COHERENCIA ÉTICA

El martes amaneció con la noticia de la renuncia del magistrado Manuel Marchena Gómez a la presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La circulación de un wasap, cuyo contenido no solo ha contribuido a echar más pimienta al pote sino que ha propiciado una insólita búsqueda sobre su autoría y sobre el mensajero, impulsó a Marchena a tomar una determinación que, por un lado, impedía la cicatrización de la crisis abierta desde que a sus señorías, en el Supremo, les dio por escorarse hacia el estribor bancario en el asunto del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, las hipotecas vaya, por decirlo en lenguaje coloquial; y por otro, significaba, sencillamente, un acto de coherencia, de coherencia ética, acaso el último verso de una estrofa quebrada por mil y un avatares

Marchena se marchaba dejando testimonio de sus razones: “Jamás he concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal”. Y reafirmaba la independencia que caracterizó la trayectoria de su condición de magistrado, “pues siempre ha estado presidida por la independencia como presupuesto de legitimidad de cualquier decisión jurisdiccional”.

Los portavoces de las asociaciones de jueces coincidieron en elogiar lo que, en nuestra opinión, es algo más que un gesto: “Una lección de independencia”, “un acto de dignidad de personal y profesional que le honra” que está “a la altura de su calidad jurídica y profesional”, fueron algunas de las expresiones subsiguientes a la renuncia. Marchena ponía sus virtudes por encima de las suspicacias y de las componendas políticas que ponen en entredicho el vigente sistema de elección de los componentes del órgano de gobierno de los jueces, por lo demás perfectamente dotado de legitimidad democrática y ajustado a cánones constitucionalistas. Pero han pasado tantas cosas, es tan extendido el estado de duda y sesgo, también en la clase judicial, que un simple wasap, acreditativo de que aquélla no está exenta de manejos, ha bastado para que el magistrado Marchena no sucumbiera a la tentación. Bastante difícil de aceptar es que le “eligiesen” presidente -y no hay más remedio que entrecomillar el término- cuando aún estaban pendientes de asumir los vocales consejeros.

Los jueces son de carne y hueso, tienen sus ideales y sus simpatías políticas, pero de ellos se espera, como no puede ser de otra manera, la máxima imparcialidad, una acreditada independencia y el máximo esmero en la aplicación de la Ley. Miren por donde, la dimisión de Marchena, aparte de ser una raya más en el tigre de la crisis, sirve para que la justicia recupere credibilidad y para producir una profunda reflexión entre los propios jueces y los principales partidos políticos, de modo que sean capaces de perfeccionar el funcionamiento y traslucir la eficacia y agilidad en la administración y los procedimientos, a fin de cuentas lo que desea la inmensa mayoría de los justiciables. Lo ocurrido, desde luego, es un punto de inflexión que, más allá de la voluntad política, debe marcar un nuevo rumbo para un poder público, una justicia en la que la gente tiene que creer. Si no, la convivencia y la confianza se verán muy mermadas.

NO ES LUGAR PARA BRONCAS

Pero, ¿esto qué es?

Miren, la democracia es otra cosa. Y no se merece espectáculos como el vivido ayer en el Congreso de los Diputados. Y no, no se trata de exagerar ni de ponerse trascendentes. Al revés, duele tanto. Que en el 'templo de la palabra' -Ana Pastor dixit- el debate se confunda con el circo, lo tabernario sustituya al intercambio de criterios e ideas, que los insultos reemplacen a la elegancia oratoria, que algunas formas, en definitiva, sean las propias de un patio de vecindad, entristece. Sobre todo, a quienes tanto han trabajado para cualificar el parlamentarismo. Y a quienes creíamos que a estas alturas de la democracia -próxima a cumplir cuarenta años constitucionales, pese a todas las imperfecciones, la cosa iba a madurar. Duele mucho, de verdad. Porque los antidemócratas , que haberlos haylos, se están frotando las manos, dicen que este sistema no sirve para nada y consideran a todos los sujetos activos por igual, en una de las generalizaciones más injustas que se puede hacer, pero que parece inevitable. Los más resignados solo habrán aumentado su desafección. El nivel de encono y crispación es de tal magnitud que no ha sido difícil repetir la palabra vergüenza. Así no se construye democracia, ni se hace país, ni se da ejemplo edificante. El desprestigio de las instituciones -y aquí estamos ante una de las primeras del país- está bajo mínimos. Conductas, comportamientos -escupitajo incluido-, descalificaciones verbales, irrespeto y hasta expulsiones del hemiciclo, revelan que la democracia se resquebraja y que, próxima a cuatro décadas de convivencia, corre peligro. Gobierno, oposición y los grupos parlamentarios, los responsables políticos, los partidos que están allí representados, deben hacer todo un esfuerzo, una reflexión a fondo, sincera, productiva y ejemplarizante, para ganar sosiego y para hacer un firme propósito de la enmienda. Y es que, de verdad, no cuesta mucho. A estas alturas, se supone que habíamos madurado, que el nivel de comprensión y contraste ideológico iba a ser otro, que el proceder y la puesta en escena iban a estar caracterizados por comportamientos mucho más dignos.

Fue un día triste para la Cámara baja y para la democracia. Para la representación de la voluntad popular. Sí, de acuerdo, en otros parlamentos se han visto cosas peores, se han visto agresiones y tal; pero es que las Cortes españolas no están para eso, para algaradas tabernarias, para inspirar más desazón o más rechazo del que ya existe.

El Parlamento, sencillamente, no es lugar para broncas.

P.S.- Y salvando las distancias, el gesto de un párroco tinerfeño en el exterior del templo, dirigido a unos discrepantes, tampoco es muy edificante que digamos.

¡Vaya otoño caliente! A todos, un poquito de por favor.

FESTEJOS EN PELIGRO

Un lector y seguidor habitual de una localidad norteña escribe con sensible preocupación sobre la evolución de las fiestas patronales o de barrios, ante el creciente nivel de requisitos legales sin cuyo cumplimiento previo no es autorizada la realización de varios números del programa.

“Si ya de por sí -escribe- es un duro sacrificio el que se hace para buscar las perritas con el fin de hacer la fiesta, las comisiones tropiezan con planes de seguridad complejísimos y con muchísimas exigencias, papelería diversa ante las instituciones pidiendo permiso para cualquier cosa, seguros carísimos que se comen gran parte del presupuesto para cubrirse las espaldas ante cualquier eventualidad... Y ya no hablemos si esa fiesta tiene una romería o una actividad que pase o corte una vía de interés insular, entre otros”. Los esfuerzos, entre voluntaristas y desinteresados, a menudo no se están viendo correspondidos.

No falta razón pero el comunicante debe tener en cuenta que tales requisitos son fruto de algunos vacíos legales que dejaron en el limbo determinadas responsabilidades cuando se han producido contenciosos, conflictos y hasta desgracias sobrevenidas que conllevan, aparte de tristeza o trastornos -y hasta agujeros económicos- desentendimiento. El caso es que, en caso de contratiempos, esas responsabilidades no recaigan en la Administración.

Como casi todo en la vida, es cuestión de medida. No es lo mismo -independientemente de la estructura que se tenga para organizar y ejecutar los actos festivos- un Ayuntamiento mínimamente sólido, con recursos humanos y materiales propios, que un colectivo de personas de un distrito o un barrio que se pega todo un año recaudando o vendiendo lotería y rifas pero que no dispone de infraestructura o de soportes adecuados para atender las exigencias normativas. Habría que ajustar pero suponemos que eso dependerá de la modalidad y de las características de las actividades festeras. En el medio estaría la virtud para atender lo que se exige y tener los festejos en paz y con seguridad.

El caso es que algunas fiestas populares, las más sencillas, las más tradicionales, aquella que tantas veces cantamos ambientadas con hojas de palma, decorados elementales y ventorrillos con carne en fiestas, corren riesgo de desaparición. Desde luego, pierden uno de sus orígenes o una de sus razones de ser: llenar el pueblo o el barrio de actividad creativa, lúdica y desenfadada durante unas pocas fechas. Ya saben: los que peinamos canas o no peinamos nada sabemos que durante todo un año se esperaba la fiesta para pintar las casas, estrenar ropa y divertirse de la forma más sana. Ahora, hasta la inmensa oferta de actividades que se encuentra a lo largo del ciclo promovida por instituciones públicas o privadas y hasta un planteamiento personal o familiar con abundancia de opciones de ocio sin tener que salir de casa, compiten con el mejor ánimo y las reales posibilidades de sana y más o menos desenfadada diversión.

No extrañe entonces la lucha contra los requisitos ni la desmotivación o la pérdida de ganas para hacer fiestas a la vista de las exigencias. Nuestro comunicante, en efecto, hace un pronóstico: “Todo eso llevará a que, de aquí a unos poquitos años, desaparezcan muchos festejos populares y tal vez solo queden los religiosos como únicos recuerdos de la tradición”.

Por buscar una salida positiva, igual todo esto contribuye a dimensionar adecuadamente los festejos, incluso a secuenciarlos temporalmente. Pero conviene explorar otros cauces y esmerarse con tal de mantener y renovar los valores intrínsecos a estas modalidades periódicas de expresión popular.

MÁS TRANSPARENCIA, MEJOR CONVIVENCIA

Se ha avanzado pero aún queda mucho por hacer. Hay pruebas de mejoría y hasta de eficacia pero es necesario profundizar. El Informe sobre la Evaluación de la Transparencia en Canarias de 2017 corrobora algunas de las impresiones que ya habíamos comentado cuando fueron conocidos los adelantos de las “notas” obtenidas por las instituciones en las evaluaciones correspondientes y las tendencias de mayor compromiso y más diligente respuesta de los responsables públicos.

Según se detalla en las conclusiones del Comisionado de Transparencia, Daniel Cerdán, “la progresión de los niveles de transparencia ha sido positiva en más del 90 % de las instituciones ya que solo siete redujeron su nota respecto a la obtenida en 2016”. Claro que cuarenta y ocho instituciones (entre las que engloban un ámbito poblacional superior a los cincuenta mil habitantes) aún no han alcanzado el aprobado en la escala de 1 a 10. Y eso refleja que hay que perseverar pues estamos ante una asignatura fundamental para producir un cambio sustancial no solo en el funcionamiento de las propias instituciones sino en la percepción que los ciudadanos deben cuajar para hacer que uno de esos tópicos que contribuyen a la desafección de la política vaya, cuando menos, palideciendo.

Los que asumen responsabilidades en el sector público, no solo en el plano político sino también en el técnico o funcionarial, deben tener claro que cumplir con las exigencias de la transparencia, trabajar con vocación de facilitar el conocimiento de la utilización de los recursos o del proceder de las decisiones son, hoy por hoy, con la experiencia que se ha venido acumulando a lo largo de los últimos tiempos, obligaciones primeras.

Pero no solo los dirigentes. Que siga siendo bajo el número de personas que acceden los portales de transparencia o utilicen algunos de los canales para obtener información precisa y detallada, revela que los ciudadanos, en prueba de su madurez democrática, tienen que moverse y demandar más, sobre todo en algunos aspectos que les conciernen directamente. Que un ayuntamiento, por poner un ejemplo, privatice o adopte la modalidad de gestión indirecta de algún servicio, y los que reciben la correspondiente prestación no sepan cuál es el coste anual de la misma, revela, cuando menos, pasividad e indolencia.

Dice el Comisionado que los efectos de la transparencia sobre los sistemas de gobierno y sobre su mayor o menor integridad y eficiencia son bondadosos. Bueno, pues que se tenga presente esta idea para estimular, a base de campañas, cursos, talleres o similares, la participación ciudadana y la accesibilidad de los administrados. Para que gobernantes y representantes de la voluntad popular se sientan motivados y obligados, para que ello mismos comprueben la bondad y la consecuente tranquilidad interior de los aludidos efectos.

Hay algunos datos alentadores y a la vez insuficientes, pongamos por caso, ochenta de las doscientas nueve instituciones y entidades colaboradoras recibieron en 2017 solicitudes de acceso a la información pública, es decir, el 38,28 % de las mismas, según su propia declaración. El total de solicitudes registradas se elevó a mil doscientas ochenta y seis. “Ambos indicadores -reconoce Cerdán- evidencian la escasa demanda ciudadana en materia de solicitudes de información pública”.

Por tanto, hay que congratularse de los avances pero sin echar campanas al vuelo porque, como dijimos al principio, hay que profundizar. Ahora que la convivencia democrática se ve tan salpicada por alteraciones y tendencias que poco tienen que ver con el mejor funcionamiento de las instituciones, bueno será que la gente se vertebre y se organice para exigir por los canales ya abiertos y para intervenir en la vida pública con más y mejores fundamentos.

ALGO MÁS QUE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Los ayuntamientos del país, en su conjunto, acreditan ser la administración que menos despilfarra y mejor gestiona los recursos públicos. Han cumplido razonablemente bien con exigencias legales aún vigentes. A pesar de lo cual, siguen teniendo que enfrentarse a vientos que soplan en dirección contraria a sus avances: los que inspiran la supresión de municipios y los derivados de una concepción neoliberal y conservadora que merma su autonomía, limita canales de participación y defiende un modelo de prestación de servicios que, en el fondo, es un gran campo de negocio. Donde siempre ganan los de siempre y siempre perdemos los mismos.

Lo importante son los servicios y no quien los presta, suelen defender con inflexibilidad los partidarios de este modelo. Ni los informes específicos de la Asamblea de Naciones Unidas ni algunas corrientes europeístas de la remunicipalización de los servicios públicos les arrugan. Lo tienen claro: agua, electricidad, basuras... No quedan muchos campos donde incursionar pero ya han visto fisuras en los servicios sociales y en la dependencia, de ahí que no extrañen los propósitos de orientar la modalidad de prestación. Eso sí, con todas las bendiciones legales, faltaría más. Ya sacaremos el chubasquero cuando haga falta. Más de uno argumenta que, de paso, se reduce el número de funcionarios y personal laboral, como si no hubiera que cargar las contrataciones en los pliegos de condiciones para reajustar cifras. Y lo que teóricamente se deja de pagar por un lado, reaparece en otra esfera, aunque lleve la 'p' de privada. Atención: porque ni se evita el clientelismo ni los riesgos de ayuntamientos paralelos. El profesor titular de Ciencia Política y de la Administración y doctor en Derecho por la Universidad de Granada, Manuel Zafra, ha sido tajante al dudar de la extendida pretensión de convertir los ayuntamientos en meros prestadores de ciertos servicios “controlados y ofertados a bajo precio”.

Los municipios deben conservar no solo su autonomía, sin mayor merma de competencias, sino en definir de la forma más precisa posible sus políticas fiscal y de gasto, sobre todo la que incide en la inversión social. Los responsables e integrantes de los gobiernos municipales deben estar atentos en ese sentido, sobre todo cuando un amplio sector del mundo empresarial, de la gran patronal, no oculta sus preferencias -por encima de los reproches demagógicos que ha de de escuchar- de ir reduciendo el número de entidades locales. Está clara su inclinación a una privatización generalizada en grandes urbes y, si fuera posible, en grandes concentraciones de no menos grandes extensiones territoriales. El gran negocio. Y como la gran patronal no quiere saber mucho de participación, de controles y de fiscalización, sino contratar con visión negociadora y de cuenta de resultados por encima de todo, ya se verá cuando finalice el tiempo concertado de la gestión indirecta.

Ahí es donde deben estar más atentos alcaldes, ediles y responsables, hasta los propios partidos políticos. Por encima de todo, deben defender los derechos de los vecinos. No deben desentenderse de los servicios. Que resuelvan las compañías y los grupos empresariales, es una manera de quitarse de encima obligaciones y desatender las demandas o las quejas de los ciudadanos, de aquellos que padecen determinadas carencias.

Está claro que estos factores inciden en el modelo de ciudad que se quiere para el futuro. Atentos, entonces, a las ofertas programáticas. Si es que son capaces de pergeñarlas.

INCERTIDUMBRE HOTELERA

Circunstancias un tanto negativas que concurren recientemente en establecimientos hoteleros del Puerto de la Cruz contrastan con las informaciones publicadas, también no hace mucho, sobre actuaciones de reforma o remozamiento. Si estas segundas son bienvenidas y proclives a una interpretación favorable del antiguo y recurrente propósito de la renovación de la planta alojativa portuense, la noticia de los cierres, aún por diferentes motivos, tiñen de preocupación el panorama presente y futuro del sector turístico local.

Por varios motivos: se reduce la oferta (el número de camas hoteleras sigue una tendencia descendente), decrecen los puestos de trabajo, se resiente el producto en su conjunto y aumenta la incertidumbre sobre el porvenir de un destino que necesita innovaciones e incentivos -se diría que hasta revulsivos- para seguir siendo competitivo y captar cuotas de mercado.

Aún se aguarda alguna manifestación de responsables públicos o privados, muy dados a fotos e imágenes cuando se trata de primeras piedras o de aperturas. Pero estos hechos, menos gratificantes, demandantes en sí mismos de alguna explicación o de un mensaje tranquilizador, están engrosando un panorama preocupante que no conviene tratar con alarmismo, de acuerdo, pero tampoco pasando de puntillas o permaneciendo impasibles.

Que se cierre un hotel, que los trabajadores se vean en la calle sin otros derechos que los del pataleo y que la propiedad no aclare o no diga si sus intenciones son las de reabrir, previa reforma, o volver a arrendar o reconvertir, es para inquietarse. Máxime si, como se ha comentado, hay otros establecimientos que pueden correr la misma suerte. Ni siquiera aquel socorrido comentario de otras épocas, condenatorio de la insensibilidad y de lo inadecuado de las prácticas de las cadenas o compañías hoteleras, ha sido rescatado siquiera a título de justificación.

Que otro cierre tenga que ver con el estado de la edificación y el mantenimiento solo revela la obsolescencia y la falta de previsiones e iniciativa para impedir esa siempre desagradable medida.

Que las obras que se ejecutaban en otro complejo turístico hayan sido interrumpidas sin que nadie haya ofrecido una información o una explicación consecuente, después de los correspondientes alardes mediáticos cuando fueron adjudicadas o se iniciaron, revela, cuando menos, indolencia. Y en sentido contrario de lo anterior, hasta cierta opacidad.

El caso es que estas circunstancias eclipsan los planes de modernización y los esfuerzos que despliega el Consorcio de Rehabilitación Urbanística para intentar revitalizar y relanzar el destino. Convenimos en que el Puerto de la Cruz, como marca y a partir de su experiencia, tiene valores turísticos muy potentes y apreciados. Pero también en que han ido menguando algunos activos de modo que los atractivos de la oferta se van constriñendo progresivamente.

Los hoteles y en menor medida los complejos de apartamentos son fundamentales en una ciudad que vive del turismo, que tiene en esta actividad un elemento primordial de su sostén productivo. Lo que ocurra, tanto en el lado positivo como en el negativo, importa. De ahí que las circunstancias tan poco favorables que nos ocupan sean acreedoras de análisis, reflexión y alternativas.

¿NUEVO TRIBUTO?

Los alcaldes y responsables de la hacienda de los municipios turísticos demandan habitualmente soluciones a problemas de financiación que generan tensiones de tesorería o desfases en la presupuestación y sus rendimientos, al tener que asumir y abonar prestaciones de servicios (limpieza, mantenimiento, seguridad...) a una población -hasta hace algún tiempo se denominaba 'asistida'- superior a la que por derecho (empadronados, residentes o contribuyentes habituales) les corresponde.

Es un asunto recurrente para el que aún no existe una fórmula satisfactoria que pasa, para bien o para mal, por la creación de un nuevo tributo que, aplicado a todas las modalidades de alojamiento, grave las estancias turísticas. Sobre el papel, su utilidad sería esa: afrontar los costes derivados de la presencia de visitantes, principalmente en aquellos destinos alejados de la estacionalidad. Desde principios de siglo, desde los tiempos de nuestra pertenencia a la comisión de Turismo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ya se debatía -sin frutos hasta nuestros días- la necesidad de encontrar una alternativa específica al modelo de financiación.

El Gobierno ha dado ahora un primer paso para fortalecer la capacidad fiscal de los ayuntamientos, mediante dos nuevos impuestos de carácter potestativo: uno estaría basado en un recargo sobre la cuota líquida del IRPF estatal; y otro consistiría en un nuevo impuesto sobre las estancias turísticas. Los expertos consultados, integrados en la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), ya han emitido un primer informe en el que no solo examinan la equidad del sistema de financiación local sino que abogan por nuevas figuras tributarias que permitan modular los ingresos de una forma que sea perceptible por la ciudadanía.

Es decir, se trata de no recaudar de forma voraz sino que el destino del rendimiento, en el conjunto de las cuentas públicas del municipio, sea reconocible, tenga reflejo en las prestaciones de los servicios. Sobre el papel, más cualificación en el destino turístico, mejores condiciones para su oferta, robustecimiento del producto que se desea vender para captar segmentos de mercado de capacidad de gasto media/alta y mayor calidad de vida para nativos y visitantes.

De prosperar esta idea de un tributo que grave la estancias turísticas, la reclamación de financiación adicional, casi siempre discutible en el ámbito de las transferencias, prácticamente desaparecería de las discusiones presupuestarias y de las discrepancias que suelen caracterizar las relaciones entre administraciones después de largos procesos de negociación. El gravamen se aplica en varios países de la Unión Europea y en España (concretamente en Catalunya y Baleares) existen algunos impuestos autonómicos de similar naturaleza. La Fedea, no obstante, insiste en que el tributo debe funcionar en el campo municipal “pues los ayuntamientos soportan la mayoría de los costes relevantes”. Esto implica arbitrar mecanismos de coordinación y compensación, sobre todo porque la aplicación, aunque englobe todas las modalidades de estancia turística, seria sobre realidades diferentes. Los expertos señalan en ese sentido que la base imponible ha de tener en cuenta el número de estancias y una cuota que, a la hora de ser fijada, debería distinguir entre establecimientos de diversas categorías, con lo cual se garantiza la discrecionalidad del ayuntamiento, ajustada a los parámetros objetivos de la oferta de su destino.

Aunque los munícipes anden ahora ocupados con sus candidaturas y sus actividades de pre campaña, y aunque los partidos no lo consignen en sus futuros programas electorales, tendrían que ir pensando en alternativas como las comentadas. Como todos los debates económico-financieros, tiene sus aristas antipáticas. Pero de algún lado tienen que sacar financiación.

DESPEDIDA TRAS EL ATASCO

A estas alturas, cualquier tinerfeño es consciente de lo que significa el gran atasco de sus autopistas. Cualquier tinerfeño ha padecido sus consecuencias que ya se reflejan, por cierto, en los trayectos de regreso, especialmente en los del norte, aunque no deben diferir mucho los del sur, al menos a ciertas horas.

Contamos lo sucedido hace un par de días. Fuimos testigos. En una guagua de TITSA que cubre la línea Puerto Cruz-Santa Cruz, a las ocho de la mañana se sube una mujer que pregunta cuánto tardará pues ha de empezar su jornada laboral a las nueve. “Lo que la cola permita, pero no menos de una hora”, es respondida. En su asiento, la mujer mira su reloj constantemente.

En efecto, la cola es la habitual de lunes a viernes. En esa fecha, llegó a las nueve y cinco. La mujer se baja apresuradamente en el intercambiador y se dirige sin dilación hacia el tranvía.

Antes de subirse, hace una llamada desde su teléfono móvil y casi implorando, dice:

-¡Pero, jefe, es que acabo de llegar! Es que salió a las ocho. Yo no tengo culpa. Usted me dejó claro cuál era el horario pero compréndame... si la guagua se retrasa, es un problema.

Apagó el teléfono, accedió al vagón, cerró el bolso y se hundió en uno de sus asientos. Miró a su alrededor buscando algún tipo de compadecimiento. Empezó a llorar, moviendo la cabeza, con síntomas de rabia e impotencia:

-Me han despedido, coño, no es justo, no es justo... Y ahora ¿qué hago?

Real, como el atasco mismo.

MODELO TURÍSTICO

Los datos que se van conociendo sobre la pasada temporada veraniega en el sector turístico en nuestro país confirman que se ha producido una desaceleración. Después de la fiesta de récords (afluencia, ocupación, gasto...), la recuperación de mercados competidores (aquellos célebres turistas prestados) ha puesto de nuevo las cosas en su sitio: la estabilidad en países ribereños del Meditarráneo ha sido, junto a una política de precios competitivos, un mensaje positivo para muchos clientes, especialmente los ansiosos de conocer nuevo y exóticos destinos. Tales datos contrastan el descenso en las llegadas con el incremento del gasto: no es mala renta. Eso es lo que se perseguía, especialmente por parte de empresarios, y las estadísticas indican que se ha avanzado en ese concepto.

La evolución y las tendencias de los mercados refrescan nuevamente el debate sobre la necesidad de modificar el modelo turístico. La secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, ha declarado en hosteltur.com que estamos más cerca.

-España es un país con vocación turística -ha dicho- y en este nuevo entorno tiene que seguir el camino de la sostenibilidad ambiental, territorial y económica. Entonces, ¿es el número lo más importante? No. Lo más importante es el gasto por turista y en este sentido vamos a intentar captar al turista que aprecia el servicio y la diferenciación. El modelo va en este sentido, un turismo sostenible, que sea duradero y equilibrado entre visitantes y residentes. Que los visitantes tengan una buena experiencia y los residentes, calidad de vida.

Sobre el papel, nada que objetar. Ideas claras y objetivos evidentes al calor de la experiencia. Pero, ¿está el sector preparado para afrontar una nueva estrategia, en concreto la del turismo sostenible a medio plazo? De la respuesta de la secretaria de Estado se desprende que será necesario trabajar mucho y con mucha imaginación para que el proceso pueda culminar favorablemente.

-Estamos trabajando todavía en ello, ha declarado Oliver. Nos encontramos con una estrategia de turismo caducada desde 2015, estamos arrancando. Se tiene que hablar con el sector, con las comunidades autónomas… Vamos a marcar una hoja de ruta y lo haremos próximamente, posiblemente en enero. Nos planteamos un turismo respetuoso con el medio ambiente, equilibrado y que siga siendo una fuente de riqueza para nuestro país. Se tiene que trabajar el producto turístico, para que sea atractivo y se pueda disfrutar en todas las temporadas. Vamos a intentar diversificar destinos y productos y aplicar las nuevas tecnologías a la gobernanza turística para que sea más sostenible, para conocer más a nuestros clientes y aprovechar mejor nuestros recursos.

Un modelo duradero y equilibrado: este es el gran objetivo, sobre todo para que los nativos y visitantes se desenvuelvan en unas estimables coordenadas de calidad de vida. La captación de turistas que aprecian tanto los rasgos diferenciales de un destino como la prestación y calidad de los servicios se convierte, desde luego, en una meta para cualquier destino que se precie.

TRABAJO DE CUIDADOS NO REMUNERADO

Las cuidadoras en España son casi tres millones y llevan a cabo un trabajo no remunerado. Es un trabajo invisible y no reconocido, según denuncia la Organización Mundial del Trabajo (OIT). Las cuidadoras realizan tareas que engloban el cuidado de niños, ancianos y personas enfermas así como otros trabajos domésticos. La citada Organización destaca que las mujeres españolas realizan casi el 68 % del tiempo total dedicado al trabajo de cuidados no remunerado.

Otros datos contenidos en los estudios de la OIT ponen de relieve la gravedad de este problema en nuestro país y en el ámbito internacional, bien es verdad que la tasa del 25 % de las mujeres en España que declararon no estar disponibles para el empleo o que no lo buscaban debido al trabajo de cuidados no remunerado, es superior al 13 % de Portugal o al 10 % de Francia, en tanto que la media en Europa y Asia central llega al 23 %.

Según la OIT, en España hasta 3,8 millones de personas se dedican al trabajo de cuidados remunerados. De ellas, 2,9 millones son mujeres y novecientos treinta y seis mil, hombres. Esto representa el 20,8 % del empleo total o el 34,4 % del empleo femenino. Las previsiones apuntan que España se situará, de aquí a 2030, en el puesto 22 del listado de países con mayores ratios de dependencia de cuidados de personas mayores en el mundo. De todos modos, el trabajo de cuidados no remunerado constituye el principal obstáculo para la participación de las mujeres en los mercados laborales.

En lo que llevamos a de 2018, en nuestro país se han empleado 130 millones de horas diarias en esta modalidad de trabajo no remunerado. Esta cifra, según los cálculos, equivale a dieciséis millones de personas trabajando ocho horas al día sin percibir remuneración alguna. Si estos servicios se valorasen sobre la base de un salario mínimo por hora, supondrían el 14,9 % del Producto Interior Bruto (PIB) español.

La conclusión de la OIT es que, de mantenerse este déficit y de no mejorar la prestación de servicios de cuidado y su calidad, se producirá “una grave insostenible crisis del cuidado a nivel mundial y aumentará la desigualdad de género en el trabajo”