Parece
un sarcasmo, pero no lo es, desde luego. Será un representante del
partido ultraderechista Vox quien presida la comisión de Cultura y
Patrimonio Histórico del Parlamento de Andalucía, en la que,
finalmente, queda residenciado todo lo concerniente a la memoria
histórica, concepto al que ponen todos los reparos posibles hasta el
punto de haber forzado al Partido Popular -al que apoyan en la Junta-
a sustituirla por una inicialmente denominada Ley de Concordia. La
norma andaluza de Memoria Histórica fue aprobada sin votos en
contra, pero eso da igual con tal de estrechar asideros
gubernamentales y satisfacer anhelos ideológicos.
No
es un sarcasmo, no. Esa presidencia, el mismo cambio de denominación
y la supresión de la idea sin ambages anticipan los derroteros. La
resistencia a reparar olvidos, abandonos, daños morales,
oscurantismos históricos e injusticias así como a eliminar
simbología y derivados del régimen político anterior a la
democracia, va a cobrar relevancia a tenor de los escarceos políticos
que se van apreciando. Mucho cabe temer que esa comisión y el
tratamiento de las competencias que le sean asignadas sean un campo
de confrontación ideológico-política que, tal como van las cosas
últimamente en este país, abonará el encono y la crispación. Cabe
prever que volverá a hablarse -ojalá que no- de revanchismo, de
guerracivilismo, de inmovilismo, de reescritura de la historia y de
un tercer tiempo que solo servirá para acentuar las diferencias. Si
con ello, llegado el caso, es recurrente para desviar la atención de
otros asuntos más gruesos y más delicados, misión cumplida.
No
es un sarcasmo, claro que no. Que sea la formación ultraderechista,
la partidaria de acabar con estos planteamientos memorísticos, la
que presida ahora una comisión parlamentaria donde van a ser
tratados y debatidos -es un decir-, resulta que ni adrede. Esa
formación aspiraba a contar con una Comisión de Familias -menos mal
que sin municipios ni sindicatos: hubiera sido ostensible, si nos
permiten la digresión- pero la complicación de desgajar
competencias de varios departamentos de la administración andaluza y
los riesgos de solapamiento, impidieron que se consumara la
intención.
La
realidad es que quienes han llegado a menospreciar voluntades y
normas, quienes han pecado de fanatismo excluyente, hasta el punto de
hablar de una “España de memoria hemipléjica”, no solo tienen
presencia en las instituciones legitimada por las urnas, sino que van
haciéndose en el seno de las mismas con comisiones y otros resortes
que a ver cómo emplean, dados los antecedentes que van amontonando.
De “logro a nivel ideológico y acicate para el movimiento
memorialista” hablan tras esa presidencia en organizaciones
autonómicas y locales que, pese a muchas carencias, siguen empeñadas
en ofrecer respuestas rigurosas a multitud de dudas y de incógnitas.
Ojalá la incertidumbre de los comienzos, con estas peculiares
declaraciones de intenciones, se despeje con razones y de manera
cabal. Pero, sobre todo, con respeto y tolerancia.
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