Se han puesto de
moda los ataques al periodismo. Sí, de acuerdo, comparados con los
que sufren y padecen en otros sitios, con alto coste de vidas
humanas, parecen de menor importancia pero son ataques que, por
menoscabar la integridad física de las personas o el principio de la
libertad de información, en la que se supone es una sociedad
avanzada y democráticamente madura, solo producen desazón y
repulsa.
Si los catalanes
partidarios de la independencia creen que amenazando y agrediendo a
reporteras, en plena prestación profesional, ganan enteros en sus
pretensiones, están simplemente equivocados. Si la derecha extrema
de un partido innombrable entiende que no permitiendo el acceso de
ciertos medios a un acto público propio hacen demostración de algo,
están simplemente errados. En ninguno de los dos casos, se han
lucido. Hasta es probable que muchos de los propios partidarios de
las respectivas causas hayan rechazado los métodos, violentos y
excluyentes. La democracia y el pluralismo no deberían conocer de
estas situaciones que desvirtúan, notoriamente, afanes y objetivos.
Ha
ocurrido en Catalunya, durante la cobertura informativa de la
manifestación del aniversario del 1-O, cuando la periodista Laila
Jiménez (Tele 5) fue zarandeada y agredida por algunos participantes
en las manifestaciones; y en Madrid, en vísperas de un mitin de la
organización ultraderechista, previsto para ayer, cuyos dirigentes
vetaron la presencia de los profesionales de elplural.com,
en
otra prueba de su manifiesta hostilidad hacia algunos medios de
comunicación.
La Federación de
Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha sido concluyente en
ambos casos, reprobando los hechos y condenando cuantas acciones
impidan el ejercicio de derechos constitucionales. “La reiteración
de estos ataques -manifestó en el caso de Catalunya- confirma que
determinados sectores del independentismo han emprendido una clara e
intolerable estrategia de ataque a los derechos constitucionales a la
libefrtad de expresión y a la información, pilares fundamentales de
la democracia. Su objetivo es minar estos derechos y, de paso,
debilitar a la propia democracia. Nada democrático se construye sin
respetar tales derechos”.
Reitera
la FAPE que estas
nuevas agresiones a periodistas confirman que el ejercicio libre del
periodismo está sufriendo graves limitaciones en Catalunya, lo que
no solo debe preocupar a las organizaciones profesionales del sector,
sino también a los responsables públicos y a los ciudadanos. Por
eso, insta al gobierno catalán a que condene estas agresiones, tome
medidas para que no se repitan y garantice el libre ejercicio del
periodismo. Está claro que la intimidación, la agresividad y la
violencia hacen un flaco favor a Catalunya y al propio
independentismo. Ello no contribuye en nada a la imagen de una
comunidad pacífica, moderada, moderna y avanzada. Al contrario,
fortalece el sentimiento de lástima que inspira su deriva
separatista.
En
cuanto a la derecha extrema, que tiene sectores -como ha quedado
demostrado- revanchistas y guerracivilistas, las organizaciones
profesionales, tanto la FAPE como la Asociación de la Prensa de
Madrid (APM), han sido igual de contundentes. Hablan de
discriminación intolerable y de una grave vulneración el derecho
constitucional a la libertad de expresión que ampara, a su vez, los
derechos de prensa e información, pilares fundamentales de la
democracia. Pero ya se sabe cómo la entienden estas personas tan
radicales. En “su” democracia, se permiten estos plácemes. Quién
les vería si tuvieran responsabilidades de gobierno.
La
respuesta es terminante: se insta al partido innombrable a que
apueste por una política de transparencia que incluya la libertad de
crítica aunque esta no sea de su agrado. Es más: se le recuerda que
“los partidos políticos deben someterse al escrutinio de la
opinión pública, un ejercicio que se facilita a través del trabajo
de los medios de comunicación en un marco de libertad de expresión
y de respeto al derecho a la información”.
Mucho
hay que temer que estas consideraciones sean papel mojado.
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