Estaba
entre las prioridades del discurso que sustanció la moción de
censura de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy: derogar, al menos
parcialmente, la Ley de Seguridad Ciudadana, también identificada
como Ley
mordaza. Van
pasando los meses y el propósito sigue siendo eso, una formulación
que, dadas las circunstancias políticas, tendrá que esperar. Hay
que proveer mucho y bien para afrontarla, especialmente desde el
punto de vista parlamentario. La fragilidad actual del partido
gubernamental, como se ha comprobado, no aconseja abrir otra lata so
pena de agravar la situación intramuros, pues ya se ve lo fácil y
cómodo que resulta agitar algunos espantajos. Cuestión de
oportunidad, pues.
La Ley,
recordemos, fue severamente criticada al ser interpretada, en muchos
aspectos, como un retroceso de las libertades públicas. Hasta
cuarenta y cuatro conductas delictivas se consignan en la norma.
Reprender antiguas faltas con sanciones más severas y sin sumisión
al previo control judicial era elevar el listón autoritario en un
espacio democrático donde es muy fácil traspasar las líneas que
separan los derechos de manifestación y huelga, máxime cuando hay
especialistas que, sin mayor rubor, se encargan de revolver con
finalidades muy claras de algarada, desorden, tumulto y represión.
El
caso es que Canarias es la tercera comunidad autónoma, después de
Andalucía y Valencia, donde más sanciones se imponen consecuencia
de la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana. Así se desprende
del contenido de un informe del Ministerio del Interior que desmenuza
muy bien Miguel Ángel Montero en La
Opinión de
Tenerife. Desde la entrada en vigor, en julio de 2015, hay
notificadas en las islas casi cincuenta mil multas, una tendencia
creciente que se refleja también en el importe de las sanciones, un
60 % más de 2017 a 2016, al pasar de 7,3 a 11,7 millones de euros.
Canarias, junto a Andalucía y Valencia, superan los diez millones de
euros de recaudación en un año. Con esos registros sobre la mesa,
se calcula que los canarios abonan diariamente, por este concepto de
aplicación de la Ley
mordaza, treinta
y dos mil euros. Por provincias, en 2017, Las Palmas contabilizó
catorce mil dos notificaciones de sanción por cinco mil novecientos
noventa y nueve de Santa Cruz de Tenerife. En el mismo orden, en
cuanto a recaudación se refiere, 8,4 y 3,3 millones de euros.
Tres hechos que
llaman la atención en el relato de Montero: más de quince mil
multas impuestas en el Archipiélago por tenencia o consumo de
sustancias estupefacientes en calles o espacios públicos; las
cursadas (hasta setecientas doce) por tenencia o uso de armas o
explosivos y un caso, en la provincia de Las Palmas, por utilización
indebida o no autorizada de uniforme de la Policía Nacional o de la
Guardia Civil.
Canarias, en fin,
territorio donde esta normativa que regula la seguridad ciudadana
destaca por cifras preocupantes en el ámbito de su aplicación.
Veremos cuál es la suerte de la Ley.
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