe no opina ni hace valoraciones al respecto pero es evidente que el ejecutivo español no podía dejar pasar la ocasión de replicar: hace bien en minimizarlo (“el último coletazo de la Administración Trump”, ha dicho la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo) pero más importante aún es que rechace tajantemente los contenidos del informe: “Ningún país puede decirle a una democracia como la española cómo funcionan nuestras libertades y en este caso nuestra libertad de expresión y nuestros medios de comunicación”, estimó Calvo que, así, negaba la mayor y ponía en tela de juicio que la gente del tío Sam “le pueda decir nada a un país como el nuestro y mucho menos a la libertad y a la dignidad de los medios de comunicación”, ha recalcado.

¿Una injerencia pues? A cualquier disgusta, desde luego, que desde fuera hurguen y rebusquen en asuntos propios, máxime cuando luego hacen públicos esos aspectos menos gratificantes de la política interna. Habrá quienes se habrán “inflado” con estas apreciaciones yankees pero no es para tirar voladores ni mucho menos. Estas salidas de pata de banco influyen en las relaciones entre las partes y también en el derecho internacional: van más allá del gesto. Es verdad que Norteamérica está acostumbrada, que sus poderes públicos creen seguir interpretando el papel de gendarmes del mundo y que cuando hay crisis muchos sed acuerdan de ellos y hasta reivindican sin reservas su intervención, pero nada les otorga la facultad de entrometerse en asuntos que les resultan ajenos.

El informe en cuestión reprochaba al presidente Sánchez y al ex vicepresidente Iglesias (tampoco escapa el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Echenique), algunos denuestos dirigidos a los medios y a determinados profesionales. Y hasta consigna alguna crítica hecha por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) en el sentido de “intentar coaccionar e intimidar” a los profesionales de la información. Como si no se pudiera debatir –y saldar- en instituciones españolas esas diferencias sin necesidad de que interfieran desde el extranjero. Por eso, Carmen Calvo, razonablemente molesta, ha sido tajante: “Ningún país puede decirle a una democracia como la española cómo funcionan nuestras libertades y en este caso nuestra libertad de expresión y nuestros medios de comunicación”.

Un respeto. ¡No faltaba más!