Parecía un
debate olvidado pero ha reaparecido. La financiación pública de los municipios
considerados turísticos sigue siendo una asignatura pendiente. Hace años, para
centrarnos, se hablaba de población de derecho y de hecho. También de población
flotante o asistida. Se trata de prestar servicios básicos o comunes para toda
la comunidad local. Los ayuntamientos se veían –se ven- obligados a hacerlo
cuando se enfrentan a la realidad de un número de empresas y habitantes
reglados, inscritos en en padrones de contribuyentes y demás, al que hay que
sumar una importante cantidad de visitantes, durante una temporada o estación o
durante todo el año, a los que también hay que prestar servicios públicos,
desde seguridad a recogida domiciliaria de basuras.
Los munícipes
se las ven negras para cuadrar presupuestos sin incrementar las tasas, al menos
excesivamente, aunque por muy bajos que sean los porcentajes, siempre parecerán
elevados y no faltarán las quejas o protestas. Eso sí: todos quieren que las
calles y jardines estén limpios.
Pues el
debate ha reaparecido, con elementos no muy diferentes de los que se manejaron
en el pasado. La Alianza de los Municipios Turísticos de Sol y Playa (AMT)
denuncia una financiación pública insuficiente para poder atender todas las
demandas. Tres municipios canarios se
integran en la AMT: San Bartolomé de Tirajana, Adeje y Arona. El problema de resume en que con apenas
cuatrocientos treinta mil habitantes han de prestar servicios a casi ocho
millones de turistas al año. Los ocho municipios que conforman la AMT
representan tan solo el 0,9 % de la población pero copan el 9 % de la ocupación
turística. El conjunto de su oferta de alojamiento reglado alcanza el 15 % y
registran el 19 % de las pernoctaciones hoteleras del turismo internacional del
país. El desequilibrio, por tanto, salta a la vista.
Téngase en
cuenta que en el verano previo a la pandemia los ocho destinos turísticos de la
Alianza recibieron conjuntamente recibieron a más de 7,8 millones de turistas,
cifra que es muy probable puedan repetir este año de acuerdo con las
previsiones que los gantes del sector han calculado.
La AMT es
fruto de la iniciativa de ocho destinos turísticos
en España, cuya singularidad turística y compromiso con la digitalización del sector, la sostenibilidad,
la accesibilidad y la cooperación entre destinos representa un
conjunto de fortalezas comunes para mantener su posición de liderazgo en el
sector. La actividad turística de los ocho destinos genera alrededor de
noventa y cuatro mil puestos de trabajo.
Está claro
que los integrantes de la Alianza, con el apoyo de otras organizaciones y, si
nos apuran, hasta de la propia Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP), para intentar alcanzar un acuerdo más justo y equilibrado, sobre todo ahora
que todos quieren pillar cacho del sector público.
La
desigualdad de condiciones, no solo en la teoría sino también en la práctica,
es un hecho evidente. Los afectados querrán un acuerdo estable que permita
vislumbrar unos horizontes presupuestarios mucho más llevaderos. Pero, ojo, los
ayuntamientos deberán, no solo sacudirse las pulgas, sino garantizar la
prestación de servicios de calidad. Esta es una materia a la que alcaldes y
ediles de Hacienda y Turismo deberán prestar una atención especial, si quieren,
simplemente, que el destino siga siendo competitivo.
Y eso, en
los tiempos que corren, de plena recuperación, es una exigencia.
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