A un periodista le parecen insuficientes las penas y, como aquel que
quiere más sangre, pedía ayer mismo, desde el digital que dirige, que debían
ser aplicadas a Zapatero y Pedro Sánchez. A saber por qué ha dejado fuera de la
lista de condenables a Felipe
González. Y eso que, como la inmensa
mayoría de los españoles, no ha leído la sentencia del Tribunal Supremo –sencillamente
porque será publicada en septiembre, después de que haya sido redactado el voto
particular de dos magistradas referido a su oposición a que uno de los
condenados ingrese en prisión-, en la que se condena a gobiernos socialistas de
la Junta de Andalucía al haber incurrido en el fraude en la gestión de recursos
públicos destinados al rescate de empresas privadas que se encontraban en
dificultades. Tampoco le han valido las razones que cabe esgrimir: los
socialistas ya depuraron responsabilidades políticas cuando los ex presidentes
de la Junta, Chaves y Griñán, dimitieron; y cuando registraron unos resultados
electorales que podían interpretarse como un castigo por los errores cometidos.
Ni siquiera que cuando fueron aprobadas las medidas, no se opuso grupo
parlamentario alguno, que también es un detalle no menor, pues el criterio de
los tribunales estriba en que la norma que sustanciaba la decisión eran
fraudulenta en sí misma y perseguía, según alguna interpretación, eludir la
legalidad.
Pero resulta casi anecdótica la petición del periodista en medio de la
controversia que envuelve el caso. Todo lo más, un afán justiciero, una
predisposición al castigo, sabiendo que el discurso o mensaje simplista prende
fácilmente y cuanto más cargado de bombo, antes calará en los destinatarios.
Aquí, con arreglo a la información de la que se dispone sobre la
respetable pero criticable sentencia, lo importante es la complejidad que la
caracteriza y que dará pie a interpretaciones jurídicas y tesis de todo tipo. El
caso juzgado, que ha hecho mucho daño a la institucionalidad andaluza, y, si
nos apuran, a la justicia y a la democracia misma, habría de servir para poner a prueba la
idoneidad y la capacitación de los mecanismos que, en el desarrollo
legislativo, se van ideando y aprobando para hacer frente a las tentaciones de
desviarse o de incumplir los procedimientos establecidos para la tramitación de
los expedientes que sustentan cualquier determinación, especialmente los
referidos a actuaciones financieras en materia de concesión de ayudas o
subvenciones. El dinero público es sagrado.
Pero, bueno, la sentencia es un hecho que marca un antes y un después,
con evidentes repercusiones políticas, aún cuando habrá que comprobar -con el texto de la
sentencia sobre la mesa- si se ha producido una intromisión en la separación de
poderes constitucionalmente establecida para criminalizar la acción de
gobierno. Hay que acreditar actos jurídicos concretos de los que pueda
derivarse responsabilidad penal. Por eso conviene aguardar a conocer el
contenido de la resolución del Supremo, sobre todo, a sus fundamentos
jurídicos, siquiera al conocimiento de los hechos declarados como probados. Hay
un camino que se abre y podría afirmarse que ya nada será como antes, aún
cuando ese camino entraña muchas incógnitas y algunas paradas que despejar.
Los
socialistas ya han empezado a justificar y a defender posiciones, materia que
se torna complicada porque van con el viento en contra, al menos anímicamente. Dar
la vuelta, posiblemente será la tarea más ardua que hayan tenido que afrontar. Por
consiguiente, lo prudente es no emitir una opinión al libre albedrío sino
esperar al dictamen de la sala de admisión del recurso de inconstitucionalidad que
ya se ha anunciado y, en su caso, a la deliberación y posterior resolución, tal
como prescribe en su articulado (del 159 al 164) la Constitución Española.
No hay comentarios:
Publicar un comentario