Hay que seguir hablando del Plan de Regeneración Democrática (PRD), aprobado días pasados por el consejo de ministros. Las organizaciones profesionales están transmitiendo sus aportaciones, de modo que se puede presumir un debate vivo y dinámico. La idea es clara: aplicar las medidas definitivamente aprobadas con tal de salvaguardar el derecho a la información veraz que recoge el artículo 20 de la vigente Constitución Española (CE). Los ejes de actuación del PRD, como ya se ha dicho, giran en torno a la transparencia, la pluralidad de los medios, el sistema de financiación y la independencia de los periodistas en el ejercicio de su labor.
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), que el pasado mes de mayo recibió positivamente la aprobación, por parte del Parlamento Europeo, del nuevo Reglamento de Libertad de Medios de Comunicación, se ha posicionado en cuanto ello suponía sanear el ecosistema mediático y proteger la libertad de prensa, así como garantizar los derechos de consumidores y medios de comunicación frente a las grandes plataformas y operadoras digitales. La Federación espera que el camino que se inicia con la aplicación del reglamento europeo consiga frenar el avance de la desinformación y permita fortalecer un periodismo basado en códigos éticos y deontológicos, regido por el principio de veracidad, independientemente de la línea editorial del medio.
Participamos de esa idea de la FAPE para la que es importante destacar la intención del ejecutivo de establecer unos criterios que definan qué es un medio de comunicación, en un marco jurídico y formativo que garantice tanto el acceso a la información veraz de la ciudadanía como las condiciones en las que desarrollan su labor los profesionales de estos medios. En este sentido, la FAPE apoya la reforma de la ley de publicidad institucional para introducir criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación, que incluyan sistemas de medición de audiencia como parámetro objetivo en la concesión de ayudas públicas a través de inversiones vía publicidad. Estos criterios redundarán, sin duda, en un reparto más transparente, justo y proporcional de las inversiones públicas, favoreciendo la pluralidad a la que tienen derecho los ciudadanos.
También estamos de acuerdo en que la FAPE pondere el impulso de una ley de secreto profesional de los periodistas, aceptada como garantía jurídica para la protección de fuentes y recuerda que, como organización nacional más representativa de los profesionales de la información, ha de formar parte de la comisión de expertos que debe abordar las reformas, incluyendo las leyes orgánicas de derecho al honor, derecho de rectificación o la denominada ‘ley mordaza’ que sanciona el uso de imágenes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por ser normas jurídicas que afectan directamente a periodistas y medios de comunicación. El gobierno, asimismo, sabe que la FAPE velará en todo momento para que no se produzcan cortapisas al libre ejercicio del periodismo en nuestro país.
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