En octubre de 2018, tuvimos ocasión de entregar en el teatro Guimerá, al editor/director de El Nacional, Miguel Henrique Otero, el premio ‘Taburiente’ de la Fundación Diario de Avisos. Al finalizar el acto, en una breve conversación, le dijimos que si se perdía el pulso con el régimen totalitario chavomadurista, no solo se perdía un periódico sino un soporte primordial de la poca libertad de expresión que aún quedaba. Henrique Otero estaba seguro: “No nos vamos a rendir”. Pero no se cumplió el pronóstico que fue bandera de su intervención aquella noche: “Antes de diciembre –dijo- publicaremos el titular: “Venezuela vuelve a la democracia”.
Parece lejana esa conquista, porque sería una conquista, desde luego, si las libertades, los derechos cívicos y el pluralismo político vuelven a circular en un país hundido y aislado en el que sus estructuras son tan frágiles como una copa de vidrio, la economía está a merced de irresponsables y los valores han pasado a mejor vida.
Y en el camino se queda un periódico ejemplar, fundado hace setenta y ocho años, un histórico de la comunicación en el país y en la órbita latinoamericana que ha subsistido, tras múltiples medidas de boicot y censura, con sus ediciones digitales.
La Corte Suprema de Justicia lo ha embargado, como consecuencia de una sentencia que fija la medida como pago parcial de la indemnización por presunto daño moral al ex presidente y diputado de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, a quien curiosamente Wikipedia define como “político, presentador de televisión y militar”. La decisión judicial, reprobada entre otros organismos por el Programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), va acompañada de una sanción de más de trece millones de dólares en concepto de “indemnización en un juicio civil por difamación”.
Las reacciones, en efecto, no se han hecho esperar. El gerente del medio que el régimen quiere silenciar, Jorge Makriniotis, dijo que se trata de un claro ejemplo de acoso judicial contra uno de los poco medios independientes de Venezuela, el cual ha seguido informando pese a todas las adversidades. “Nos quitaste un edificio –aludiendo a Cabello, pero no nos quitaste nuestra herramienta más importante: nuestro pensamiento libre”, palabras de Makriniotis.
El embargo está siendo muy contestado porque cualquiera advierte que es un golpe a la línea de flotación de las libertades y de la convivencia democrática. Cuando un régimen político, a través de uno de sus poderes, pretende cerrar –y de hecho cierra, no solo El Nacional sino otros medios- queda estigmatizado. Eso no es democracia sino dictadura pura y dura, un totalitarismo rechazable. La decisión del tribunal venezolano, por bien fundamentada que esté, es injustificable desde el punto de vista político. Es una agresión al medio, la prueba clara de quitárselo de encima, de eliminarlo de la circulación, de silenciarlo, en definitiva, sobre todo cuando aún enarbola la bandera de la libertad de expresión.
Con auténtico escepticismo –han sido tantas las decepciones y las frustraciones que hasta casi nos desentendimos de la actualidad venezolana- acogimos las informaciones sobre intentos de diálogo para encontrar una salida consensuada a la crisis. Justo ahora en que se reanudaban conversaciones y se sentaban las bases para reanudar tales propósitos, se produce una medida descabellada. Quieren acabar con un periódico prestigioso: ¿así entiende la revolución bonita, el socialismo del siglo XXI, cómo hay que superar desde la unidad los desafíos de la emergencia sanitaria, fomentar los acercamientos y recuperar hábitos democráticos?
Por eso, el embargo es algo más. Es un oprobio al pueblo y a la historia de Venezuela, a un medio de comunicación y todo lo que simboliza, a sus profesionales, a las esencias del periodismo, a los valores de la libertad de expresarse y del pluralismo. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha sido contundente al respecto, después de solidarizarse con el periódico. Su presidente, Jorge Canahuati, manifestó: «El embargo político contra el diario El Nacional quedará en la historia de este siglo como uno de los más grandes atropellos contra la libertad de prensa en las Américas».
No hace falta decir más.
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