La Federación de Asociaciones de
Periodistas de España (FAPE) considera que el anteproyecto de Ley de
Información Clasificada que sustituye a la
ley franquista de Secretos Oficiales, resucita la censura al limitar la
libertad de expresión y el derecho a la información “bajo la justificación de
la salvaguardia de la seguridad y de la defensa nacional”, según comunicado hecho
público hace unas pocas fechas. La FAPE, que representa a más de diecisiete mil
periodistas de toda España, ha expresado su “sorpresa y rechazo” ante la
decisión del Gobierno de dar trámite de urgencia al proyecto, evitando
someterlo a consulta pública y limitándose a un periodo de información pública
de solo siete días hábiles, entre el 3 y el 12 de agosto, en pleno periodo
vacacional, sin ningún motivo que lo justifique cuando la reforma lleva ya cuarenta
y cinco años pendiente.
La agencia Europa
Press informa de que, pese a ello, con el apoyo de la Asociación de la Prensa
de Madrid (APM), ha presentado un conjunto de alegaciones al texto en el que,
entre otras cosas, rechaza que se obligue a los periodistas a guardar reserva
sobre cualquier información confidencial o restringida a la que tengan acceso
en el ejercicio de su profesión y que se sanciones su publicación por cualquier
medio de comunicación. Para la FAPE, no cabe concebir como “conocimiento
indebido de información clasificada el que resulte de las investigaciones
periodísticas”, por lo que no resulta aceptable que se sancione por publicarla
ni que se obligue a entregarla a un funcionario público.
La FAPE concluye que
el texto que el Gobierno se propone remitir al Congreso después del verano
supone “tanto una limitación al derecho constitucional a comunicar o recibir
libremente información veraz, como al también derecho constitucional de acceso
de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos”, sin más límites
que los que fija la Constitución: la seguridad y defensa del Estado, la
averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.
La Federación, en la
que está integrada la Asociación de Periodistas de Tenerife (APT) y agrupa a otra cincuenta asociaciones de la
prensa de toda España, además de contar con otras dieciséis organizaciones
vinculadas, “rechaza de plano que se impida o recorte tanto el acceso a la
información como su publicación, estableciendo graves sanciones [de hasta tres
millones de euros] para quien la contravenga, en lugar de recordar la
obligación de la Administración de informar a los ciudadanos sobre el
desarrollo de las políticas del Estado o el funcionamiento del sector público,
las negociaciones políticas o comerciales de España con otros estados, los
intereses económicos e industriales o la prevención, detección e investigación
de delitos”; materias todas ellas que la ley permite clasificar como
confidenciales o reservadas y castigar su publicación.
Por su parte, se
dice también en la información de Europa Press, fuentes del Ministerio de la
Presidencia aseguran que la tramitación del anteproyecto en agosto responde a
la voluntad de cumplir el compromiso de remitirlo a las Cortes este año y que
“no hay contradicción entre la seguridad del Estado y los derechos
constitucionales” a la libertad de expresión y el derecho a la información.
Tras calificar el texto de “garantista y homologable a las democracias más
avanzadas de la UE y la OTAN”, subrayan que su régimen sancionador ya estaba
contemplado, aunque de manera más sucinta, en la ley vigente, sin que hasta
ahora se haya sancionado a ningún periodista “por aplicación de la jurisprudencia
constitucional”.
“Estamos convencidos
de que la FAPE quedará satisfecha con las debidas explicaciones que recibirá
como respuesta a sus alegaciones. En todo caso, seguiremos abiertos a
intercambiar criterios y propuestas a lo largo de la tramitación administrativa
y parlamentaria”, concluyen las mismas fuentes.
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