RECURSOS PARA LA FORMACIÓN

 

Ahora que aparece un déficit de camareros, por ejemplo, salta a un primer plano la formación en el sector turístico. En pleno proceso de recuperación de una crisis que lo golpeó, principalmente con destrucción de empleo, hay que poner el foco nuevamente en la formación profesional para poder moverse con mejor bagaje en el mercado laboral.

Ha reaccionado con prontitud el Gobierno de Canarias, más allá de la carencia señalada, y ha expuesto a las confederaciones empresariales las dos convocatorias que están en vigor para programas con compromisos de contratación por importe de ocho millones de euros hasta el próximo año y para la denominada ‘cualificación a la carta’, dotado con otros siete millones de euros. Se trata, pues, de modificar los planes de las subvenciones para formación. Difícilmente, es cierto, podrán encontrarse antecedentes de tanto dinero público en forma de ayudas directas.

La iniciativa del Servicio Canario de Empleo trata de favorecer la presentación del sector empresarial a las convocatorias vigentes de subvenciones públicas para la necesaria adaptación del mercado laboral. El viceconsejero de Empleo del Gobierno autónomo, Gustavo Santana, señaló que la convocatoria se alinea con las estrategias autonómicas de crecimiento económico, diversificación productiva y mejora formativa, las cuales se desarrollan en un momento clave para la digitalización y la sostenibilidad.

Santana, junto a la directora general del Servicio Canario de Empleo (SCE), Dunnia Rodríguez, detallaron a los responsables empresariales las próximas ayudas por valor de ocho millones de euros para programas formativos con compromiso de contratación, al menos, del 40% de las personas desempleadas que completen las diferentes acciones durante 2022 y 2023, una convocatoria abierta por primera vez con carácter plurianual (cuatro millones en cada ejercicio).

La resolución, a la espera de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), establece para las empresas y entidades de formación un total de cinco plazos para la presentación de solicitudes en concurrencia competitiva a través de la sede electrónica de la administración: veinte días desde el anuncio en el BOC y del 15 septiembre al 14 de octubre, para el ejercicio de 2022; entre el 20 de enero y el 28 de febrero, del 10 de mayo al 16 de junio, y 15 de septiembre al 16 de octubre, para el ejercicio de 2023.

Asimismo, define como colectivos desempleados con prioridad para las acciones formativas del catálogo de especialidades del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) no conducentes a la obtención de un certificado de profesionalidad, con inclusión obligatoria de materias como inserción laboral, sensibilización medioambiental o igualdad de género, a las personas menores de 30 y mayores de 45 años, paradas y parados de larga duración, ciudadanía con discapacidad o mujeres víctimas de violencia de género, con un compromiso de contratación para el 40 % del alumnado final durante seis meses como mínimo en caso de jornada completa y de nueve meses a tiempo parcial.

Además, Gustavo Santana y Dunnia Rodríguez recordaron a las confederaciones empresariales la anterior convocatoria de otras subvenciones por valor de casi siete millones de euros a empresas, agrupaciones empresariales y entidades sin ánimo de lucro con el objetivo de financiar acciones para la cualificación y recualificación de la población activa (alrededor de doce mil quinientas personas) en sectores estratégicos y transición ecológica.

Enmarcada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, principal estrategia del Gobierno de España para canalizar los fondos destinados por la Unión Europea (UE) a reparar los daños provocados por la crisis de la COVID-19 a través del instrumento Next Generation EU, la convocatoria vigente fijó de plazo hasta el 9 de junio para presentar proyectos de actualización y adquisición de competencias profesionales o la acreditación de capacidades obtenidas a través de la experiencia laboral, un novedoso sistema para la formación a la carta del personal por parte de empresas y entidades sin fines de lucro.

Por último, también en concurrencia competitiva, las nuevas ayudas con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) establecieron un máximo de doscientos mil euros para empresas (hasta el 33 % del importe total del presupuesto disponible) y entidades sin ánimo de lucro (hasta otro 33 %) o de cuatrocientos mil euros a grupos empresariales (hasta el 33 % restante) para el desarrollo hasta final de 2022 de acciones formativas desde 30 hasta 60 horas en modalidad presencial o mixta (presencial y telemática) entre trabajadoras y trabajadores o personas desempleadas, con preferencia para mujeres, menores de 30 años, mayores de 45, ciudadanía con baja o sin cualificación, con discapacidad y colectivos de difícil inserción o vulnerables como parados y paradas de larga duración.

O sea, que dinero hay. Se trata pues de aprovechar los recursos y facilitar el acceso a la formación. Se diría que no es una opción sino una obligación. Tal como están las cosas.