¿NUEVO TRIBUTO?

Los alcaldes y responsables de la hacienda de los municipios turísticos demandan habitualmente soluciones a problemas de financiación que generan tensiones de tesorería o desfases en la presupuestación y sus rendimientos, al tener que asumir y abonar prestaciones de servicios (limpieza, mantenimiento, seguridad...) a una población -hasta hace algún tiempo se denominaba 'asistida'- superior a la que por derecho (empadronados, residentes o contribuyentes habituales) les corresponde.

Es un asunto recurrente para el que aún no existe una fórmula satisfactoria que pasa, para bien o para mal, por la creación de un nuevo tributo que, aplicado a todas las modalidades de alojamiento, grave las estancias turísticas. Sobre el papel, su utilidad sería esa: afrontar los costes derivados de la presencia de visitantes, principalmente en aquellos destinos alejados de la estacionalidad. Desde principios de siglo, desde los tiempos de nuestra pertenencia a la comisión de Turismo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ya se debatía -sin frutos hasta nuestros días- la necesidad de encontrar una alternativa específica al modelo de financiación.

El Gobierno ha dado ahora un primer paso para fortalecer la capacidad fiscal de los ayuntamientos, mediante dos nuevos impuestos de carácter potestativo: uno estaría basado en un recargo sobre la cuota líquida del IRPF estatal; y otro consistiría en un nuevo impuesto sobre las estancias turísticas. Los expertos consultados, integrados en la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), ya han emitido un primer informe en el que no solo examinan la equidad del sistema de financiación local sino que abogan por nuevas figuras tributarias que permitan modular los ingresos de una forma que sea perceptible por la ciudadanía.

Es decir, se trata de no recaudar de forma voraz sino que el destino del rendimiento, en el conjunto de las cuentas públicas del municipio, sea reconocible, tenga reflejo en las prestaciones de los servicios. Sobre el papel, más cualificación en el destino turístico, mejores condiciones para su oferta, robustecimiento del producto que se desea vender para captar segmentos de mercado de capacidad de gasto media/alta y mayor calidad de vida para nativos y visitantes.

De prosperar esta idea de un tributo que grave la estancias turísticas, la reclamación de financiación adicional, casi siempre discutible en el ámbito de las transferencias, prácticamente desaparecería de las discusiones presupuestarias y de las discrepancias que suelen caracterizar las relaciones entre administraciones después de largos procesos de negociación. El gravamen se aplica en varios países de la Unión Europea y en España (concretamente en Catalunya y Baleares) existen algunos impuestos autonómicos de similar naturaleza. La Fedea, no obstante, insiste en que el tributo debe funcionar en el campo municipal “pues los ayuntamientos soportan la mayoría de los costes relevantes”. Esto implica arbitrar mecanismos de coordinación y compensación, sobre todo porque la aplicación, aunque englobe todas las modalidades de estancia turística, seria sobre realidades diferentes. Los expertos señalan en ese sentido que la base imponible ha de tener en cuenta el número de estancias y una cuota que, a la hora de ser fijada, debería distinguir entre establecimientos de diversas categorías, con lo cual se garantiza la discrecionalidad del ayuntamiento, ajustada a los parámetros objetivos de la oferta de su destino.

Aunque los munícipes anden ahora ocupados con sus candidaturas y sus actividades de pre campaña, y aunque los partidos no lo consignen en sus futuros programas electorales, tendrían que ir pensando en alternativas como las comentadas. Como todos los debates económico-financieros, tiene sus aristas antipáticas. Pero de algún lado tienen que sacar financiación.