La
Fundación Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada
(Foessa) ha hecho público, por medio de Cáritas, un nuevo informe
sobre Exclusión y Desarrollo Social en Canarias en el que se
consigna que un 29 % de la población está en situación de
exclusión social, moderada (13,3 %) o severa (15,7 %). Del 71 %
restante, se destaca que solo el 40,1 % está integrado de forma
plena, mientras que el 30,8 %se encuentra en un estado de integración
precaria. Los datos que siguen resumen una radiografía social
preocupante: el Producto Interior Bruto (PIB) per cápita de Canarias
es inferior al nacional: diecinueve mil seiscientos cincuenta y siete
euros por habitante frente a los veintitrés mil ciento setenta y
nueve, cantidad del conjunto del Estado. El gasto en protección
social también es inferior a la media española: en nuestra
Comunidad Autónoma, se eleva a dos mil setecientos catorce euros por
persona y en España el promediko asciende a tres mil doscientos
catoce euros.
Teniendo
en cuenta que los registros se producen cuando el contexto
socieconómico se caracteriza por el aumento demográfico motivado
por la “mayor capacidad de atracción de población migrante” que
tiene el archipiélago y que permite paliar el descenso en la tasa de
fecundidad, pese a que, luego, una vez en las islaslos migrantes se
convierten en uno de los colectivos más vulnerables y susceptibles
de sufrir la exclusión, parece claro que los desequilibrios sociales
siguen siendo notorios en Canarias, pese a que abunden los
comentarios de las colas en los grandes almacenes, las dificultades
para aparcar, no hay sitio en restaurantes y guanchinches, cada vez
se viaja más y se siguen vendiendo coches.
Se
contrastan en otros apartados del informe. Por ejemplo, en el aumento
en un 2% de la desigualdad entre la población con menos ingresos y
la más rica del Archipiélago. No es de extrañar, en consecuencia,
que la sociedad aparezca cada vez más polarizada. La menor capacidad
de ingresos de los colectivos sociales de menor renta es la razón de
esa apreciable brecha que separa a los bloque sociales. El lastre de
la crisis -siempre según el estudio de Foessa- ha tenido unos
efectos devastadores para la ciudadanía con menos recursos: su renta
se ha vista mermada hasta en un 16 %. En algunas familias o personas,
estas circunstancias dejan entrever un alto riesgo de “cronificación”
de la exclusión. Paradójicamente, durante aquella etapà de
recesón, la renta de la población más rica aumento en un 8,3 %.
Si
echamos un vistazo a otros elementos del escenario, concluiremos que
la preocupación señalada no es a título gratuito. En el ámbito de
la vivienda, el informe revela que ciento diez mil personas "pasaron
hambre con frecuencia en los últimos diez años o la están pasando
ahora mismo"; ciento veintidós mil con discapacidad viven en
hogares con barreras arquitectónicas; trescientos mil canarios
tienen deudas referidas a los pagos de suministro en la vivienda y
ciento quince mil tienen domicilios "en precario", es
decir, facilitado gratuitamente por otras personas o por
instituciones, realquiladas, ocupadas ilegalmente, o han sufrido
amenazas de expulsión del hogar.
Queda,
por tanto, mucho por hacer con tal de superar estas desigualdades, o
si lo prefieren, de paliar unas diferencias que, según el informe de
Foessa, se dan en todos los rincones de las islas, donde factores
como el género, la nacionalidad, la precarización del empleo o el
nivel de estudios no se concentra exclusivamente en barriadas, zonas
marginales o núcleos alejados, sino que pueden registrarse en
cualquier lugar. Por no dejar de mencionar que esta exclusión
incide también en la salud: baste decir que unas doscientas setenta
y tres mil personas han tenido abandonar tratamientos y dietas o
dejar de comprar medicamentos por razones económicas.
Todo
suma para que el eslógan palidezca: ya no es tanta suerte vivir
aquí.
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