Seguro que la mayoría de los lectores está al tanto de ya larga
crisis social, económica e institucional que se vive en Venezuela, donde el
periodismo también sufre escasez, penalidades y persecución, tal es así que la
Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH1) ha exigido al Estado venezolano respetar y garantizar
el derecho a la libertad de expresión, en particular el trabajo de los
periodistas, según informa Inter Press Service (IPS), una agencia mundial de
noticias comprometida con el ejercicio de periodismo
independiente y especializada en reportajes analíticos sobre procesos y
acontecimientos económicos, políticos, sociales, artístico y culturales. Su
cobertura se caracteriza por incluir a las organizaciones que conforman a la
sociedad civil como fuente informativa, y a los procesos de la era de la
globalización como temas de especial interés. La IPS está constituida como una
organización sin fines de lucro y goza de estatus consultivo como organización
no gubernamental en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas
(Ecosoc) y de estatus de organización internacional elegible para recibir
Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD).
Siempre
prestamos atención a lo que acontece en el país hermano. Y siempre tendemos un
puente de solidaridad con quienes padecen un régimen totalitario y sufren la
incomprensión de los gobernantes. Máxime si se trata de periodistas. Cuántos de
fuste, de altura, de proyección universal. El régimen se ha cebado con muchos
de ellos, quebrando así una tradición de libertad de expresión que fue ejemplo
para toda Iberoamérica.
Pues bien: la
Relatoría ha hecho una declaración “ante la persistencia de hostigamientos y el
incremento de censura contra periodistas en Venezuela, reafirma su respaldo al
periodismo independiente y su compromiso con la plena vigencia del derecho a la
libertad de expresión en el país”.
Efectivamente, a
lo largo de 2022, la Relatoría «ha continuado documentando severas
restricciones al derecho a la libertad de expresión en Venezuela y la
persistencia de un ambiente hostil para el ejercicio de la labor periodística».
Ese ambiente
«está marcado por hostigamientos, persecuciones, detenciones arbitrarias y
señalamientos estigmatizantes contra quienes investigan y participan
activamente de asuntos de interés público y político», según la Relatoría a
cargo del jurista colombiano Pedro Vaca Villarreal.
Ese departamento
de la Confederación Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) «también ha sido
informado sobre medidas restrictivas del derecho a la libertad de expresión en
el entorno digital, por ejemplo, apagones y cortes del servicio de internet y
bloqueos deliberados contra portales informativos y otras plataformas
digitales».
La Relatoría
expuso que los cierres de medios de comunicación, así como la incautación de
sus equipos, instrumentados directa o indirectamente por el Gobierno, limitan
cada vez más el acceso de la ciudadanía a información confiable y de fuentes
independientes, y han generado «zonas de silencio mediático» en Venezuela.
Claro, así las
cosas, se habría creado un ambiente general de autocensura, tanto en la
ciudadanía como en la prensa que informa sobre asuntos de relevancia pública,
como la crisis de derechos humanos en Venezuela.
La Relatoría «ha
observado con particular preocupación la situación de mujeres periodistas
venezolanas, quienes son blanco de ataques diferenciados en razón de género en
el ejercicio de su profesión».
«Conforme han
señalado diversas organizaciones de la sociedad civil, cada vez con mayor
frecuencia, las mujeres periodistas son víctimas de campañas de acoso,
hostigamiento y estigmatización en redes sociales, cuyo principal efecto es el
silenciamiento», expresa el texto.
También la
Relatoría ha recibido numerosos reportes sobre el uso del derecho penal contra
periodistas con fines presuntamente intimidatorios, incluyendo figuras como
terrorismo o traición a la patria, «además de la continuidad en la aplicación
de la Ley Contra el Odio de forma selectiva y desproporcionada».
La Relatoría
recordó que la ley ordena multas y hasta veinte años de prisión para cualquier
persona que difunda información considerada como promoción o incitación al
odio, la discriminación o la violencia.
Además otorga
facultades legales para censurar contenidos que pueden estar protegidos por el
derecho internacional de los derechos humanos.
Según hizo
público la Relatoría, esa ley ha sido empleada para deslegitimar y criminalizar
a cualquier persona que cuestione o critique la gestión gubernamental o a
personas que ejerzan funciones públicas.
Este departamento
de la CIDH ya ha señalado previamente que la Ley contra el Odio «desconoce y
suprime el libre ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y
expresión, y debe ser dejada sin efecto».
Por ello, la
Relatoría “condena los ataques y represalias perpetrados desde las esferas
gubernamentales en contra de la prensa, e insta al Estado de Venezuela a
respetar y garantizar el derecho a la libertad de expresión, en particular de
las y los periodistas y comunicadores”.
Finalmente, la
Relatoría «invita a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para
acompañar y respaldar la labor de las y los periodistas venezolanos, y a
continuar trabajando en la promoción y el restablecimiento de las plenas
garantías para el ejercicio de la libertad de expresión en Venezuela».
Con signemos que
la CIDH es una entidad autónoma del sistema interamericano del que se alejó el
actual gobierno de Venezuela, y concretó en abril de 2019 su retirada de la
Organización de Estados Americanos (OEA).
No hay comentarios:
Publicar un comentario