Un
reciente informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU),
firmado por su relator especial sobre pobreza
extrema, Philip
Alston, es tan contundente sobre la privatización de servicios
públicos que algunos sectores llegan a calificarlo de varapalo. Y el
documento pone nombre y apellidos a los promotores de esa fiebre
privatizadora: el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional
(FMI). “Son los inductores de este modelo por ideología”, señala
Alston.
No es el nuevo debate,
cierto. En varias ocasiones nos hemos ocupado del asunto, sobre todo
cuando en nuestro país afloran las diferencias en las modalidades de
gestión administrativa y los resultados que ponen en evidencia a sus
responsables. El informe de la ONU es merecedor de algunas nuevas
reflexiones.
Sobre todo, porque Alston
alude a un verdadero “tsunami de privatizaciones” que, en el
ámbito de la sanidad o educación, “acaba con la protección de
los derechos humanos y margina a los que viven en situación de
pobreza”. Pero el informe señala también a la justicia, los
sistemas de prisiones y otros servicios básicos a los que se aplican
unas políticas “que no pueden hacerse a expensas de tirar por la
ventana el sistema de protección social”, afirma el relator de la
ONU.
Hace tres años, en 2015,
el Banco Mundial promovió la iniciativa de incrementar la
financiación del sector privado de miles de millones de dólares con
la finalidad de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). Y ya en 2017, el propio Banco explicitaba su enfoque orientado
a sacar el máximo beneficio a la financiación del desarrollo. El
enfoque, en efecto, da prioridad a la financiación privada y a las
soluciones sostenibles del sector privado.
Para Philip Alston, estas
políticas que “se presentan como una solución técnica” para la
prestación de determinados servicios, responden, en realidad, “a
una ideología que devalúa los bienes públicos” y que, según la
ONU, “son esenciales para una sociedad decente”. Así, la
conclusión del informe es que “mientras los defensores de la
privatización insisten en que ahorra dinero, es eficiente o mejora
los propios servicios, la realidad evidencia que muchas veces
contradice sus propias justificaciones”.
No se agotan ahí sus
apreciaciones y apunta directamente al modelo, que busca, ante todo,
el rédito económico: “Eso deriva hacia una clara intención de
minimizar el tiempo por cliente o paciente, pago de cuotas o ahorro
de recursos”, se expone en el documento que no duda en señalar al
Banco Mundial y al FMI como inductores de una agresiva privatización
de los servicios básicos, “sin que se vean recompensados los
derechos de las personas y lo más pobres”.
Entonces, si los riesgos
de ir liquidando poco a poco -vieja táctica del capitalismo y del
liberalismo económico- la protección de los derechos humanos y de
acentuar la exclusión social, maniatando o marginando a quienes
viven en situación de pobreza, no son de extrañar los
desequilibrios que se registran aún en economías desarrolladas y
las dificultades para que la recuperación o la salida de la crisis
-creada por el propio capitalismo- no alcance a todos los sectores
sociales. La privatización de los servicios públicos genera
pobreza, según este informe de la ONU, considerado un varapalo a
estas políticas que terminan haciendo de tales servicios un
auténtico negocio.
Ese es el mal.
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