CASTAÑO OSCURO

 

Veremos lo que sucede el próximo lunes, en Bruselas, en la reunión que ha convocado el comisario de Justicia de la Unión Europea (UE), Didier Reynders, para tratar, con representantes de tres asociaciones judiciales españolas --la progresista ha anunciado que no asistirá- la necesidad de reformar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Entre todos, jueces y políticos, han subido, tras el paréntesis veraniego, el volumen de la controversia, fundamentalmente política.

Recordemos que el Consejo ya lleva caducado y en funciones casi tres años. Se acaban de cumplir los mil días de esta insólita situación, que provoca un enorme desprestigio al poder judicial y proyecta la imagen de que los intereses partidistas pueden controlar la justicia. Se supone que, en una democracia madura, en la que se ha producido la alternancia política en el poder, este asunto debería estar zanjado, o cuando menos, acordado, para cumplir con el principio de la separación de poderes, de gran relevancia para el conjunto de la sociedad y para el funcionamiento normal del sistema democrático.

El Consejo, además, es el órgano de gobierno de la judicatura. Tiene razón de ser por su finalidad de proteger la independencia judicial. Entre sus funciones se consigna la designación de los componentes de los principales tribunales del país.

Entonces, la conclusión es sencilla: Consejo bloqueado, Consejo inútil. Situación notoriamente insostenible derivada de las enormes presiones que deben fluir en las entretelas de los poderes públicos, entre ellas también las del mismo cuerpo de la judicatura. Pareciera –o sin subjuntivo- que nadie quiera dar el brazo a torcer. Y si nadie renuncia a algo o no se avienen a negociar, el quiste del bloqueo se ha ido agrandando de forma que se produce una situación insólita que pone de relieve lo difícil que en España es alcanzar un acuerdo en este ámbito y en estos niveles.

Los magistrados y jueces deben ser conscientes de que esta coyuntura no favorece la credibilidad del sistema y, mucho menos, la misma administración de justicia. Un órgano de la importancia del CGPJ, más de mil días en funciones o en transitoriedad, estigmatiza a jueces y políticos, incapaces de concertar una salida a la prolongada crisis. Vale, se admite que hay mucho en juego y que los intereses son poderosos. Pero la ciudadanía, la institucionalidad quiere otra cosa. El actual CGPJ debió finalizar su mandato a finales de 2018, conforme a lo establecido en la Constitución, pero el desacuerdo político, forzado por el Partido Popular (PP), ha frenado toda posibilidad de entendimiento y los avances para el desbloqueo y el consenso para determinar un nuevo sistema de composición. En la revoltura o en el cruce, seguro que también han influido o han privado los personalismos.

A ver el lunes, porque lo que quieren las asociaciones es que doce de los veinte vocales que conforman el Consejo sean elegidos directamente por los jueces, en lugar de por las Cortes, como sucede actualmente. El ‘cuándo’ es otro motivo de discrepancia, sin fácil solución, desde luego, pero que obliga a flexibilizar el rumbo de las últimas determinaciones. Todos, se supone, son conscientes de la anomalía; luego, pensando en la ciudadanía y en la democracia, han de esmerarse para hallar una solución. Y Europa ya ha enseñado el castaño oscuro.