REDES, DÓNDE EL LÍMITE

Arrecian las críticas por el mal uso y determinados contenidos de las redes sociales. Hay un debate que abarca desde la proliferación de troles (personas que publican mensajes provocadores, exabruptos o fuera de contexto con ánimo de molestar), a la difusión de bulos y paparruchas pasando por el abandono de usuarios que se cansan del mismo sesgo y de las ofensas o insultos que proliferan, amparándose en la sufrida libertad de expresión y en una vasta impunidad. Los responsables de las redes dicen haber tomado medidas o siguen estudiándolas a fondo para impedir o disuadir la circulación de especies adulteradas, descalificaciones a tutiplén y afirmaciones de finalidad perversa.

En el seguimiento que prestamos regularmente a este fenómeno de la comunicación de nuestro tiempo, descubrimos trabajos e investigaciones que contribuyen a una clarificación de la complejidad que caracteriza el funcionamiento de las plataformas, concebidas para acercar, para estar más próximos unos de otros, para intercomunicar a velocidad de vértigo y para suplir carencias de todo tipo. Lástima que, en el ámbito concreto de los periodistas y profesionales de la información, los que pudieran ser instrumentos o canales útiles y válidos para llevar a cabo sus tareas se vean desvirtuados y hasta degeneren, de forma que propicien la confusión -incluso en el ámbito personal o privado- terminen volviéndose en contra y mermando su propia credibilidad.

De uno de esos trabajos, en efecto, se extrae la siguiente cuestión: ¿cuál es el límite personal en las redes? Las mujeres parecen llevar la peor parte. Según un informe reciente de Amnistía Internacional, “las mujeres corren mayores riesgos de ser humilladas, intimidadas, menospreciadas, degradadas o silenciadas”, en tanto que un estudio de la International Women's Media Foundation (IWMF), organización que trabaja para elevar el estatus de las mujeres en los medios de comunicación, concluyó que “cerca de un tercio de las mujeres periodistas ha considerado abandonar la profesión debido a las agresiones on line”.

El testimonio al respecto de dos profesionales muy activas en redes es muy significativo. Una de ellas, Anna Codrea-Rado, freelancer especializada en cultura y tecnología, señala que “la violencia y el abuso nunca deberían ser tolerados ni aceptados como parte del trabajo”. Y aconseja: “Si te han agredido como resultado de un artículo que publicaste, envíale esos mensajes a tu editor”. La otra, Dodai Stewart, editora del popular Metro en el New York Times y una de las fundadoras del sitio para mujeres Jezebel, con más de cuarenta mil seguidores en Twitter, advierte que todos deben tener cuidado con lo que comparten on line, pues incluso la información personal aparentemente inocente o inofensiva, podría ser usada con malvados propósitos. Stewart fue víctima de acoso, de ahí que suela no publicar su ubicación en el momento que está en activo. Por eso revela que es myt rápida bloqueando y silenciando personas: “En mi configuración solo veo respuestas de las personas a las que sigo en Twitter. Eso es muy útil”.

Las dos periodistas coinciden en la utilidad del trabajo en redes: buscar fuentes e indagar en historias, interactuar con los lectores, seguir acontecimientos en vivo y proyectar el propio trabajo. Sugieren presentarse, exponer los puntos de vista y explicar los intereses, de modo que así sea posible trazar la línea divisoria entre lo estrictamente profesional y lo personal, el límite personal en las redes. Eso obliga a un ejercicio de máximos en la aplicación de las buenas prácticas periodísticas, más allá de los lógicos y exigibles cuidados que hay que tener cada vez que se compartan contenidos. Pensemos en que ese fondo de marketing o de autopromoción requiere diligencia para saber diferenciar, para poner cada cosa o cada objetivo en los lados adecuados separados por esa todavía delgada línea separadora.

QUÉ INDIFERENCIA, QUÉ RESIGNACIÓN, QUÉ INSENSIBILIDAD

La indolencia de la población portuense, su desapego hacia la política y lo público, tienen que ser de muy alto nivel cuando asuntos tan reprobables como pueden ser el cierre parcial de la biblioteca pública municipal o la terraza en su mitad vacía del bar-cafetería localizado en la plaza del Charco, ambos tan visibles al paso peatonal, favorecido por su carácter céntrico, apenas o nada merecen una esporádica información periodística, una mínima expresión de protesta de centrales sindicales o de entidades cívicas mínimamente sensibilizadas -¿qué fue, por cierto, de las asociaciones vecinales?- y no digamos de una declaración o explicación de algún responsable del gobierno municipal o de una iniciativa corporativa de los grupos de oposición.

Pasan los días y como si nada. Ese es el Puerto de la Cruz de nuestro tiempo, de este mandato que se agota y que concluirá sin saber fehacientemente qué pactaron los actuales gobernantes y bajo qué designios han administrado los recursos de los portuenses. Qué querían hacer y qué han hecho para hacer acopio de méritos o credibilidad ahora que se avecina una nueva convocatoria electoral. Se dirá que a estas alturas ya da igual pero en la intrahistoria consistorial va a quedar esa mácula que, en el fondo, explica en buena medida el por qué de esa significativa y poco honorable clasificación en el ranking canario de la transparencia institucional.

Pasan ustedes por Puerto Viejo por las tardes y podrán ver las dependencias de la biblioteca municipal cerradas y a oscuras. Damos por reproducidos los contenidos de la entrada publicada en este blog el pasado 6 de diciembre, después de un pleno en el que el Grupo Municipal Socialista había preguntado por la situación y de que el Grupo de Asamblea Ciudadana Portuense denunciara en redes y medios el incomprensible abandono y la falta de soluciones. Comenzábamos entonces con una apelación al artículo 44.1 de la vigente Constitución. Y terminábamos diciendo que los responsables tenían que esmerarse para superar los evidentes trastornos y perjuicios. Ha pasado más de un mes: la vida sigue igual. Pero qué indiferencia, qué resignación y qué insensibilidad.

¿Y habrá algo menos dinámico en el Puerto que el bar-cafetería 'Dinámico', una parte del objeto social de la sociedad o empresa pública Pamarsa, teóricamente en fase de dislución (Y escribimos teóricamente porque en este municipio, una cosa es la que debe ajustarse a voluntad política dimanante del cumplimiento de normativa que obliga y otra es la que se lleva a la práctica, si es que se lleva).

Resulta que debe andar en fase de estudio y resolución el concurso público convocado para revisar la explotación de la concesión administrativa. Por ahora, rumores y conjeturas: claro, como ni se informa ni se pregunta, el clima apropiado para alimentar todas las especulaciones.

Lo cierto es que en las últimas semanas de diciembre pasado, la mitad de la terraza solo está ocupada por mesas que, sin sillas, quedaron allí como mudo testimonios de una situación insólita. Algunos, muchos, creyeron que eran los antecedentes de la nueva situación de explotación. La imagen de desidia y falta de actividad era evidente. Era palpable que cada vez había menos personal, al que no se debe culpar. ¿Sería acaso una forma de protestar por la desatención de la “empresa” -y no queda más remedio que entrecomillar el término- hacia su misma finalidad? ¿Habrá acudido algún edil, de gobierno u oposición a interesarse por sus condiciones laborales y por su suerte futura? Cualquiera sabe.

Han pasado muchos días, fiestas mediantes. Como si nada. Qué nivel de servicio público. Lo mismo que con la biblioteca: la vida sigue igual. Pero qué indiferencia, qué resignación y qué insensibilidad.

PROSIGUE LA CARNAVALADA

Es como si no escarmentara el gobierno local del Puerto de la Cruz (PP+CC) en la organización de su Carnaval después del estrepitoso malestar que suscitó el pasado año el cambio de horario del coso del sábado, en los últimos años señalado su comienzo para las cuatro de la tarde -aunque casi siempre arrancaba con retraso- y en 2018 puesto para pasadas las seis de la tarde, convertida -con las demoras y tal- en bien entrada la noche.
Pues desde ayer circulaba en redes el que no variará mucho del programa definitivo de las próximas carnestolendas portuenses, con la inserción del logo de la concejalía de Fiestas, pero con un vacío notorio: no hay nada programado para el 5 de marzo, martes de Carnaval, que, si bien es verdad que no es festivo en el municipio desde hace mucho tiempo, siempre acogió algunas actividades que   nos recordaban, cuando menos, que estábamos en fiestas carnavaleras: el rallye o la exhibición de coches antiguos, pasacalles de murgas o comparsas, alguna edición de concursos y una verbena o baile popular, si era al aire libre, mejor.
Pero esta vez, ni eso. No querrá el gobierno que así las cosas, con ese vacío, sin un mínimo reclamo, los jóvenes, los carnavaleros, la gente se quede esa jornada en la ciudad. Lo peor: es que está regalando el espacio a otras localidades cercanas que, sin grandes desembolsos, podrá incentivar la participación a sabiendas de que no va a tener competencia en donde, tradicionalmente, siempre hubo un núcleo carnavalero animado y atractivo.
Está más que demostrado -y el Puerto lo sabe, con Mascarita, ponte tacón- que crear, poner en marcha e impactar en unas fiestas tan populares es difícil. Hay que acertar, movilizar, fomentar y generar hábitos mediante incentivos, de modo que, a ser posible, la respuesta intergeneracional sea la adecuada. Es un número o un espacio que se conquista y se prolonga en el tiempo, ganando adeptos si evoluciona favorablemente.
Pero para el 2019, el martes de Carnaval no tiene nada previsto. Será un día más del calendario, una jornada laboral descafeinada pues difícilmente se podrá ver a mascaritas -bueno, ¿quedan aún mascaritas?- o carnavaleros disfrazados que no se sabe si vienen o van. Igual los coches de época aparcan un rato en un lugar más o menos céntrico pero eso parece más propio de turistas o visitantes y nada tiene que ver con las expectativas y las celebraciones del pueblo.

No pasa nada, sigue la carnavalada. Sigue la pérdida de personalidad propia como tuvo el Carnaval portuense que no competía sino que ganaba participación y enriquecía su pasado con atractivos, incluso procedentes de otros municipios, con ambiente y concentraciones llenas de vitalidad, desenfado y colorido. Ahora no hay nada el martes: qué harán los extranjeros y los peninsulares, cómo se las arreglarán los jóvenes y los carnavaleros ansiosos de diversión. Con hechos así, hasta los tímidos intentos de rescatar grupos y convocatorias se desvanecen. Claro, porque los gobernantes continúan en su afán de desproveer al Puerto de señas identitarias y, de paso, desnaturalizar todas las fiestas de la localidad. Cabe recordar que llegaron a jactarse de que los festejos cada año costaban menos que los del anterior, cuando en realidad lo que hacían era suprimir cada vez más actos. En julio, duraban casi todo el mes. Ahora, como mucho, diez días.

Da igual, prosigue la carnavalada.

COMBATIR LAS PAPARRUCHAS

¿Hay solución para los bulos? ¿Van a seguir circulando impunemente las noticias falsas? Difíciles respuestas, sobre todo cuando los gobiernos de las grandes potencias han acreditado que pueden manejarlas, que las administran a conveniencia y que las plataformas sociales son el habitat natural para su aprovechamiento.
Según leemos, la revista Science ha publicado las conclusiones de una investigación del prestigioso Instituto de Tecnología de Massachussets (MIT) (USA), entre las que sobresale las informaciones y rumores de contenido engañoso tienen, en Twitter,  un  70 % más de posibilidades de ser retuiteadas que las imparciales o las verdaderamente ajustadas. Y es que, según el estudio, “en las redes sociales la mentira juega con ventaja frente a las afirmaciones verdaderas porque, a menudo, reafirma aquello en lo que creemos o deseamos creer, así como lo que más tememos, nuestros miedos más arraigados”. Esa ventaja conduce a otra conclusión: “Incluso allí donde se presenta evidencia de lo contrario, las personas, por lo general, preferirán aferrarse a sus ideas: la creencia es contumaz”.
Entonces, después de haberse comprobado, por ejemplo, que el ahora presidente brasileño, Jair Bolsonaro, se benefició de la campaña de desinformación desarrollada contra los otros candidatos a través de la aplicación WhatsApp; y que desde esta misma, personas poderosas y de origen musulmán hicieron circular rumores e invenciones sobre el sacrificio de vacas y secuestros de niños, generando con ello hasta el linchamiento de veinte personas, nos hacemos una idea de la peligrosidad de la manipulación de la información, sobre todo en sociedades de pueblos primitivos que se conducen por consignas fanatizadas. Y verificamos, desde luego, lo fácil que resulta agitar las emociones y sembrar el odio, de modo que, en esos contextos, no son de extrañar algunos comportamientos.
Cierto que la manipulación y la tergiversación han existido toda la vida, desde la Edad Antigua hasta algunos sectores de los países islámicos de nuestros días; pero nunca como antes han alcanzado los niveles de difusión y las repercusiones de hoy en día, impulsados sin duda por las redes sociales “cuyo modelo de negocio -señala la publicación Science, que habla de 'envergadura masiva y extrema'- se presta a acelerar la difusión de noticias de contenido falso, al ser éstas las que mayor atención acaparan, las que más se consumen y, por tanto, las que incrementan beneficios”.
Las noticias falsas, los bulos y las paparruchas tienen, en principio, un recorrido imprevisible. Se trata de información falsa en cuya fase de arranque, para aparentar verosimilitud, se suele incluir datos reales. Después, a medida que avanza el proceso de propagación -unas veces espontáneo y otras inducido y ampliado por agentes interesados- adquieren carta de naturaleza. Así, en el ámbito de la información política, suceden hechos que alcanzan la categoría de inauditos pues, tal como dice el estudio de Massachussets, “al contrario de lo que dicta el sentido común, los individuos tienden a aferrarse a sus opiniones, aun sabiendo que no son ciertas”.
¿Están preparados los medios de comunicación para no dar pábulo a las informaciones falsas? ¿Y qué harán los partidos políticos, ahora que se avecinan nuevas campañas? Las preguntas son tan enrevesadas como las del principio del texto. Las democracias, independientemente de su resiliencia, tendrán que adoptar medidas para superar la que ya es una lacra.

JUSTICIA: SOMBRAS, DUDAS Y MALESTAR

Pareciera que el gobierno de los jueces y los propios magistrados no quisieran enterarse del creciente malestar social con respecto a algunas de sus decisiones. Se dirá que están aplicando la ley y si está en vigor, pues nada que objetar. Pero hay grises.

Es difícil aceptar, sin más, por muy escrupuloso que sea el procedimiento, que los componentes de La Manada estén en libertad; que el marido de Ana Rosa Quintana, Juan Muñoz, implicado en un un caso de presunta extorsión, descubrimiento y revelación de secretos, disfrute en aguas del Caribe sin disponer de permiso para salir de España y que el ex presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, haya quedado absuelto por la indolencia en la instrucción.

Los tres casos, quizás por desarrollarse en unas fechas en las que es más importante ocuparse de otras cosas, no han sacudido tanto el desenvolvimiento de la sociedad española. Pero ello no obsta, siendo causas de naturaleza diferente, para que se vuelva a dudar del funcionamiento de la justicia en nuestro país, un problema de fondo sin resolver, agravado si se quiere por el colapso que sufren los juzgados, pero que acentúa las dudas sobre la credibilidad de los órganos judiciales que pareció quedar ya bajo mínimos desde la controversia de las hipotecas hace unos meses.

Así, los componentes de La Manada se benefician de las dudas de la naturaleza de los delitos que se les atribuye. No parece que anden muy afectados cada vez que han de comparecer en sede judicial para conocer el siguiente paso de su suerte. Sí que lo están la víctima, sus familiares y todas aquella personas con un mínimo de sensibilidad que contemplan atónitas el espectáculo. La Audiencia Provincial de Navarra es la que mantiene la libertad provisional. Organizaciones de mujeres siguen clamando ya con evidente escepticismo.

Tampoco saben qué decir quienes ven las imágenes del marido de la periodista televisiva, en aguas templadas de República Dominicana, haciendo prácticas de submarinismo, a las que tiene derecho, claro que sí, pero que resultan difíciles de asumir después de conocer que una resolución judicial le impedía salir de nuestro país, sin efecto por una decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, inspirada en vaya usted a explicar qué artículo. Alguna razón habrá, pero tal determinación impulsa todas las interpretaciones de trato de favor.

Pero lo que ya desborda todas las coordenadas de la lógica, incluso la procedimental, es que el ex presidente de la Regíón de Murcia y ex alcalde de Puerto Lumbreras, el popular Juan Antonio Sánchez, haya salido absuelto de sus acusaciones de corrupción porque ni la juez instructora ni la fiscalía hicieron lo que debían: sin que se hubiese practicado prueba alguna, es decir, habiendo transcurrido seis meses sin tomar declaración a los investigados y después de que la fiscalía pidió dos días tarde la ampliación del plazo de investigación, el político ha quedado absuelto. Un juez, el presidente de la Audiencia Provincial de Murcia, fue contundente: “No hay excusa, no hay disculpa y sí indolencia”. ¿Para qué más explicaciones?

Sí, la incomprensible postura del legislativo y hasta del propio Gobierno que no han tenido en cuenta la petición unánime de las asociaciones de jueces y fiscales para derogar -incluso por la vía del decreto-ley- el artículo 328 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC), pues aquéllas entienden que los seis meses establecidos como plazo para llevar a cabo la instrucción correspondiente son claramente insuficientes en algunos procesos.

Mientras tanto, unos que pasean libremente, otro que disfruta de sus placeres aún donde teóricamente no podría hacerlo y un presunto corrupto que se libera de sentarse en el banquillo por indolencia o negligencia... Es normal que la gente dude y que se pregunte ¿hay quién dé más?

LUIS ASENCIO Y FEDERICO PADRÓN

Malas fechas estas para despedirse del mundo. La tristeza pesa más. Cuesta más reaccionar y hacer frente a una suerte común que la espantamos pero que siempre termina imponiéndose. Maldita parca. Cuando golpea en estos días, clava sus afiladas garras bien de forma inesperada bien de crueldad enfermiza. Y si te señala en vísperas navideñas, o de año nuevo, o de la epifanía, las personas y los allegados sufren porque se han roto esquemas, claro, porque alguien falta y porque las celebraciones quedan, sencillamente, para otro momento.

Se fue en el Puerto de la Cruz Luis Enrique Asencio Ramírez, nacido en 1955, ingeniero de Puertos, prejubilado que estaba ya en una importante empresa constructora multinacional. Tuvo mucho que ver, desde el punto de vista ejecutivo, con las obras del dique de protección de lo que inicialmente fue concebido como parque marítimo en el marco de ordenación y tratamiento del litoral portuense. Desde que llegó a la ciudad, se integró y aquí se casó. Pese a largas temporadas en la península y en el extranjero, siempre tuvo el Puerto en lo más profundo de su alma. Amaba los rincones, preguntaba por el pasado y gozaba con los personajes de los que iban dando cuenta quienes compartían con él tertulias y conversaciones de media tarde, la última habitual, Ébano, en el establecimiento del mismo nombre en la plaza de la Iglesia. Con Luis era inevitable discrepar pero su disparidad ideológica jamás impidió un diálogo más o menos acalorado y una predisposición al respeto y la tolerancia. Demostró con creces que le apasionaba su profesión: hablaba de infraestructuras, diques, prismas de equis toneladas, batimetría, sistemas generales y accesibilidad con verdadera fruición. Su corazón se paró en la tarde del 31 de diciembre, temprano. Como nos recordó su amigo Donaciano Vaquero, hurgando en las entrañas de Miguel Hernández, en la emocionada despedida que sus familiares y amigos le dispensaron un par de días después. Su viuda e hijo y otros familiares se percataron del afecto que supo granjearse.

También nos dijo adiós Federico Padrón, competente jurista herreño, funcionario público, secretario que ejerció en los ayuntamientos de Los Realejos y Santa Cruz de Tenerife. Padrón era una fuente de sabiduría en el Derecho Administrativo y hubo de lidiar con la aplicación de las modificaciones legislativas orientadas a la consolidación de los consistorios democráticos. Amante del deporte vernáculo, cuyas técnicas conocía como muy pocos, se involucró a fondo, junto a Eligio Hernández, en aquel célebre proceso de principios de los años ochenta para lograr la autonomía de la lucha canaria en las estructuras federativas. Fue imposible al rígido centralismo 'tumbar' a aquellos dos pollos que, mano al calzón y a la espalda, se bastaron para colocar a la lucha canaria en un lugar sobresaliente desde el punto de vista organizativo. Aún se recuerdan un denso congreso en el aeropuerto de Los Rodeos y numerosas reuniones con dirigentes y expertos de la provincia oriental para salir fortalecidos de aquel proceso. Federico Padrón tenía la virtud de escuchar y si tenía que discrepar lo hacía con la elegancia de su paisano, Juan Barbuzano, a quien no se cansó elogiar cuando se proclamó campeón del mundo de sambo, una variante de lucha individual muy similar a la canaria. Padrón contribuyó, sin alharacas pero con destreza, al cambio de modelo federativo pero, sobre todo, al cultivo de las artes y las claves de nuestro deporte. A su hijo Juan Manuel, fiel heredero de la vena jurídica funcionarial y administrativista, le correspondió, por cierto, ensamblar y consolidar los soportes estructurales y desarrollistas de la Federación Canaria de Municipios (Fecam).

Luis y Federico se han ido en fechas que no hubieran deseado. Lo mejor que tenían es que no les agradaba ver sufrir a la gente ni a sus allegados.

INCAUTACIÓN PERIODÍSTICA DESPROPORCIONADA

Fue algo más que una reacción corporativista. La profesión periodística no podía permanecer impasible ante la decisión de un juez de Baleares, Miguel Florit, que decidió incautar material de trabajo a dos periodistas que investigaban el caso Cursach. Y la constancia de organizaciones profesionales representativas y de una amplia variedad de medios de comunicación ha dado sus frutos: el juez ha anulado el auto que requisaba ese material. La agencia de noticias y el periódico al que pertenecen los periodistas directamente afectados, Blanca Pou y Francisco Mestre, habían anunciado la presentación de una querella contra el magistrado por presuntos delitos de prevaricación judicial, inviolabilidad del domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional.

La Federación Española de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha considerado que la decisión del juez Florit es un primer paso positivo y respalda la solicitud de los informadores de que se les comunique, mediante notificación, si se ha realizado o no “cualquier examen, inspección, registro, copia o manipulación”, del material incautado. En un auto, Florit afirma que no se ha producido ningún decomiso. Por eso, no explica los motivos que determinaron la incautación de los teléfonos en donde se supone que trataría de profundizar en el origen de una filtración.

Sea como fuere, la reacción ha mitigado el impacto y ha sentado un precedente en el ejercicio profesional del periodismo pues de prosperar la decisión del juez se desmoronaban algunos principios. La FAPE y la Asociación de la Prensa de Islas Baleares (APIB) valoraron como desproporcionada la incautación y, lo que es más, una clara vulneración del derecho fundamental de los periodistas al secreto profesional. La solidaridad con los profesionales y con los medios, pero, sobre todo, con la esencia de la tarea periodística, ha sido notable.

Pero las dos organizaciones citadas insisten: la orden judicial inicial ha causado ya un grave daño al derecho al secreto profesional, base de las relaciones entre los periodistas y las fuentes. “El secreto profesional no solo es un derecho constitucional fundamental de los periodistas sino que es un deber que les obliga a mantener la confidencialidad de sus fuentes”, explica la FAPE en un comunicado.

Y remata: “Sin el secreto profesional, muchos de los casos de corrupción y abusos de poder ocurridos en nuestro país nunca hubieran sido conocidos por los ciudadanos y eso fue posible gracias al trabajo de los periodistas, en cumplimiento de su función democrática de difundir información veraz y de interés general”.

Que no se repitan decisiones como la de Florit.

TARJETA SOCIAL UNIVERSAL

¿Qué es la Tarjeta Social Universal (TSU)? Pues se trata de un sistema de información y servicios que sirve para conocer en tiempo real las prestaciones que recibe cada usuario. Los municipalistas y responsables locales de asuntos sociales tendrán que seguir de seguir de cerca su funcionamiento después de que fuera presentado el pasado mes de diciembre en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) por su presidente, Abel Caballero, y el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado.

Caballero llegó a decir que se trata de un “instrumento conciliador de los derechos ciudadanos”, lo que nos da idea del relieve que concede a una iniciativa que se engloba en el compromiso que, al menos teóricamente, asumen las corporaciones locales en defensa de los derechos de los más desfavorecidos. “Lo hacemos sin tener competencias y vamos a seguir haciéndolo”, dijo el presidente de la FEMP y alcalde de Vigo.

Octavio Granado no quiso andar a la zaga, tras ponderar la Tarjeta como una herramienta de comunicación de primer nivel que, en sí misma, es “una enorme oportunidad” que permitirá que todas las personas conozcan mejor sus derechos y puedan reclamarlos. El secretario de Estado valoró el alcance de la TSU al anticipar que “va más allá del registro de prestaciones públicas”. Pero no es un elemento de control, hay que precisar. Por eso, la Tarjeta ha de funcionar como un instrumento “rápido y eficaz para conocer las prestaciones sociales que ofrecen las tres administraciones”. Por lo tanto, la utilidad debe venir marcada para que los poseedores encuentren respuestas ágiles en aquellas demandas que han de formular no solo ante su ayuntamiento sino también ante la Comunidad Autónoma y la Administración General del Estado. Es de esperar que el uso de la TSU sirva, especialmente entre las personas más vulnerables, para acabar con dudas competenciales y demoras administrativas. Y que no haya interferencias sino todo lo contrario entre las instituciones. Si hablamos de defensa de derechos, hay que saber cómo moverse. La Tarjeta, en ese sentido, tiene que ser hasta un termómetro para medir la agilidad y la eficacia de las prestaciones. ¿Estarán los ayuntamientos preparados para que fluya la información y para que la máquina administrativa no se bloquee o sufra los males crónicos tan reprobados desde hace años por los ciudadanos que directamente lo padecen? De eso se trata, partiendo del principio básico de la cobertura tanto de la estructura municipal como de la Seguridad Social en todo el territorio del Estado.

La medida aparece en los meses finales del mandato municipal. Ya se verá si es el mejor momento y qué impacto produce. En cualquier caso, se necesitará un tiempo tanto para implantar como para contrastar su aplicación. Desde luego, los servicios sociales municipales tienen trabajo. Siempre pendientes de más recursos y de más competencias, habrán de ofrecer con la TSU una respuesta más diligente. Si sirve para aligerar burocracia, bienvenida.

AUTÓNOMOS

No han dejado satisfechos del todo a los autónomos (trabajadores por cuenta propia) las medidas adoptadas por el Gobierno y pactadas con varias asociaciones representativas antes de que finalizara el año. El colectivo tendrá más protección social y una contribución a la Seguridad Social más equilibrada. España se sitúa junto a Luxemburgo entre los países de la Unión Europea (UE) que mejor tratamiento dispensa a esta modalidad de trabajadores, algunas de cuyas voces se han escuchado incluso después del acuerdo alcanzado en tono discrepante.

Hay que partir de la base que ha entrado en vigor con el estreno del año: la base mínima de cotización se fija en 944,40 euros. Las aportaciones de los autónomos para 2019 experimentan un incremento del 1,25 % en la base mínima de cotización. El tipo de ésta queda fijado en el 30 % para el presente año; el 30,3 % en 2020; el 30,6 % en 2021 y 31 % en 2022. Hay que destacar que este régimen de cotización de los trabajadores autónomos tiene carácter provisional: será modificado -en fecha aún indeterminada- por un sistema basado en los ingresos reales.

Hay una obligatoriedad de la cobertura proteccionista para todas la situaciones que pudieran afectar a los autónomos: las comunes, consistentes en enfermedad común y accidente no laboral; las profesionales, basadas en accidentes de trabajo y enfermedad profesional; el cese de la actividad, caso en que la prestación duplique su período de duración; y la formación y prevención, para las que se establece una excepción, la del denominado Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (SETA).

El acuerdo alcanzado por el Gobierno y las entidades representativas de los trabajadores autónomos consigna también la voluntad de mejorar el sistema de la tarifa plana, de modo que durante los doce primeros meses, si se cotiza por base mínima, se fija en 60 euros, esto es, 51,50 por contingencias comunes y 8,50 por las profesionales. Si se cotiza por encima de la base mínima, disminuye la cuota por contingencia común un 80 %. Luego, de los meses trece al veinticuatro, se aplican reducciones sobre la cuota que correspondería. Aquí se amplía también la tarifa plana de los profesionales encuadrados en el sistema especial agrario. Otra novedad es la creación de una prestación adicional que corresponde a la cotización por el autónomo a partir del día sesenta y uno de la baja médica por incapacidad temporal. Las cuotas, en este concepto, se elevan a 86,26 euros y se harán con cargo a los ingresos por cuotas en la modalidad de cese de la actividad.

Las partes, con las excepciones apuntadas al principio, consideran que es un buen acuerdo. La mejora de las prestaciones resulta evidente. Veremos, a medida que funcione, si precisa de apuntalamientos.

REDUCIR LA DESIGUALDAD

Hay que formularlo y hacer todo lo posible por cumplirlo: reducir la desigualdad es uno de los objetivos primordiales del año que hoy se estrena. No es fácil, claro; pero hay que intentarlo, a la vista de los desequilibrios y de las ostensibles diferencias que aún se aprecian en la sociedad española y que demuestran que la crisis no se fue del todo. Muchos la siguen padeciendo.

Tal es así que en nuestro país la desigualdad económica se ha incrementado desde el año 2005 un 10,5 %. Eso propició que España, según Eurostat, ocupara el año pasado el vigesimoquinto lugar entre los veintiocho estados de la Unión Europea (UE), solo por delante de Letonia, Lituania y Bulgaria. El poco sospechoso Fondo Monetario Internacional (FMI) explica que una parte sustancial de la desigualdad económica trae causa de los errores en el diseño de las políticas redistributivas.

En materia impositiva, según escribe el presidente de los técnicos de Hacienda, Carlos Cruzado, “esa redistribución pasa por la progresividad de las de gravamen del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que aporta el 95,2 % de la progresividad”, un principio consagrado en la Constitución que inspira el sistema tributario y tiene como fin, sigue Cruzado, “mejorar la redistribución de la renta desde la población con más ingresos y riqueza hacia los más desfavorecidos”.

Le corresponde al Estado estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza para fraguar, está claro, una más justa distribución. Pero no olvidemos el importante handicap que entraña un déficit próximo a los ochenta mil millones de euros en políticas del Estado de bienestar. Eso condiciona el propósito de igualarse en este ámbito con la media de la UE.

Será difícil, por tanto, acortar las brechas de desigualdad. Pero hay que intentarlo, pese a ser un año electoral. Gobierno y partidos políticos incluirán en sus programas este propósito pero la sociedad quiere ver hechos y números reales derivados de la aplicación de políticas orientadas realmente a la reducción de los desequilibrios que repercuten, desde luego, en las condiciones de vida.

Un país más igualitario. Es un sueño pero quienes lo tienen está obligados a esforzarse para materializarlo. Reducir en 2019 la desigualdad: algo más que un propósito.