Presupuestos de 2023,
los últimos de la legislatura. El proceso de elaboración ya está en marcha.
Parten de un techo de gasto, calificado de histórico en algunos medios,
estimado en ciento noventa y ocho mil doscientos veintiún millones de euros. El Gobierno ha dejado un
hueco para vincular las pensiones al Índice de Precios al Consumo (IPC), valor
numérico que refleja las variaciones que experimentan los precios en un período
determinado, o sea, el coste de la vida. En teoría, pues, las pensiones, con
una inflación disparada, las pensiones subirán favoreciendo el poder
adquisitivo de los casi nueve millones de pensionistas españoles.
Se prevé que este
aumento suponga un diez por ciento de la partida presupuestaria que aprobará el Ejecutivo. Con la
aprobación del nuevo techo de gasto la inyección a la Seguridad Social
repuntará en unos mil quinientos millones de euros. De esta forma, el Gobierno ha comenzado a hacer frente a
la demandada subida de las pensiones y a la par contener el gasto en línea con lo
que están pidiendo las instituciones de la Unión Europea. No obstante, según la Autoridad Fiscal, el
Gobierno necesita hacer un esfuerzo para poder pagar las pensiones y
cumplir con la recomendación del ejecutivo comunitario de subir el gasto solo
un 3,3 %.
A la espera de las
entrañas del debate, lo que los pensionistas quieren es estabilidad, seguridad.
O sea, certidumbres, que no se compliquen ni eternicen ni den pie a
especulaciones las posibles discrepancias que pudieran surgir. El ministro de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ya ha anticipado
que las pensiones se van a revalorizar con la inflación media que haya en el
mes de noviembre. Se trata, aparentemente, de una subida irrevocable.
El titular de la cartera
de Seguridad Social mantiene su posición ante unas previsiones de que la
inflación decrezca, es decir, que el IPC se mantenga o se reduzca, más aún con
las medidas tomadas por el BCE para enfriar la economía y reducir la
inflación. “Lo que va a hacer la inflación probablemente es bajar no subir. Estamos hablando
d escenarios extraordinariamente improbables. Siempre se pueden diseñar escenarios de cola extremos y
especular sobre ellos, pero así no se hace la política económica” ha afirmado
Escrivá.
Es bueno recordar algunos
hechos y los datos que acompañan: la economía española, por ejemplo, ha
rebajado la previsión del crecimiento del próximo del 3,5 al 2,7
%. También ha revisado al alza el deflactor del consumo (índice similar al
IPC), que alcanzará este año el 7,8 %, a causa de la crisis energética derivada
de la guerra en Ucrania, frente al 6,1 % previsto en abril en el Programa de Estabilidad. En
2023 se situará en el 2,9 %, siete décimas más de las estimaciones anteriores.
Lo que no varía con
respecto a las previsiones de abril son las estimaciones de déficit y deuda. El endeudamiento cerrará este año y el que
viene en el 115,2 % y
el 112,4 % del PIB,
respectivamente. La deuda no bajará
del 3 % del PIB hasta
2025.
También habrá pequeños
cambios en el reparto presupuestario de cara a 2023: las comunidades autónomas tendrán más margen de gasto trasladando el
objetivo de déficit del 0,1 % al 0,3 %, en detrimento de la
Administración General del Estado que recorta en dos décimas su objetivo
deficitario del 3,4 % al 3,2 %. También se relaja la referencia
de superávit de las entidades locales,
del 0,2 % al 0,1 %.
En fin, primero
escarceos presupuestarios antes del descanso veraniego. Veremos cómo se van
desarrollando los acontecimientos y si las previsiones no dan pie a conflictos
o contenciosos políticos.
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