FALTA PROFESIONALIZACIÓN

 

Las excelentes cifras de ocupación y la dinámica de los mercados hacen que los focos puestos sobre el sector turístico sigan interesando. El verano se agota  y pronto conoceremos los balances. No precipitemos por ahora cifras y porcentajes pero lo cierto es que ni el conflicto bélico en Ucrania ni la subida de la inflación parecen no haber frenado las tendencias de crecimiento ni las preferencias de viajero que querían. Sencillamente, volver a viajar y disfrutar. Allí donde querían o podía.

A la espera de los números, acerquemos los focos, por ejemplo, a un estudio de la firma Caixabank Dualiza, vinculada a la entidad financiera, cuya conclusión es tajante: en hostelería y restauración, faltan profesionalización en las plantillas laborales. Y es que más de la mitad de los trabajadores carecen de un título que se corresponda con el oficio que desempeñan. Es decir, o no tienen estudios, o completaron la ESO o entraron tras terminar el Bachiller, por lo que en ambos se hace clave el reto de la profesionalización. Según el estudio, los técnicos de Formación Profesional (FP) representan un 20% en ambas áreas y los universitarios alcanzan esa cifra en el sector hotelero y solo un 10% en restauración.

 

El sector, uno de los fundamentales en el conjunto de la economía productiva del país, afronta pues el reto de su profesionalización definitiva que afectaría a una gran parte de su actividad en medio de un período amenazado por incertidumbre de distintos tipos. Frente a la escasa adecuación de la titulación en hostelería, en el sector de las agencias y operadores turísticos se observa una progresiva profesionalización que se traduce en una reducción de los trabajadores con nivel Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) o bachiller, y un aumento de quienes poseen FP de Grado Superior o estudios universitarios, que ocupan casi el 85% de los puestos laborales.

 

El estudio de CaixaBank Dualiza, que tiene el objetivo de impulsar la Formación Profesional, indica que la mejora en el dominio de los idiomas, la sensibilidad medioambiental y el manejo de instrumentos digitales pasan a ser elementos fundamentales a incorporar en todos los perfiles profesionales dirigidos al sector.

A estos se suma, la evolución del servicio hacia una mayor personalización basada en el tratamiento de la información, ante una mayor exigencia de los clientes que esperan vivir experiencias atractivas, como hemos apuntado en varias entradas. Una tendencia que influye también en la restauración, que tiende a ampliar su variedad y su capacidad de adaptarse a las mayores necesidades de los clientes.

Esta apreciación anticipa el debate sobre un nuevo modelo. Efectivamente, estas nuevas tendencias se producen en un momento en el que el turismo trata de reconfigurar su actividad para saber si recuperará el modelo que se había establecido antes de la pandemia o tendrá que adecuarse a nuevas dinámicas.

 Los analistas del estudio, no obstante, estiman que pese a los nuevos retos, el sector seguirá en crecimiento y seguirá creando puestos de trabajo. Solo en el sector de la hostelería habrá un aumento de ciento treinta y siete mil novecientos cincuenta y cinco empleos en la década actual, lo que supone un alza de casi un 10 %. La mayor parte de esos puestos de trabajo serán por reemplazo y se generarán hasta 2026, cuando el sector irá registrando un descenso mínimo pero gradual.

 

Reventar un minuto de silencio

 

Nadie entiende a los catalanes, a una parte de los catalanes que ahora hasta irrespetan las manifestaciones públicas en memoria de los fallecidos en algún suceso o tras alguna acción terrorista. ¿Qué ha pasado con el seny? Hace unas fechas, una treintena de personas reventaron el minuto de silencio en memoria de los atentados de Barcelona y Cambrils, aquellos con víctimas y daños. Cuando las víctimas depositaban claveles blancos en el memorial del Pla de l’Os, en la Rambla, lanzaron gritos exigiendo “la verdad”. La acción de este grupo responde a la llamada teoría de la conspiración, que defiende la tesis de la implicación de los servicios secretos españoles en los atentados. El boicot provocó la indignación de los familiares de las víctimas y mereció la condena de todos los partidos, incluido Junts.

El mismo grupo que reventó el minuto de silencio abucheó a los políticos que asistían al acto en una segunda fila. Salvo a la ex presidenta del Parlament, Laura Borrás, que se acercó a saludar a los alborotadores, entre aplausos. Todos ellos asistieron después a un acto convocado ante la delegación del Parlamento Europeo y apoyado por el Consejo de la República. Bajo el lema de «basta de impunidad», los 250 concentrados acusaban al Estado de «cometer omisiones graves en la protección de la vida».

Recordemos que, en aquellos atentados, dieciséis personas perdieron la vida. Las imágenes eran terribles. El número total de víctimas fueron trescientas cincuenta, según la sentencia que intentaba corregir la falta de rigor de la instrucción judicial a la hora de realizar el recuento. Es el segundo atentado islamista más grave sufrido en España tras el cometido en Madrid el 11 de marzo de 2004 (191 fallecidos y 1.858 heridos). En ambos casos, sectores de la política y de los medios de comunicación han alimentado teorías de la conspiración pese a no existir ningún hecho que las sustente.

Para algunos observadores  y analistas catalanes, lo ocurrido en la Rambla significa la degradación moral de un reducto político.  Cuando no se respetan ni el dolor ni el luto es que, en efecto, asistimos a un proceso de degradación, de pérdida de valores. No todo vale; pero eso no lo han entendido unos cuantos que prefieren dar la nota por encima de cualidades y sentimientos. Lo que ocurrió en aquel acto convocado supuestamente para honrar la memoria de las víctimas no ha sido un capítulo más de la controvertida  y acelerada historia de los últimos años.  Era la señal clara y demostrativa de un dilema, de un dilema moral:  la eterna pregunta, ¿el fin justifica los medios? Los que quisieron instrumentalizar los atentados a conveniencia respondieron, siendo más o menos conscientes, que sí, que sus nobles causas estaban por encima del dolor y del respeto. Que merecían romper el silencio en beneficio propio.

Tengamos en cuenta que las víctimas del terrorismo son casuales. Pero víctimas con causa. La causa de la libertad de pensamiento y de un modelo de vida, de los valores de una civilización que los terroristas quieren destruir. Seguro que hay muchos catalanes avergonzados de lo que ocurrió en Plá de l’Os, en la rambla barcelonesa, cuando reventaron el minuto de silencio. Que su condena o su reprobación, aunque no explícita, apague el ruido de la causa de quienes se oponen a una convivencia tolerante y airean, en fechas señaladas, la radicalidad, la incomprensión, el odio, el fanatismo y el absurdo. Como si el dolor de un hecho execrable hubiera sido insuficiente o requiriese de inconsecuencias, da igual su dimensión.

 

SIN LÍMITES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN NI AL DERECHO A LA INFORMACIÓN

 

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) considera que el anteproyecto de Ley de Información Clasificada que sustituye a la ley franquista de Secretos Oficiales, resucita la censura al limitar la libertad de expresión y el derecho a la información “bajo la justificación de la salvaguardia de la seguridad y de la defensa nacional”, según comunicado hecho público hace unas pocas fechas. La FAPE, que representa a más de diecisiete mil periodistas de toda España, ha expresado su “sorpresa y rechazo” ante la decisión del Gobierno de dar trámite de urgencia al proyecto, evitando someterlo a consulta pública y limitándose a un periodo de información pública de solo siete días hábiles, entre el 3 y el 12 de agosto, en pleno periodo vacacional, sin ningún motivo que lo justifique cuando la reforma lleva ya cuarenta y cinco años pendiente.

La agencia Europa Press informa de que, pese a ello, con el apoyo de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), ha presentado un conjunto de alegaciones al texto en el que, entre otras cosas, rechaza que se obligue a los periodistas a guardar reserva sobre cualquier información confidencial o restringida a la que tengan acceso en el ejercicio de su profesión y que se sanciones su publicación por cualquier medio de comunicación. Para la FAPE, no cabe concebir como “conocimiento indebido de información clasificada el que resulte de las investigaciones periodísticas”, por lo que no resulta aceptable que se sancione por publicarla ni que se obligue a entregarla a un funcionario público.

La FAPE concluye que el texto que el Gobierno se propone remitir al Congreso después del verano supone “tanto una limitación al derecho constitucional a comunicar o recibir libremente información veraz, como al también derecho constitucional de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos”, sin más límites que los que fija la Constitución: la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.

La Federación, en la que está integrada la Asociación de Periodistas de Tenerife (APT) y  agrupa a otra cincuenta asociaciones de la prensa de toda España, además de contar con otras dieciséis organizaciones vinculadas, “rechaza de plano que se impida o recorte tanto el acceso a la información como su publicación, estableciendo graves sanciones [de hasta tres millones de euros] para quien la contravenga, en lugar de recordar la obligación de la Administración de informar a los ciudadanos sobre el desarrollo de las políticas del Estado o el funcionamiento del sector público, las negociaciones políticas o comerciales de España con otros estados, los intereses económicos e industriales o la prevención, detección e investigación de delitos”; materias todas ellas que la ley permite clasificar como confidenciales o reservadas y castigar su publicación.

Por su parte, se dice también en la información de Europa Press, fuentes del Ministerio de la Presidencia aseguran que la tramitación del anteproyecto en agosto responde a la voluntad de cumplir el compromiso de remitirlo a las Cortes este año y que “no hay contradicción entre la seguridad del Estado y los derechos constitucionales” a la libertad de expresión y el derecho a la información. Tras calificar el texto de “garantista y homologable a las democracias más avanzadas de la UE y la OTAN”, subrayan que su régimen sancionador ya estaba contemplado, aunque de manera más sucinta, en la ley vigente, sin que hasta ahora se haya sancionado a ningún periodista “por aplicación de la jurisprudencia constitucional”.

“Estamos convencidos de que la FAPE quedará satisfecha con las debidas explicaciones que recibirá como respuesta a sus alegaciones. En todo caso, seguiremos abiertos a intercambiar criterios y propuestas a lo largo de la tramitación administrativa y parlamentaria”, concluyen las mismas fuentes.

La dignidad del periodismo

 

El pensamiento de Albert Camus es ilustrativo y su validez, universal: “Yo no puedo creerme en posesión de la verdad, pero puedo comprometerme a no mentir”. Y en los tiempos convulsos que sacuden el periodismo, envolviéndolo con el celofán del descrédito y de otros males, reflexiones como esa ponen de relieve que la profesión solo la salvan -la enriquecen o la cualifican- los propios periodistas, con su compromiso, con su quehacer limpio y noble. Una profesión y un oficio basados en la libertad: “Una prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad, la prensa  nunca será otra cosa que mala”, diría el propio Camus.

 

Pero ocurre que el periodista, a menudo, es un intruso, no le importa serlo, aunque le llamen atrevido. Y a menudo también incumple principios básicos, hasta el punto de faltar a la verdad, de lanzar alegre e irresponsablemente, a los cuatro vientos y a los que haga falta, cualquier falacia… y cualquier insulto o descalificación. Quien así obra, es consciente del daño que causa. Es más, lo hace adrede, más allá de los peligros o de los riesgos que los editores y redactores-jefes dejan escapar con fines de desentenderse, de no tomarse en serio su cometido y de favorecer que adquieran carta de naturaleza o consolidación los vicios de la desnaturalización más reprobable.

 

Claro, se va creciendo, multiplica su caudal de insolencias, encima tiene público que simpatiza pues oye lo que quiere escuchar, no conoce la palabra humildad. Es que ni siquiera sabe que le llaman odiador. Prefiere seguir admirando al “valiente” –y no hay más remedio que entrecomillar el término- aunque aquel vocablo le suena cada vez más. La evolución del lenguaje. O las moderneces del sistema.  En la palabra periodista, por fas o por nefas, caben hoy en día muchas cosas. Imaginen en el que no siéndolo pero ejerce. Ahí, según el ensayista, poeta, crítico literario y catedrático de Literatura Española, Luis García Montero, son compatibles “el desprestigio, la sospecha, la desconfianza provocada por las mentiras, el servilismo impuesto por los grupos de interés, la degradación de los que confunden la labor de contar los hechos con las conspiraciones para cambiar gobiernos y favorecer componendas políticas y económicas”.

 

El pensamiento de Camus es una invitación a la práctica de la ética. Su compromiso es no mentir. Y a partir de él, trabajar pensando en la democracia, lo más importante, especialmente ahora en que se ve amenazada. Porque lo está, porque tiene defectos o imperfecciones que el periodista tiene el deber moral de combatir. Estamos viendo, sí, cómo los dictadores castigan la libertad de expresión. O cómo los clanes organizados, vinculados a suculentos e ilegales negocios, al mejor estilo mafioso acaban con la vida de periodistas impunemente. La cosa se complica cuando, en plena democracia, el Estado de derecho se debilita y entonces algunas élites empresariales humillan las noticias y santifican las mentiras que favorecen los negocios.

 

Volviendo a García Montero, cuando se refiere a la situación actual, reitera la idea de que el compromiso con la dignidad del periodismo es un compromiso con la democracia.  Y desgrana algunos de los males que caracterizan los tiempos que corren: “Sueldos muy bajos que debilitan la seguridad de quien informa. Una opinión pública que se ha olvidado de que el buen periodismo hay que pagarlo, de que merece la pena comprar un buen periódico, invertir en la dignidad del periodismo. Más peligros todavía: una sociedad acostumbrada a ser entretenida, no a ser informada, y unas redes sociales llenas de caraduras dedicados a crear falsas corrientes comunicativas”.

 

Cuando el catedrático se pregunta, ¿qué cabe en la palabra periodismo?, su respuesta es terminante: “El futuro de la democracia, la necesidad de resistir y de defender la propia dignidad. Comprobar los hechos, contarlos, denunciar mentiras, investigar”.

 

En Nicaragua, el régimen sí sabe lo que hace

Claro que es oportuna y reveladora la cita bíblica empleada por el  cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes en el curso de una misa celebrada bajo vigilancia policial, después de que las autoridades prohibieran una procesión por las calles de Managua, "por motivos de seguridad interna".

"Perdónales, Señor, porque no saben lo que hacen", dijo Brenes lamentando las tensiones y la detención del obispo Rolando Álvarez quien lleva unas dos semanas retenido por la policía acusado de "desestabilizar el país". Álvarez, un fuerte crítico del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, emitió el pasado jueves desde el recinto de la Iglesia donde está retenido una misa online donde afirmó que se encontraba bien y a salvo.

En realidad, los prebostes del régimen nicaragüense sí saben lo que hacen y actúan sin escrúpulos. Desde la distancia, y con fuentes informativas limitadas y condicionadas, asistimos a un proceso de supresión de las libertades, a la consolidación de un régimen totalitario y a una convivencia -si es que quedan restos del desastre para poder seguir hablando de ella- condicionada y atribulada. 

Ortega -y su esposa, Rosario- han convertido los ideales de Sandino en papel inservible. Todavía recordamos una entrevista del gran Manolo Alcalá, de RTVE, en la víspera de una jornada electoral de los noventa, cuando era impensable la derrota del actual presidente quien ya destilaba en sus respuestas que difícilmente aceptaría un resultado desfavorable. El paso de los años y los hechos han constatado que el país avanzó hacia una dictadura, lejos del pluralismo ideológico, del respeto y la tolerancia. En las últimas elecciones, este mismo año, Daniel Ortega fue liquidando, uno a uno, con distintos métodos, a quienes eran sus adversarios. Damos por hecho que el Estado de Derecho es frágil en el país centroamericano.

Ni Ortega ni su esposa, Rosario Murillo, actual vicepresidenta -para que todo quede en casa- dejan pasar la oportunidad de sojuzgar al pueblo. Ya ni siquiera es en defensa de la revolución. Y a todo el que asome la cabeza y manifieste su oposición, se le apremia y se le persigue. Es lo que está sucediendo con la jerarquía católica del país.  

La detención del obispo Rolando Álvarez no ha sido la única medida que las autoridades han tomado contra la Iglesia Católica. A principios de mes, el Estado cerró siete emisoras de radio propiedad de la institución religiosa y detuvo a otra sacerdote de la misma diócesis. Los miembros de la comunidad afirman que todo esto se trata de una persecución contra la Iglesia.

¿Y qué hace la Iglesia? El pasado viernes el Vaticano se pronunció por primera vez públicamente sobre estas medidas. El observador permanente del Vaticano ante la Organización de Estados Americanos expresó su preocupación durante una sesión especial del consejo permanente del organismo.

Además, los miembros de esta congregación afirman que han escrito una carta al Papa Francisco para que interceda en la situación del país. Desde las fuertes manifestaciones de 2018, el presidente Ortega no permite grandes reuniones públicas que no sean afines al régimen y ha cerrado más de mil organizaciones no gubernamentales.

Entonces, es adecuada y oportuna la apelación, pero que nos perdone el cardenal. Las cabezas pensantes y los responsables del régimen sí saben lo que hacen,

Encarecimiento de los periódicos impresos

Un dato significativo: los periódicos impresos en España se han encarecido un 15 % en los últimos diez años.

Lo registra el último informe sobre la Industria de las Publicaciones Periódicas, elaborado por las universidades de Santiago de Compostela y A Coruña que pone de relieve las crisis de los empresas o grupos editores, especialmente en el sector papel. En efecto, desde 2012, más de seis mil quioscos en nuestro país se han visto obligados a cerrar. Y el papel, precisamente, ha perdido 8,6 millones de lectores desde 2008, cuando empezó todo, cuando se desató la crisis global.

Para compensar las pérdidas de lectores en papel, los principales editores han apostado por incrementar el precio de sus ejemplares. En los últimos diez años, el precio de los seis principales periódicos generalistas impresos en España -El País, El Mundo, ABC, La Vanguardia, El Periódico de Catalunya y La Razón- ha aumentado de media un 15 %.

En 2013, el precio medio de los ejemplares en papel era de 2,3 euros, 35 céntimos menos que la media que se registra este año (2,65 euros) -cuando se incorpora El Periódico de España-. Para este análisis se ha tomado de referencia el precio de las ediciones dominicales, al tratarse de las más extensas y de mayor tirada, a excepción de El Periódico de España, que no publica los domingos en papel. La evolución es todavía mayor si se compara con la cifra de hace 20 años. En 2003, comprar un periódico en el quiosco costaba los domingos de media 1,64 euros, es decir, un 62 % menos que ahora.

¿Cuáles son los periódicos más caros? El País, El Mundo y ABC. ¿El que más incrementado su precio? La Razón. Los primeros cuestan tres euros. El diario de Vocento ha mantenido este precio desde 2016 y El País ha aumentado este año veinte céntimos, la misma subida que aplicó la cabecera de Unidad Editorial (El Mundo) en 2012.

Según este informe de las universidades gallegas, el único diario que ha mantenido estable su precio en el último decenio (2,5 euros) es El Periódico de Catalunya.  Es exactamente la misma condición y precio que llevaba registrando La Vanguardia hasta este año, que ha aumentado treinta céntimos, hasta los 2,8 euros. 

El diario que se ha mostrado más volátil en su precio ha sido La Razón. Desde 2003 hasta ahora, su precio se ha incrementado 1 euro, siendo el periódico que registra un mayor encarecimiento, aunque, aun así, sigue siendo uno de los generalistas más baratos. El Periódico de España fue lanzado en octubre de 2021 y su precio -de 2 euros- todavía no ha sufrido alteraciones desde entonces. Actualmente, este periódico de Prensa Ibérica es el más barato.

Además, el notable encarecimiento del papel en un escenario de inflación se suma este año a los desafíos que sortean los grupos editores para sostener el formato tradicional de prensa, hecho que no es fácil, como se ha podido contrastar. Las crisis de la prensa en papel parecen no haber acabado, pese a mantener unos lectores fieles. 

  

Menos ministerios. ¿Y?

 

Es saludable que los partidos políticos introduzcan la austeridad en sus discursos. Pero, claro: deben llevarlo a la práctica si acceden a la gobernabilidad de las instituciones, en solitario o coligados, única forma de ganar o recobrar credibilidad. Está muy extendido que los políticos derrochan o despilfarran, perciben salarios muy altos e incluso utilizan en demasía los recursos públicos a su alcance. Y claro, en tiempos de crisis, la tendencia a reprochar esos comportamientos, sobre todo cuando los protagonizan los adversarios, se va acentuando.

El Partido Popular (PP) ha hecho –y hace- bandera del ahorro que significaría suprimir al menos siete de los veintidós ministerios que componen la actual estructura del Gobierno de España. La ultraderecha, en horas bajas desde los resultados de Andalucía, se ha sumado a la pretensión y coinciden en que se trata del Gobierno más caro de la historia de España. Por eso interpretan que el número de ministerios es sinónimo de gasto superfluo y suelen apuntar en la diana de los suprimibles a Igualdad y Consumo.  

Pero algunos datos indican lo contrario. Cierto es que, según las cifras gubernamentales, la “desaparición” de ministerios no acarrea las consecuencias que las derechas quieren hacer ver. Suprimir Consumo, por ejemplo, no implicaría el despido de los funcionarios que trabajan en este departamento –474 personas, según datos de 2021— ni el ahorro de las partidas presupuestarias que tiene asignadas (57,18 millones de euros para el año 2022). Centrándonos en este departamento, los argumentos de reducir su rango para que vuelva a ser Secretaría de Estado apenas supondrían más ahorro que el derivado de que su máximo responsable, en vez de cobrar como ministro, ingresas un salario de secretario de Estado. El actual titular del Ministerio de Consumo, Alberto Garzón, cobra 76.355,28 euros brutos al año y si fuese secretario de Estado su sueldo sería de 74.892,12 euros: un ahorro de apenas 1.463 euros brutos al año.

Lo mismo, según las fuentes consultadas, se puede decir del resto de ministerios de nueva creación, desde el de Derechos Sociales al de Igualdad, pasando por el de Seguridad Social, el de Ciencia o el de Universidades, “lo que rebaja sensiblemente las expectativas de que un gobierno más pequeño suponga un ahorro reseñable en una administración que este año maneja un presupuesto de 196.142 millones de euros y que, en las últimas décadas, ha acumulado una deuda pública de 1,4 billones”.

Los propósitos reduccionistas de las derechas apuntan también al número de asesores de cada departamento. Pero, primero, téngase en cuenta que la cifra de personal eventual que cada departamento contrata no es consecuencia directa de que haya más o menos ministros sino de la decisión política de cada uno de ellos. Luego, tratando de poner las cosas en contexto, con este ejemplo que encontramos en la publicación Newtral: cada ministro del presidente Rajoy trabajaba con la ayuda de cincuenta y un asesores, mientras que cada ministro de Sánchez lo hace con treinta y cuatro. Eso es un 33 % menos de personal de personal de confianza al servicio de cada titular de ministerio.

En fin, mucho hay que temer que el debate, pese a los datos, continuará.

Una sede para el MACEW

 

Es tiempo de dilemas. ¿Dónde la sede de? Y ahí se abre toda una suerte de posibilidades, influjos y conveniencias. En Canarias, por aquello de ocho islas, dos provincias y la doble capitalidad, ya saben que la cosa se complica, independientemente de las legítimas apetencias.

En el Puerto de la Cruz hay que afrontar una alternativa al Museo de Arte Contemporáneo Eduardo Westerdahl (MACEW), instalado desde hace unos años en la Antigua Casa de la Real Aduana, superviviente casi de milagro de aquel inigualable conjunto arquitectónico que servía de postal anunciadora de lo que podía encontrarse en aquel pueblo que terminó asumiendo su indeclinable vocación turística.

Un poco de historia. En octubre de 2001 fue rescatada y presentada públicamente la colección de arte del Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias (IEHC). Museo de Arte Contemporáneo Sala Eduardo Westerdahl. Hay que ponerlo todo, aunque parezca largo, pues significa lo que los promotores querían volver a dar a conocer.

HABÍAN TRANSCURRIDO (sí, en mayúsculas) treinta y seis años desde que Eduardo Westerdahl, su creador, lo dejara, al ver que no había forma de que se hiciera realidad, en los tiempos de Isidoro Luz Carpenter, ni su museo, ni su propuesta de residencia internacional para Artistas e Intelectuales, que contaba con la participación, en la parte técnica, del prestigioso arquitecto italo-suizo Alberto Sartoris. La exposición de Puerto de la Cruz, en octubre de 2001, se celebró en tres espacios distintos de la ciudad; el IEHC, la Casa de la Aduana, futura sede, y CajaCanarias.

A partir de ahí recorrió, en itinerancia, la Regenta de Las Palmas y La Granja de Santa Cruz de Tenerife, así como en otras islas, como el MIAC de Arrecife de Lanzarote, o también la isla de La Palma. Era presidente del Instituto, Nicolás R. Münzenmaier. La intervención del viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Ángel Marrero Alayón, resultó decisiva.

El siguiente paso fue el cincuentenario del IEHC y el MACEW, que tuvo lugar el 28 de marzo de 2003. Este nuevo avance, desde luego, fue realmente muy importante, pues el museo volvía a abrir sus puertas, tras un acuerdo y convenido con el Cabildo de Tenerife, que cedía la Casa de la Aduana, y de ese modo el 28 de junio de 2007 se pone en marcha el actual Museo de Arte Contemporáneo Eduardo Westerdahl, el MACEW, que ha acogido relevantes exposiciones y manifestaciones artísticas.

Llegamos a los meses de noviembre y diciembre de 2013, cuando fueron dados a conocer los resultados del concurso de ideas convocado para remodelar el antiguo parque San Francisco que ya estaba prácticamente sin utilizar dado su evidente deterioro físico. La idea era que, además de un auditorio, su planta superior acogiera, prácticamente en su totalidad, una sede fija y estable para el MACEW.

Pero el proyecto no cuajó y los propósitos saltaron añicos. Era difícil, por no decir imposible, cumplir con algunos requisitos imprescindibles derivados de la localización: el antiguo parque está ubicado justo al lado de un Bien de Interés Cultural (BIC) la iglesia del antiguo convento de San Francisco. El parque fue demolido. El concurso se diluía y el proyecto tenía cada vez menos opciones de materializarse.

Dada esa situación, y con los promotores cada vez más desilusionados, se comenzó a barajar alternativas. La primera fue la sede del antiguo cine ‘Chimisay’, que tampoco salió adelante. Se buscó otra opción, que es la que se baraja actualmente, el antiguo convento y colegio de los Agustinos, anexo al Torreón Ventoso.

Según las informaciones que nos llegan, parece que hay un entendimiento para su adquisición, por parte del Cabildo, a sus actuales propietarios, el Obispado de Tenerife y la familia Machado.

A día de hoy, desde las exposiciones, que dieron paso a todo lo demás, han transcurrido veintiún años: desde que el Museo volvió a abrir sus puertas, como MACEW, quince. Y desde que se convocó  el concurso de ideas y su correspondiente proceso administrativo, nueve años.

 

En resumidas cuentas, estamos a las puertas del 70 aniversario de la creación del IEHC y el MACEW, que tendrá lugar el 28 de marzo de 2023. Y relativamente cerca también del emblemático 75 Aniversario, que tendrá lugar el 28 de marzo de 2028.

Consideramos que es un margen de tiempo suficiente y amplio para hacer realidad el sueño museístico de Eduardo Westerdahl en el Puerto de la Cruz. Y para que el actual director, Celestino Hernández, vea superado su reto personal, ese en el que tanto empeño ha puesto hasta el punto de plantearlo ante sus compañeros del IEHC como una cuestión única de seguimos ¿o lo dejamos?

Para ello es imprescindible comenzar ya a dar pasos concretos, o lo que es igual, tomar decisiones fehacientes que reafirmen no solo voluntad política sino avances indubitados de que el MACEW va a tener su sede de una vez por todas. Una primera determinación: consignar en los Presupuestos Generales del Ayuntamiento, a elaborar hasta el 31 de diciembre del presente año 2022, cantidad suficiente que acredite cuál es la decisión definitiva, como futura sede del MACEW, y su adquisición.

Sin ánimo de aventurar ni de jugar a futurólogos, luego vendrán proyectos de rehabilitación y de adaptación, de modo que en lo que queda de este mandato, hasta mayo de 2023; y en el siguiente, hasta mayo de 2027, pueda alcanzarse el objetivo.

Los antecedentes y la memoria de los mentores bien que lo merecen. Despejemos el dilema, pues.

 

Calidad ambiental, calidad turística

 

Es noticia que en un hotel de Estados Unidos han cambiado el césped natural por artificial “para así ahorrar agua y empleados”. Los críticos coinciden en que, a pesar de la justificación, la solución no parece afortunada ni duradera, tanto por tratarse de la instalación de un elemento artificial –desde el punto de vista ecológico o medioambiental, es muy discutible- sino porque los clientes, de alguna manera, van a notar nuna gran diferencia.  Y es que las personas no solo ven sino que perciben  con  más de un sentido. Mucho más en viajes y estancias, principalmente porque existe la opción mucho más eficiente de plantar  vegetación autóctona (las célebres cortinas vegetales de tantos puntos/obras de la geografía insular) o aquella más resistente al estrés hídrico y que con arquitectura de paisaje puede deparar resultados espectaculares.

El ejemplo del hotel aludido nos pone en la senda de cómo la calidad ambiental se transforma en calidad turística y resulta primordial para la competitividad. Partimos de esa certeza, de acuerdo, pero las circunstancias de nuestros días, con la crisis climática que condiciona las temperaturas y microclimas que afectan a los destinos y a la industria de hospedaje, inciden también en los ecosistemas y la biodiversidad. La percepción de los viajeros o turistas resulta decisiva para captar su atención y su fidelidad.  Es evidente que una mayoría de mejoras ambientales o ecológicas benefician a los hoteles, restaurante y destinos en su conjunto porque, sobre el papel, impiden la concentración de una serie de residuos que comporta la cadena de producción u operativa,  por ejemplo, la energía, el agua y la alimentación.

Cada vez hay más empresarios y profesionales convencidos de que el sector turístico está en condiciones de deber y poder regenerar el entorno natural donde se desarrolla, una estrategia más rentable que el actual ‘greenwashing’, en castellano algo así como lavado ecológico o ecoblanqueamiento consistente en orientar la imagen de marketing de una organización o una empresa hacia un posicionamiento ecológico mientras que, por otro lado, sus acciones van en contra del medio ambiente. Esa “comunicación verde” no siempre significa que la empresa sea más respetuosa con el medio ambiente ni que haya adquirido fehacientemente un compromiso medioambiental. De esa forma, el lavado o ecoblanqueamiento muchas veces incurre en un mensaje abusivo y hasta engañoso. Las consecuencias, a la larga, suelen ser muy negativas sobre la reputación.

En definitiva, lo que se valora es el compromiso del sector hotelero o turístico en general con  su entorno natural. Algunos establecimientos en la isla no solo han sido pioneros sino también un consolidado ejemplo a seguir.  Han llevado a cabo una estrategia clara de compensación, cuando no un proceso de mejora y transformación que repercute en su propia oferta y en la potenciación de la calidad ambiental de su entorno.

En conclusión, la mejora medioambiental equivale a una mayor calidad turística. Aunque resulte una obviedad, conviene reiterar que muchas empresas y destinos turísticos se localizan en un territorio con el que, en menor o mayor medida,  tienen una relación muy estrecha, por lo que es fundamental considerar que las acciones de compensación y regeneración ambiental deben estar integradas o coordinadas, incluso en el propio destino, de modo que formen parte de su personalidad, de su oferta . Que sean, pues, un factor distintivo.

 

LOS INGLESES SE FRENAN

 

La fuente es el banco Barclaycard, con datos fundamentados en el uso de las tarjetas de crédito. La inflación empieza a causar efectos perjudiciales y los británicos empiezan pensarlo dos o tres veces antes de viajar al extranjero. Consideran que se trata de un gasto no esencial y por lo tanto hacen números antes de tomar el avión.

Los datos coinciden: el alto coste de la vida que están sufriendo ha comenzado a impactar en algunos aspectos del gasto en los hogares ya en el mes de julio, con una caída específica del 4% en agencias de viajes y del 3% en aerolíneas. Todo ello y a pesar de que el gasto general subió un 1,6 % comparado con el mes de junio, pero los británicos han gastado más en otros aspectos, como la ropa o las escapadas dentro de Reino Unido. 

Los ciudadanos, según los indicadores de Barclaycard, han gastado un 2 % más en ‘staycations’, que, según hemos explicado en alguna entrada anterior, se trata de una nueva hoja de ruta del turismo. Staycation es el acrónimo resultante de unir dos palabras en inglés: “stay” (quedarse) y “vacation” (vacaciones), lo que en castellano se traduce como unas vacaciones en casa. 

De acuerdo con lo anterior, el término staycation hace referencia a un período vacacional en el que decides quedarte en casa y disfrutar de las actividades que ofrece tu entorno más cercano, sin necesidad de desplazarte largas distancias. Algo así como ser turista en tu propia ciudad, descubriendo cuanto te rodea y a lo que, probablemente, no habías prestado atención. Dentro de este concepto entraría visitar los principales monumentos de la zona, ir de museos, pasear por parques y avenidas, explorar tu barrio, conocer nuevos restaurantes, probar el spa de un hotel y demás actividades similares.

Ese gasto superior al 2 % incluye reservas en hoteles y otros proveedores de alojamiento dentro del país, de modo que un 16 % de los británicos ha optado por quedarse en el país. Conocida la importancia que tienen los turistas británicos en el mercado turístico, los datos preocupan. Renunciar a las escapadas en el extranjero, después del repunte advertido en primavera traducido en una notable recuperación del flujo emisor, es un hecho que no beneficia, claramente. Deberán estar atentos los responsables institucionales, empresarios y agentes privados para tratar de frenar la tendencia, aun cuando la guerra en Ucrania lo condiciona prácticamente todo.

Por otro lado, un 20 % de los británicos ha decidido no salir del país, con independencia de si disfruta de vacaciones domésticas, y uno de los aspectos que han influido es la subida del precio de los billetes de avión, que se elevó un 30%. También la fuerte inflación les está llevando a recortar el gasto en comer y beber fuera.

Así que atentos a la evolución de la demanda británica. Allí se meterán en elecciones próximamente. Y remontar o volver a niveles de recuperación contrastada en temporada alta (en Canarias) será complicado.