Los
ayuntamientos del país, en su conjunto, acreditan ser la
administración que menos despilfarra y mejor gestiona los recursos
públicos. Han cumplido razonablemente bien con exigencias legales
aún vigentes. A pesar de lo cual, siguen teniendo que enfrentarse a
vientos que soplan en dirección contraria a sus avances: los que
inspiran la supresión de municipios y los derivados de una
concepción neoliberal y conservadora que merma su autonomía, limita
canales de participación y defiende un modelo de prestación de
servicios que, en el fondo, es un gran campo de negocio. Donde
siempre ganan los de siempre y siempre perdemos los mismos.
Lo
importante son los servicios y no quien los presta, suelen defender
con inflexibilidad los partidarios de este modelo. Ni los informes
específicos de la Asamblea de Naciones Unidas ni algunas corrientes
europeístas de la remunicipalización de los servicios públicos les
arrugan. Lo tienen claro: agua, electricidad, basuras... No quedan
muchos campos donde incursionar pero ya han visto fisuras en los
servicios sociales y en la dependencia, de ahí que no extrañen los
propósitos de orientar la modalidad de prestación. Eso sí, con
todas las bendiciones legales, faltaría más. Ya sacaremos el
chubasquero cuando haga falta. Más de uno argumenta que, de paso, se
reduce el número de funcionarios y personal laboral, como si no
hubiera que cargar las contrataciones en los pliegos de condiciones
para reajustar cifras. Y lo que teóricamente se deja de pagar por un
lado, reaparece en otra esfera, aunque lleve la 'p' de privada.
Atención: porque ni se evita el clientelismo ni los riesgos de
ayuntamientos paralelos. El profesor titular de Ciencia Política y
de la Administración y doctor en Derecho por la Universidad de
Granada, Manuel Zafra, ha sido tajante al dudar de la extendida
pretensión de convertir los ayuntamientos en meros prestadores de
ciertos servicios “controlados y ofertados a bajo precio”.
Los
municipios deben conservar no solo su autonomía, sin mayor merma de
competencias, sino en definir de la forma más precisa posible sus
políticas fiscal y de gasto, sobre todo la que incide en la
inversión social. Los responsables e integrantes de los gobiernos
municipales deben estar atentos en ese sentido, sobre todo cuando un
amplio sector del mundo empresarial, de la gran patronal, no oculta
sus preferencias -por encima de los reproches demagógicos que ha de
de escuchar- de ir reduciendo el número de entidades locales. Está
clara su inclinación a una privatización generalizada en grandes
urbes y, si fuera posible, en grandes concentraciones de no menos
grandes extensiones territoriales. El gran negocio. Y como la gran
patronal no quiere saber mucho de participación, de controles y de
fiscalización, sino contratar con visión negociadora y de cuenta de
resultados por encima de todo, ya se verá cuando finalice el tiempo
concertado de la gestión indirecta.
Ahí
es donde deben estar más atentos alcaldes, ediles y responsables,
hasta los propios partidos políticos. Por encima de todo, deben
defender los derechos de los vecinos. No deben desentenderse de los
servicios. Que resuelvan las compañías y los grupos empresariales,
es una manera de quitarse de encima obligaciones y desatender las
demandas o las quejas de los ciudadanos, de aquellos que padecen
determinadas carencias.
Está
claro que estos factores inciden en el modelo de ciudad que se quiere
para el futuro. Atentos, entonces, a las ofertas programáticas. Si
es que son capaces de pergeñarlas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario