Costó,
costó lo suyo pero, por fin, Canarias ya dispone de nuevo Estatuto
de Autonomía. Con la facilidad que se emplea el término histórico
pareciera
que calificar el día de ayer de esa forma es un recurso fácil, pero
lo cierto es que las reformas contenidas en algunos aspectos
esenciales de su articulado son de tal influencia en la convivencia
futura de los canarios que habrá que añadir la fecha, 24 de octubre
de 2018, a las más relevantes de nuestra historia autonómica y
significarla como tal. Expresiones como estatuto
moderno o
estatuto
del siglo XXI o
se
cumple el sueño de los canarios o
el
texto nos permite disponer de más auogobierno han
sido repetidas entre cargos públicos y representantes
institucionales asistentes al debate.
El
pleno del Senado, en efecto, aprobó una norma de rango estatutario
que, como efectos principales, separa el Régimen Económico Fiscal
(REF) de la financiación autonómica y modifica sensiblemente el
sistema electoral canario. La nueva norma, que ha contado con un
amplio consenso político, entrará en vigor una vez se publique en
el Boletín Oficial del Estado.
Se
trataba de contar, por fin, con soportes válidos y sólidos
políticamente para encarar el porvenir y sus retos. Más allá de
lanzar cohetes o campanas al vuelo, los políticos asumen la
responsabilidad de desempeñar sus tareas con expectativas bien
fundamentadas, especialmente a la hora de afrontar las alternativas a
los desequilibrios y a las carencias y problemas que siguen
padeciendo amplios sectores sociales de las islas, como se ha puesto
de manifiesto en publicaciones y debates recientes.
Habrá
que estar atentos en las próximas semanas a los movimientos de
fichas para perfilar definitivamente la reforma del sistema electoral
insular, consignada en la Disposición Transitoria Primera. Ya saben:
se incrementa el número de diputados, de sesenta a setenta, y se
reducen los porcentajes de votos para acceder al Parlamento de
Canarias. La modificación determina la aparición de una innovadora
lista o circunscripción regional, concebida como impulso a la tan
deseada proporcionalidad que ponga fin a las desigualdades
electorales y a la sobrerrepresentación de las islas menos pobladas.
Las
preguntas son inmediatas: esta reforma, ¿ya es operativa en los
comicios autonómicos y locales de mayo de 2019?, es decir, ¿ya se
aplica con todas las consecuencias? Tendrán que acordar previamente
todas las formalidades para saber si hay una sola papeleta con las
dos candidaturas (insular y regional) de colores distintos o dos
urnas diferenciadas. Y tendrán que explicarlo muy bien para superar
las confusiones que barrunta, por ejemplo, el foro cívico Demócratas
para el Cambio (DPC), un colectivo que ve colmado su trabajo durante
unos cuantos años, empeñado en esta modificación del sistema. Hay
quien opina que algunos harán todo lo posible para que subsistan los
principios de la triple paridad en los que descansa el vigente modelo
de proporcionalidad y asignación de escaños.
Será
el Parlamento de Canarias el que tenga la última palabra o el propio
ejecutivo, en caso de que se produzca una falta de acuerdo, a la hora
de despejar las dudas de cuándo y cómo se vota.
Pero
bueno, a la espera de resolver esas dudas, la fecha entra en la
historia, sí.
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