Seguro que este fin de semana se hablará del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (coloquialmente, la plusvalía), en Torremolinos (Málaga), que acoge la jornada ‘40 años de la FEMP, Proximidad y Poder Local’. Ya saben: el Tribunal Constitucional (TC) ha anulado una serie de artículos de la Ley de Haciendas Locales que establecen un método para calcular los porcentajes de dicho Impuesto. El criterio es que el suelo urbano siempre se revaloriza. De hecho, antes de iniciarse la jornada, la junta de gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias aprobó una declaración que es, en sí misma, una reivindicación de forma que “se garantice la seguridad jurídica de los ciudadanos y los gobiernos locales y la correspondiente recaudación para las haciendas locales”.
Escucharemos, por tanto, el lamento y el grito de los municipalistas de todos los colores porque el agujero en las arcas municipales puede ser tremebundo. Se calcula que de unos dos mil quinientos millones de euros anuales. A la espera de la publicación de la Sentencia por parte del Alto Tribunal, la aludida declaración de los rectores de la federación municipalista recoge, en este sentido, la petición de dotar un fondo de compensación a los Ayuntamientos por las cantidades no recaudadas, y añade que “este concepto debe hacerse extensivo a las pérdidas de recaudación originadas por las anteriores Sentencias del Tribunal Constitucional”. Finalmente, la FEMP pide al Parlamento de España que tramite de urgencia las normas que sean precisas para poder hacer efectivas estas demandas.
En ese aspecto, otra carga para el Gobierno en plena fase inicial de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Desde el ejecutivo, se han escuchado las primeras voces de compromiso: hay que dar respuesta a esa merma, para el Gobierno está muy claro el papel histórico de los ayuntamientos, tenemos con ellos un compromiso absoluto... Es más, la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha anticipado, en medio de la desazón inicial tras conocerse la resolución del TC, que las corporaciones locales “en este ejercicio van a recibir el mayor de los ingresos por el Estado”. Y lo que es más: quiere darse prisa el Gobierno pues la propia ministra afirma disponer de unos borradores de respuesta que habrá de madurar y concretar a la espera de conocer el contenido de la sentencia.
La suerte está echada: auxilio del Gobierno al margen, hay que idear y concretar una nueva fórmula que acabe con esta inestabilidad. Ánimo, munícipes,
1 comentario:
Algo está muy claro, cristalino; y no se quiere decir. El impuesto de Plusvalía no es legal, no es constitucional, y ello parece por lo que apreciamos, algo menor, una piedra en el camino de los políticos, que dicho sea de paso, se caracterizan en una gran mayoría por sus despilfarros y su falta de respeto por el dinero de los contribuyentes, que cuesta muchísimo conseguirlo. Y hay quienes dirán que el impuesto de Plusvalía es elitista, que solo afecto a aquellos que son propietarios de suelo urbano, pero el TC está para cuidar que se respeta la legalidad, y ha dicho que "no es constitucional". Ocurre lo mismo con el IBI.
La historia es muy sencilla. Los políticos, han gobernado desde 1978 a golpe de impuestos, no han sabido invertir, solo han gastado y gastado con impuestos de aquí y de allá, les ha fallado la imaginación, la inventiva. Y eso es una mal negocio, sobre todo para los que pagamos. Y quiero dejar constancia de que la Sentencia del TC va a servir de muy poco, porque el Poder Legislativo rodeará la montaña y conseguirá sacar un nuevo conejo de la chistera. La falta de Aptitud de nuestros gobernantes nos sale muy cara. Es muy dificil manejar presupuestos multimillonarios, y para aquellos que no han gestionado ni un humilde puesto de pipas es casi imposible hacerlo si no se acude al ingenio, las reglas, el respeto y la mesura.
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