En noviembre de 2015, quedó constituida en nuestro país la plataforma ‘Seguir Creando’ (en digital, se añadiría posteriormente) con la finalidad de que cualquier autor pudiera desarrollar su actividad de forma remunerada después de su jubilación y sin dejar de percibir su pensión. Entre los objetivos de la Plataforma, se consignaba paralizar los procesos ya iniciados contra autores, iniciar una negociación entre entidades profesionales y la Administración para modificar la actual normativa y elaborar una nueva legislación que permita crear un clima adecuado para la creación artística.
‘Seguir creando’, en la que está integrada la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), aglutina a más de cuarenta asociaciones autorales, pretende ahora, en una reunión solicitada al ministro de Cultura y Deporte del Gobierno de España, Miquel Iceta, acometer la trasposición de la directiva europea de derechos de autor en el Mercado Único Digital a la legislación española. La citada directiva regula las condiciones del uso y pago de los contenidos de los medios por las tecnologías digitales. “Seguir creando en digital” considera que la gestión colectiva obligatoria es el único mecanismo para garantizar el respeto de los derechos de los editores y de los autores que fija la Directiva europea y la remuneración correspondiente por el uso de los contenidos.
El asunto tiene su complejidad pero los promotores de la plataforma estiman que ha llegado el momento de que el Gobierno, de acuerdo con la directiva europea, establezca de una vez un modelo justo, sostenible y transparente de la gestión de tales derechos, modelo que se incumpliría en el caso de acuerdos opacos e individualizados. El portavoz de “Seguir creando en libertad”, Manuel Rico, es contundente a la hora de señalar que “el modelo debe garantizar que los autores y editores salgan beneficiados de la nueva directiva europea sin que registren discriminaciones de ningún tipo o se impongan intereses ajenos al sector”.
Aunque parezca un asunto menor o propio de los ámbitos domésticos profesionales, lo cierto es que trata de impedir un sistema de aplicación basado en la “gestión colectiva obligatoria”. Para Rico, que eleva la trascendencia, “el Gobierno no puede olvidarse de los creadores… pues nos estamos jugando la libertad y la diversidad de la prensa en nuestro país y el futuro digital de la propiedad intelectual”.
Así las cosas, la respuesta del Gobierno o lo que se debata en las Cortes, si ésta es la vía elegida, interesa muchísimo.
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