Oportunidades de empleo hay, luego no son de extrañar las cifras positivas de ocupación o de contratación que se ofrecen periódicamente, también en Canarias. Siempre dijimos que era primordial la voluntad política, principalmente a la hora de crear las condiciones adecuadas para generar yacimientos que, debidamente cultivados, habrían de sustentar el fomento de la empleabilidad. Lo que no preveíamos –y eso que desde hace años nos hemos movido en contextos de crisis- es que las condiciones y las oportunidades subsiguientes iban a surgir tras la pandemia, cuando los nubarrones se volvían más negros y el marco de opciones, con sectores productivos al límite del estrangulamiento, se estrechaba considerablemente.
El Gobierno de Canarias también está dando respuestas positivas. El Servicio Canario de Empleo (SCE), organismo adscrito a la consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del ejecutivo autónomo, convoca subvenciones, por primera vez con carácter plurianual, para programas de formación con compromiso del 40%, al menos, de las personas desempleadas participantes por importe de ocho millones de euros durante el periodo 2022-2023, con cuatro millones en cada ejercicio.
Los empresarios deben estar atentos a la resolución ya publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) con la firma de la consejera del ramo, Elena Máñez, que es, a su vez, la presidenta del SCE. Consigna la concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva a empresas y entidades de formación durante 2022 y próximo año con cinco plazos de presentación de solicitudes a través de la sede electrónica de la admin istración autonómica: veinte días hábiles desde el pasado jueves y del 15 septiembre al 14 de octubre, para el actual ejercicio; entre el 20 de enero y el 28 de febrero, del 10 de mayo al 16 de junio, y 15 de septiembre al 16 de octubre, para la siguiente anualidad.
Según informa la consejería, entre los diversos requisitos de las acciones formativas del catálogo de especialidades del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) no conducentes a la obtención de un certificado de profesionalidad, con inclusión obligatoria de materias como inserción laboral, sensibilización medioambiental o igualdad de género, destaca un compromiso de contratación para el 40 % del alumnado final durante seis meses como mínimo en caso de jornada completa y de nueve meses a tiempo parcial.
Este último apartado nos parece importante. Ese compromiso es todo un estímulo para quienes se acojan a la modalidad que se regula en la resolución. Ya lo deben aprovechar las empresas: son subvencionadas aquellas que contraten personas desempleadas.
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