Pues
resulta que el operativo dispuesto por la Inspección de Trabajo
revela que Canarias era la crónica de un fraude laboral notable y no
publicado. Trabajadores contratados sin causar alta en la Seguridad
Social, contratos a tiempo parcial pero trabajando a tiempo completo
sin cobrar por ello, autónomos que no constaban como tales... Y así,
una plétora de irregularidades que aconsejaban la actuación de la
Inspección, promovida en su momento por la que fuera vicepresidenta
del Gobierno, Patricia Hernández, y continuada por la actual
consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido.
La
plétora es de tal nivel que basta la exposición de las cifras para
contrastar la gravedad de un problema que menoscaba la dignidad del
trabajador y del empleo mismo. Por eso, lo importante ahora es que
haya una respuesta adecuada por parte de las empresas, de los
empleados, de los autónomos y hasta de las propias centrales
sindicales: es como un borrón y cuenta nueva, casi un volver a
empezar. Los resultados, desde luego, son una especie de lección
para todos. Una vez aprendida, se trata de aplicarla y de no incurrir
en deficiencias e incumplimientos. A ver si entre todos se destierra
esa cultura de picaresca que tanto daño causa cuando se practica
impunemente.
Veamos
las cifras: la Inspección de Trabajo ha detectado, entre enero y
septiembre del presente año, diez mil empleos fraudulentos en la
Comunidad Autónoma. Diez mil, ¡eh!, un 30 % de los cuales carecía
de contrato laboral. Del proceso de normalización de esos puestos de
trabajo se desprende que seis mil, en la modalidad de a tiempo
parcial, correspondían a tiempo completo, en tanto que fueron
detectados unos mil parciales con horas de alta inferiores a las
reales. Eso seis mil contratos temporales se han convertido en
indefinidos. Ya el año pasado, los resultados fueron alentadores
pues fue posible mejorar la situación de dos mil setecientas
diecinueve personas que tenían contratos irregulares o no estaban
dadas de alta en la Seguridad Social,
La
Inspección ha acometido un plan extraordinario en el que han sido
consignados mil doscientos ochenta expedientes abiertos a empresas.
El plan tenía como finalidad principal combatir el fraude en la
contratación laboral. Se calcula que esta fase del plan, comprendida
entre enero y septiembre del presente año, ha facilitado regularizar
la situación de diez mil trabajadores que habían firmado contratos
fraudulentos o carecían de ellos. Los resultados han sido tan
positivos que otros treinta y dos inspectores del Estado reforzarán
la actual plantilla que trabajará a fondo durante el presente mes y
el próximo de noviembre.
La
consejera del ramo en el Gobierno de Canarias, Cristina Valido, se
muestra no menos entusiasmada con la efectividad de las acciones
desarrolladas y ha anunciado que estas actuaciones “han servido de
base para la elaboración del recién presentado Plan Director por un
Trabajo Decente 2018-19 y 20”, ramificación, mediante convenio,
del Plan estatal. En un momento de crecimiento del empleo, la
iniciativa pretende generar y mantener el trabajo de calidad: “Vamos
a acabar con el abuso”, afirmó Valido.
Todo
da a entender que se va por buen camino, pues se va generando un
nuevo modus
operandi. Los
sindicatos podrían aprovechar hasta para hacer una pedagogía
laboral que siempre será útil teniendo en cuenta el
desconocimiento, la baja sensibilidad y el escaso apego de quienes
encuentran empleo a formarse en defensa de sus derechos y de unas
mejores condiciones profesionales.
Ojalá
cundan los ejemplos y se pueda avanzar por esta senda que conduce a
un empleo digno. Pero solo se alcanzará la meta si todos son
conscientes de que hay que cultivar este nuevo comportamiento que, no
lo olvidemos, ha precisado de una intensa inspección.
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