MÁS TRANSPARENCIA, MEJOR CONVIVENCIA

Se ha avanzado pero aún queda mucho por hacer. Hay pruebas de mejoría y hasta de eficacia pero es necesario profundizar. El Informe sobre la Evaluación de la Transparencia en Canarias de 2017 corrobora algunas de las impresiones que ya habíamos comentado cuando fueron conocidos los adelantos de las “notas” obtenidas por las instituciones en las evaluaciones correspondientes y las tendencias de mayor compromiso y más diligente respuesta de los responsables públicos.

Según se detalla en las conclusiones del Comisionado de Transparencia, Daniel Cerdán, “la progresión de los niveles de transparencia ha sido positiva en más del 90 % de las instituciones ya que solo siete redujeron su nota respecto a la obtenida en 2016”. Claro que cuarenta y ocho instituciones (entre las que engloban un ámbito poblacional superior a los cincuenta mil habitantes) aún no han alcanzado el aprobado en la escala de 1 a 10. Y eso refleja que hay que perseverar pues estamos ante una asignatura fundamental para producir un cambio sustancial no solo en el funcionamiento de las propias instituciones sino en la percepción que los ciudadanos deben cuajar para hacer que uno de esos tópicos que contribuyen a la desafección de la política vaya, cuando menos, palideciendo.

Los que asumen responsabilidades en el sector público, no solo en el plano político sino también en el técnico o funcionarial, deben tener claro que cumplir con las exigencias de la transparencia, trabajar con vocación de facilitar el conocimiento de la utilización de los recursos o del proceder de las decisiones son, hoy por hoy, con la experiencia que se ha venido acumulando a lo largo de los últimos tiempos, obligaciones primeras.

Pero no solo los dirigentes. Que siga siendo bajo el número de personas que acceden los portales de transparencia o utilicen algunos de los canales para obtener información precisa y detallada, revela que los ciudadanos, en prueba de su madurez democrática, tienen que moverse y demandar más, sobre todo en algunos aspectos que les conciernen directamente. Que un ayuntamiento, por poner un ejemplo, privatice o adopte la modalidad de gestión indirecta de algún servicio, y los que reciben la correspondiente prestación no sepan cuál es el coste anual de la misma, revela, cuando menos, pasividad e indolencia.

Dice el Comisionado que los efectos de la transparencia sobre los sistemas de gobierno y sobre su mayor o menor integridad y eficiencia son bondadosos. Bueno, pues que se tenga presente esta idea para estimular, a base de campañas, cursos, talleres o similares, la participación ciudadana y la accesibilidad de los administrados. Para que gobernantes y representantes de la voluntad popular se sientan motivados y obligados, para que ello mismos comprueben la bondad y la consecuente tranquilidad interior de los aludidos efectos.

Hay algunos datos alentadores y a la vez insuficientes, pongamos por caso, ochenta de las doscientas nueve instituciones y entidades colaboradoras recibieron en 2017 solicitudes de acceso a la información pública, es decir, el 38,28 % de las mismas, según su propia declaración. El total de solicitudes registradas se elevó a mil doscientas ochenta y seis. “Ambos indicadores -reconoce Cerdán- evidencian la escasa demanda ciudadana en materia de solicitudes de información pública”.

Por tanto, hay que congratularse de los avances pero sin echar campanas al vuelo porque, como dijimos al principio, hay que profundizar. Ahora que la convivencia democrática se ve tan salpicada por alteraciones y tendencias que poco tienen que ver con el mejor funcionamiento de las instituciones, bueno será que la gente se vertebre y se organice para exigir por los canales ya abiertos y para intervenir en la vida pública con más y mejores fundamentos.