Al final, tanta incertidumbre y tanto empeño, tanto afán, se fueron al limbo y lo único que ha obtenido el Gobierno de Canarias es que la Liga de Fútbol Profesional (LFP) haya presentado una demanda en su contra en la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
El ejecutivo, ya saben, tiró de normativa para declarar el encuentro entre Tenerife y Las Palmas "de interés general", con el finde que fuera transmitido en abierto por televisión. Los derechos audiovisuales los tiene quien los tiene y el canal de pago hizo valer la defensa de los mismos. Hasta la misma noche del sábado se estuvo especulando -¿se imaginan esos teléfonos a tope, esas gestiones al más alto nivel, esas llamadas de terceros?- pero los esfuerzos resultaron baldíos.
El planteamiento de la LFP consistió en esgrimir la derogación de la ley invocada en la orden de la consejería de Educación, Cultura y Deportes -popularmente conocida como "Ley Cascos"- al entrar en vigor en mayo del pasado año, la Ley General de la Comunicación Audiovisual. Advirtió, además, de los perjuicios que podría causar en la comercialización de la transmisión y eso es, probablemente, lo que ahora intentará resarcir.
O dicho de otra manera: entabla acción jurídica con el fin de sentar un precedente para que no haya más gobiernos autonómicos que tengan la tentación de hacer lo mismo.
Conclusión: el encuentro sólo pudo ser visto en Canal+, como era lógico.
Cuarenta y ocho horas después del encuentro, nadie del Gobierno ha ofrecido una explicación. Sencillamente, una palabra de justificación. Se dirá que ya estaban dadas antes del encuentro, cuando interesaban, especialmente las que podrían sustentar la decisión de la declaración. Pero, después de la controversia, parecía consecuente una manifestación, siquiera de lamento.
Si alguien afirma que el ejecutivo ha hecho el ridículo en este asunto es probable que no exagere. Tan acostumbrado a los gestos y al populismo, jugó una carta pero resulta que "la mala", en la última mano, estaba en manos de quien pujó en su día, ganó y ahora aplicaba sus derechos. Por eso reclama la nulidad de la determinación del que, sin ir de farol, envidó a lo grande.
A fin de cuentas, si no era transmitido en abierto, tampoco pasaba nada. Pero el problema viene ahora: si después de tanto esfuerzo, encima con el contencioso, el Gobierno es condenado y le dicen que actuó temerariamente. No vuelve a hacer una declaración de este tipo en su vida.
1 comentario:
Comentaba anoche este asunto con otro docente y nos preguntábamos atónitos cómo era posible que los medios de comunicación permaneciesen en silencio, pero como así son los andares del "maestrito de El Sauzal" (el entrecomillado es de Juan Manuel García Ramos), aguantemos hasta el partido de vuelta. Que será, no lo dudes, de interés general. Aunque tenga que 'pegar otra caña'. Menudo es nuestro hombre jugando al envite.
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