El Consejo de Ministros aprobó ayer el denominado Plan de regeneración democrática que incluye treinta y una medidas divididas en tres ejes (administraciones públicas, medios y Parlamento y campañas electorales), es decir, un calendario que culmina en 2027, coincidiendo con el fin de la legislatura si no hay adelanto, y muchas incógnitas por resolver. Se trata, tal como consideraron tanto el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, como el de Cultura, Ernest Urtasun, de una “hoja de ruta”, que después se tendrán que concretar en proyectos de ley que a su vez serán negociados con los grupos en el Congreso.
La iniciativa, tal como reflejan informaciones de agencias que aquí reproducimos, sí recoge algunas certezas. Delitos como el de injurias a la Corona y ofensa a los sentimientos religiosos quedarán derogados. Una comisión del Congreso analizará la desinformación en los medios. La publicidad institucional estará limitada. Los debates electorales pasarán a ser obligatorios. Y también se incluye una indefinida modificación de la Ley de secretos oficiales, tantas veces reclamada por el PNV, un socio fundamental para la coalición del PSOE y Sumar. A continuación, veamos las principales claves del plan.
Se trata del apartado más polémico por sus implicaciones sobre la libertad de prensa, con el PP acusando al Gobierno de querer seguir la senda de países como Venezuela. El plan, que se inspira en una iniciativa de la Unión Europea (UE), y apoyada en su día por el partido de Alberto Núñez Feijóo, incluye la creación de un registro de medios de comunicación que dependerá de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en el que aparezca la información sobre sus dueños y la inversión publicitaria que reciben. Pero los criterios para poder formar parte de ese registro continúan abiertos.
Aquí también aparece la reforma de la ley de publicidad institucional para que no se puedan “falsear” las audiencias, garantizando una medición transparente y verificable. La regulación de la publicidad institucional ocupa un espacio muy importante en este esfuerzo. Así, las administraciones estarán obligadas a publicar cada año su inversión en los medios, se introducirán criterios de “transparencia, proporcionalidad y no discriminación”, así como se aprobarán límites en este apartado para acabar con la prensa “dopada”, impulsada o absolutamente dependiente de algún gobierno. Sobre todo, los autonómicos.
En cuanto a los bulos (parte de lo que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno denomina la “máquina del fango”), la propuesta plantea que una comisión específica del Congreso de los Diputados analice el fenómeno de la desinformación. Aun así, su composición y competencias están por definir.
El plan no incluye ninguna medida sobre los tribunales, pese a que Sánchez se comprometió a ello antes de llegar a un acuerdo con el PP para reformar la cúpula del Poder Judicial. Pero sí hay compromisos sobre reformas penales. El documento habla de la necesidad de impulsar “una reforma integral de los artículos del Código Penal que pueden afectar al derecho de libertad de expresión y a la creación artística, entre otros casos cuando se refiera a las instituciones del Estado, se trate de delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio público u otros supuestos, con el fin de darles una redacción homologable a los países de nuestro entorno y de atender a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.
Ni Urtasun ni Bolaños han querido aclarar si incluirá el fin de los delitos de injurias contra la Corona y las ofensas a los sentimientos religiosos, que en los últimos tiempos han generado condenas a cantantes de rap y humoristas. Pero fuentes del Gobierno han señalado después que sí serán derogados. En cambio, y a pesar de los esfuerzos de Sumar, el delito de enaltecimiento del terrorismo continuará en vigor.
En cuanto a la 'ley mordaza', su reforma también queda muy abierta, sujeta a la negociación con los grupos. De momento, se limita a la propuesta que ya lanzaron el PSOE y Sumar, tumbada en su día por el Congreso, sin incluir por el momento medidas como la prohibición de las pelotas de goma y las devoluciones en caliente. En cualquier caso, las sanciones a periodistas por cubrir las “acciones” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado quedarán sin efecto.
El plan establece la obligatoriedad de que cada año se celebre en el Congreso de los Diputados el debate sobre el estado de la nación, una costumbre que el Gobierno presidido por Sánchez ha incumplido reiteradamente. En los más de seis años que lleva en la Moncloa, solo ha tenido lugar una cita parlamentaria de este tipo, en 2022.
Al mismo tiempo, la participación de las distintas formaciones políticas en los debates electorales tampoco será optativa, como hasta ahora. Y cuando los medios publiquen encuestas en periodos electorales, estas deberán incluir también los microdatos, las “tripas” de los sondeos previas a la llamada “cocina”, como hacen los estudios del GESOP para Prensa Ibérica. “En ocasiones, parece que esas encuestas, más que conocer el estado de opinión, pretenden influir sobre ese estado de opinión”, ha señalado Bolaños.
Y por último, se reforzarán las sanciones para que los partidos políticos publiquen cada año sus cuentas y los diputados y senadores den a conocer sus bienes y declaraciones de interés, un deber que hasta el momento se incumple de forma reiterada.
“Queremos que las instituciones, y en particular los gobiernos, tengan mayor contacto con la ciudadanía, que sea más fácil para los ciudadanos conocer las medidas”, ha explicado el ministro Bolaños. En este sentido, se aprobará la “rendición de cuentas obligatoria” de los gobiernos, tanto el central como los autonómicos y locales, que tendrán que publicar sus compromisos adquiridos y el nivel de cumplimiento.
En este apartado también se inserta la reforma de la ley de secretos oficiales, que data de 1968 y es, por tanto, previa a la Constitución. De nuevo, sin concreción. La propuesta de la Moncloa fue tumbada por el Congreso hace un par de años, ya que grupos como el PNV y Unidas Podemos consideraron que no llegaba lo suficientemente lejos, al no desclasificar documentos hasta pasados cincuenta años. Como buena parte del plan, queda al albur de la negociación parlamentaria.
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