Las universidades populares de Canarias llegan al Parlamento. Quieren una Ley reguladora promovida por la Asociación Canaria de Universidades Populares (ACUP) cuya iniciativa ya conocen el presidente de la cámara y los representantes de los grupos políticos. Un primer paso.
Algunos ayuntamientos canarios, en el advenimiento de la democracia, se lanzaron a crear y potenciar estos centros socieducativos, animados incluso por el déficit de formación que en la primera década de los ochenta se detectaba en amplicas capas de la población. Era un nuevo rumbo aún en el marco de las limitaciones competenciales pero algunos lo condujeron bien y lo aprovecharon. Compraron o habilitaron edificaciones para disponer de espacios dignos donde impartir no enseñanzas regladas sino aquellas otras que componían una oferta alternativa que se iba enriqueciendo a base de actividades recreativas, lúdicas, cursos de materias específicas –lo digital empezaba a ponerse de moda- y de formación en otras más tradicionales como las teatrales y las de música folklórica. Es más, en aquellas sedes donde había espacio, terminaron estabilizándose espacios para entidades y agrupaciones que precisaban de locales para poder subsistir y crecer.
Puerto de la Cruz, Las Palmas de Gran Canaria y Puerto del Rosario fueron las primeras localidades que acogieron universidades populares. Poco a poco se fueron añadiendo las de otros sitios donde la actividades socioculturales cobraron un considerable impulso. Había sitio para todas, en función de la programación que, de forma autónoma, elaboraban los propios consistorios con arreglo a criterios derivados de las características de sus respectivos emplazamientos. Había que aportar imaginación y satisfacer la aspiración de una población a la que se brindaba una opción de aprender, convivir y desarrollar conocimientos que era difícil encontrar por otras vías.
Lo que se quiere con esta ley, que debería estar aprobada en la segunda parte de la Legislatura, es favorecer el desarrollo cultural y la formación educativa en general en un marco de seguridad jurídica y coordinación en la acción política de los poderes públicos.
O sea, un salto cualitativo, si nos apuran diríamos que necesario para afrontar el porvenir en el mundo pospandémico. Aún hay que remontar algunas fases de crisis y, por supuesto, se abren exigencias a las que es necesario dar respuesta con un modelo de gestión y con unas prestaciones caracterizadas por el pragmatismo. Hay que aprovechar las experiencias acumuladas y hasta las sinergias que surjan para dinamizar la realidad de las universidades populares de las islas. Hay una obligación moral de perfeccionar y otra de frenar la desidia.
Y hay que proteger y defender estos centros desde las propias administraciones locales si es que se quiere potenciar recursos para tener ciudadanos críticos y lugares donde fomentar hábitos de participación social. Si es aprobada esta ley, se estará avanzando en aquellos proyectos puestos en marcha con bases débiles pero con mucha ilusión, como todo lo que promueve el municipalismo. En las universidades populares debe haber un soporte para ganar cuotas de bienestar social. Los beneficios sociales o comunitarios están al alcance, a poco que haya programas y actuaciones sostenibles.
Un ejemplo de estos días, en los que se ha hablado de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS). Qué mejor marco que el de una universidad popular para ofertar la oportunidad de acercarse a su conocimiento y desarrollo práctico. Hay gente que quiere seguir aprendiendo y hacer algo útil, para sí y para los demás. Hay valores que se van desdibujando o perdiendo en ámbitos locales donde abundan otras comodidades o actividades menos comprometidas. Pues hay que esmerarse y estimular el fomento de tales valores. La democracia y la ciudadanía no deben desaprovechar oportunidades.
Esa futura ley de universidades populares canarias debe servir para impulsar su futuro. Es el momento de dar el paso.
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