La
última entrega del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)
aporta un dato significativo que se corresponde, seguro, con las
circunstancias derivadas de la pandemia: el 84 % de la población
está a favor de que el Gobierno conceda el denominado Ingreso
Mínimo Vital
(IMV) a las personas y a los sectores más vulnerables y más
necesitados. El
IMV figuraba en el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos
"como una de sus principales medidas para reducir la tasa de
pobreza de España” pero la crisis provocada por la pandemia de la
COVID-19 ha agilizado la voluntad política y acelerado su puesta en
marcha. El Ejecutivo espera que las cien mil familias más
vulnerables puedan empezar a cobrarlo “casi desde el primer día”,
una vez que entre en vigor.
Se
trata de revisar o corregir los altos niveles de pobreza contrastados
en el país. Hace apenas dos semanas, el Fondo Monetario
Internacional hizo público un informe en el que consignaba que las
políticas redistributivas del Estado son de las peores de Europa y
apenas logran reducir la desigualdad.
Dos
ministerios coordinan la creación y aplicación de esta figura. Por
un lado, el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, cuyo
titular es José Luis Escrivá; y el de Igualdad, a cargo de Irene
Montero. Parten de una premisa: la nueva prestación ha de responder
a las necesidades más apremiantes en el trabajo de cuidados, tanto
para las familias vulnerables que lo precisen como para los
colectivos laborales vinculados a esas tareas. En este último grupo
se encuentran las trabajadoras de hogar y las que atienden a personas
dependientes.
El
ejecutivo estima que alrededor de un millón de hogares pudiera
acceder a esta renta, alrededor los cuales la mitad tienen menores a
su cargo, en tanto que al menos setenta mil cuentan con un único
progenitor. Los estudios –con una experiencia avanzada en
Finlandia- convergen en que para salir de la pobreza no será
suficiente un ingreso mínimo sino que será necesario que estas
personas, con muy escasos recursos, dispongan de un empleo. Para
ello, es imprescindible que la renta mínima no genere trampas de
pobreza, esto es, que no
desincentive la búsqueda de empleo.
Si los beneficiarios de una renta mínima se conforman con un pequeño
subsidio, será muy difícil mejorar su situación económica. Así
de sencillo.
En
España, hay algunos antecedentes. En Euzkadi, por ejemplo, funciona
la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Se trata de una ayuda
pública, financiada en este caso por la comunidad autónoma, que va
desde 693 euros a 985 euros por unidad familiar en función del
número de hijos. La diferencia es que en este caso no se trata de
una renta básica, sino una renta mínima, esto es, beneficia
únicamente a los hogares con menos recursos. En total, hay en torno
a cincuenta y dos mil beneficiarias.
La información del Gobierno vasco señala que la RGI reduce la
pobreza entre los perceptores en un 85 %, lo que supone un gasto
mensual de unos treinta y cinco millones de euros.
Por
lo que respecta al Ingreso Mínimo Vital que nos ocupa, en los
cálculos que manejan ambos ministerios la cuantía de la prestación
oscila entre los cuatrocientos sesenta y dos euros para las
situaciones unipersonales hasta los mil quince euros en el caso de
aquellas familias que estén formadas por dos adultos con dos menores
a su cargo. Uno de los requisitos indispensables para poder acceder a
esta ayuda consiste en "tener residencia legal y efectiva en
España, y haberla tenido de forma continuada e ininterrumpida
durante al menos el
año anterior a la fecha de presentación de la solicitud".
Esta circunstancia se deberá acreditar con el registro central de
extranjeros o el respectivo documento que demuestre la condición de
residente legal, tal y como se deduce del documento.
El
ministro Escrivá ha insistido en que se trata de una prestación
destinada al hogar. Adelantó que llegará a un millón de domicilios
familiares, la mitad de ellos con niños. En torno a un 10 % irá a
parar a familias monoparentales. La medida será permanente y se
mantendrá una vez se levante el estado de alarma en el territorio
nacional.
Día
69 de la alarma
Tiene
razón quien haya puesto en circulación un pensamiento: “El virus
más grande de la tierra sigue siendo el comportamiento humano”,
acompañado de una sucesión de fotos en las que se ve guantes,
mascarillas, plásticos, profilácticos abandonados o tirados en vías
públicas y paseos. La estampa es desoladora. La sensación de que no
hemos aprendido nada y no escarmentamos, por muchas apelaciones que
se hagan al civismo o lo que es igual, al respeto elemental de
ciertas normas de convivencia, se apodera sin justificación posible.
Un comportamiento inaceptable a cargo de quien lo protagoniza. Y a lo
peor se queja.
El
director de Loro Parque Fundación, Javier Almunia, doctor en
Ciencias del Mar por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y
Máster en Gestión Ambiental por el Instituto de Investigación
Ecológica, ha sido reelegido presidente de la Asociación Ibérica
de Zoos y Acuarios (AIZA). Además de su permanente ejercicio
científico, reflejado en investigaciones, presentaciones y numerosos
artículo en publicaciones especializados, Almunia hace gala de una
humanidad fuera de lo común. Así lo hemos constatado personalmente.
Ahora mismo, sigue empeñado, en un trabajo coordinado entre los
ministerios de Sanidad y Turismo y el Instituto para la Calidad
Turística Española (ICTE), en la elaboración de la guía
sectorial que permita volver a visitantes a los parques, zoológicos
y acuarios de toda España de forma segura. Su reelección debe
enorgullecer al propietario de Loro Parque, Wolfgang Kiessling. En su
día, año 1999, hizo un fichaje sensacional.
El
coronel de Infantería y periodista, ya jubilado, Carlos Ramos
Aspiroz, ya sale de casa. Le vemos, pasado el mediodía, acudir al
quiosco, comprar el periódico y sentarse en un banco próximo a la
pila de la plaza del Charco, fumando uno o más cigarrillos. Ramos
estudió en la antigua Escuela Oficial del Periodismo y se acuerda de
los nombres de los integrantes de su promoción. A sus ochenta y
tantos, sigue bregando.
Falleció
Astrid Kirchherr, la fotógrafa de The Beatles, que estuvo junto a
Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison en las célebres
vacaciones en Tenerife en 1963, después de haber grabado el álbum
Please, please me.
El escritor e historiador orotavense, Nicolás González Lemus,
recoge su presencia en los estudios y las publicaciones de aquella
estancia. Estaba muy apegada, por su profesión, a Klaus Woormann,
músico, compositor y fotógrafo que compartió aquellas vocaciones y
estuvo presente en los actos conmemorativos del cincuenta aniversario
de aquel acontecimiento. Paul McCartney publicó en
facebook
un sentido mensaje de despedida. En dicha red, por cierto, han
vuelto a circular las fotos de aquel encuentro en las piscinas del
Lido San Telmo, donde Astrid y Paul aparecen juntos, él por cierto,
con un atuendo nada apropiado: camisa de manga larga y abotonado
hasta el cuello.
Ha
sido imposible hablar con Santiago Díaz Baeza, ex secretario del
Ayuntamiento portuense. Se quedaba sin cobertura.
La
jornada termina con la buena noticia de los avances en la obtención
de la vacuna para prevenir la COVID-19. Más importante que la fecha
es que no haya pugnas por la paternidad. Pero eso, tal como han ido
evolucionando las cosas, será poco menos que imposible. La situación
de la pandemia en América, por cierto, es escalofriante. Pero como a
Trump y Bolsonaro les da igual, se cumplirá el dicho, muy repetido
por Díaz Baeza: “Si algo malo puede pasar, pasará”. O lo que es igual: toda mala situación tiende a empeorar.
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