¿Qué
es la Tarjeta Social Universal (TSU)? Pues se trata de un sistema de
información y servicios que sirve para conocer en tiempo real las
prestaciones que recibe cada usuario. Los municipalistas y
responsables locales de asuntos sociales tendrán que seguir de
seguir de cerca su funcionamiento después de que fuera presentado el
pasado mes de diciembre en la sede de la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP) por su presidente, Abel Caballero, y
el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado.
Caballero
llegó a decir que se trata de un “instrumento conciliador de los
derechos ciudadanos”, lo que nos da idea del relieve que concede a
una iniciativa que se engloba en el compromiso que, al menos
teóricamente, asumen las corporaciones locales en defensa de los
derechos de los más desfavorecidos. “Lo hacemos sin tener
competencias y vamos a seguir haciéndolo”, dijo el presidente de
la FEMP y alcalde de Vigo.
Octavio
Granado no quiso andar a la zaga, tras ponderar la Tarjeta como una
herramienta de comunicación de primer nivel que, en sí misma, es
“una enorme oportunidad” que permitirá que todas las personas
conozcan mejor sus derechos y puedan reclamarlos. El secretario de
Estado valoró el alcance de la TSU al anticipar que “va más allá
del registro de prestaciones públicas”. Pero no es un elemento de
control, hay que precisar. Por eso, la Tarjeta ha de funcionar como
un instrumento “rápido y eficaz para conocer las prestaciones
sociales que ofrecen las tres administraciones”. Por lo tanto, la
utilidad debe venir marcada para que los poseedores encuentren
respuestas ágiles en aquellas demandas que han de formular no solo
ante su ayuntamiento sino también ante la Comunidad Autónoma y la
Administración General del Estado. Es de esperar que el uso de la
TSU sirva, especialmente entre las personas más vulnerables, para
acabar con dudas competenciales y demoras administrativas. Y que no
haya interferencias sino todo lo contrario entre las instituciones.
Si hablamos de defensa de derechos, hay que saber cómo moverse. La
Tarjeta, en ese sentido, tiene que ser hasta un termómetro para
medir la agilidad y la eficacia de las prestaciones. ¿Estarán los
ayuntamientos preparados para que fluya la información y para que la
máquina administrativa no se bloquee o sufra los males crónicos tan
reprobados desde hace años por los ciudadanos que directamente lo
padecen? De eso se trata, partiendo del principio básico de la
cobertura tanto de la estructura municipal como de la Seguridad
Social en todo el territorio del Estado.
La
medida aparece en los meses finales del mandato municipal. Ya se verá
si es el mejor momento y qué impacto produce. En cualquier caso, se
necesitará un tiempo tanto para implantar como para contrastar su
aplicación. Desde luego, los servicios sociales municipales tienen
trabajo. Siempre pendientes de más recursos y de más competencias,
habrán de ofrecer con la TSU una respuesta más diligente. Si sirve
para aligerar burocracia, bienvenida.
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