“Una herramienta de comunicación de primer nivel y una
oportunidad enorme” para que todas las personas conozcan mejor sus derechos y
puedan reclamarlos. Así definió el secretario de Estado de Seguridad Social,
Octavio Granado, un interesante y nuevo recurso en el ámbito de los municipios:
la Tarjeta Social Universal (TSU).
¿De qué se
trata? Pues de un sistema de información y servicios que integra las
prestaciones económicas públicas, ya sean pensiones básicas o complementarias,
contributivas, no contributivas y asistenciales así como prestaciones
asistenciales y ayudas. El sistema posibilita conocer en tiempo real las
prestaciones tanto sociales como económicas que recibe cada usuario o familia
gestionadas tanto por la Administración General del Estado como por la
Comunidad Autónoma y los ayuntamientos. Desde luego, los municipalistas y
responsables locales de asuntos sociales tendrán que estar muy atentos a su
funcionamiento. Estamos ante un salto cualitativo en el complejo proceso de
digitalización y dentro del mismo, de los servicios sociales.
Granado ha
considerado que el alcance de la TSU “va más allá del registro de prestaciones
públicas”. Pero hay que precisar que no es un elemento de control. La Tarjeta,
según dijo, ha de funcionar como un instrumento “rápido y eficaz para conocer
las prestaciones sociales que ofrecen las tres administraciones”. Por lo tanto,
la utilidad debe venir marcada para que los poseedores encuentren respuestas ágiles
en aquellas demandas que han de formular no solo ante su ayuntamiento sino
también en las otras instancias administrativas.
La pregunta es si los ayuntamientos
están preparados para que fluya la información y para que la máquina
administrativa no se bloquee o sufra los males crónicos tan reprobados desde
hace años por los ciudadanos que directamente los padecen. Estos, en la
práctica, tienen que recibir un servicio que reduzca cargas administrativas y
simplifique trámites en el acceso a las prestaciones sociales. De eso se trata,
partiendo, como hemos dicho en otra ocasión, del principio básico de la
cobertura tanto de la estructura municipal como de la Seguridad Social en todo
el territorio del Estado. Por consiguiente, es de esperar que el
uso de la TSU sirva, especialmente entre las personas más vulnerables, para
acabar con dudas competenciales y demoras administrativas. Y que no haya
interferencias sino todo lo contrario entre las instituciones. Si hablamos de
defensa de derechos, hay que saber cómo moverse.
La Tarjeta, en fin, tiene
que ser hasta un termómetro para medir la agilidad y la eficacia de las
prestaciones. La medida aparece en los meses finales del mandato municipal. Ya se verá si
es el mejor momento y qué impacto produce. En cualquier caso, se necesitará un
tiempo tanto para implantar como para contrastar su aplicación. Desde luego,
los servicios sociales municipales tienen trabajo. Siempre pendientes de más
recursos y de más competencias, habrán de ofrecer con la TSU una respuesta más
diligente. Si sirve para aligerar burocracia, bienvenida.
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