¿No queríamos que hablasen las eléctricas, escuchar su versión de la subida incontenible de los precios de la luz? Pues ahí la tenemos después de que el Gobierno adoptase una serie de medidas extraordinarias y sin precedentes para atajar la escalada del precio de la luz con especial incidencia en los "beneficios extraordinarios" que están disfrutando las compañías eléctricas con el episodio. El Estado detraerá 2.600 millones de euros de ingresos del oligopolio hasta marzo de 2022 y lo inyectará directamente en el recibo, en el apartado de cargos, para lograr bajar los precios hasta los niveles de 2018. Además, se creará una nueva subasta para hidroeléctricas, nucleares y renovables, en la que no influirá el precio del gas, para que las pequeñas comercializadoras del mercado libre puedan acudir y ofrecer a sus clientes una cuantía competitiva y más baja.
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha explicado que, igualmente, el ejecutivo reducirá el Impuesto sobre la Electricidad del 5% al 0,5%, pondrá un tope al mercado regulado del gas para evitar una subida en la calefacción doméstica, aumentará la cobertura para consumidores vulnerables, aplicará los ingresos del mercado del CO2 para bajar aún más el recibo y modificará la Ley de Aguas para poner fin a los episodios de vaciado de embalses. El plan de choque rebajará el recibo un 22 % mensual hasta final de año, ampliado a un 30 % si se suma la "congelación fiscal" del IVA aplicada en junio.
Mientras el festín alcista de los precios alcanzaba niveles inigualables –se hablaba en los medios de récord diario-, las eléctricas, a lo suyo. A calcular sus insaciables márgenes de beneficio. Y callado todo el mundo. Un chitón vergonzante. Faltaría más.
Pero después del freno del ejecutivo, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) ha manifestado su "contundente rechazo" a las medidas anunciadas en el Consejo de Ministros para atajar la subida del recibo de la luz, fundamentalmente las que implican una minoración de sus ingresos, que han calificado como "intervencionistas".
La asociación ha instado al Gobierno a buscar soluciones “verdaderamente eficaces” que protejan de la volatilidad diaria de precios a los consumidores con tarifa regulada, que suponen un tercio del total. "Las medidas dirigidas a intervenir los mercados van en contra de su eficiencia, la ortodoxia europea y crea un clima de inseguridad jurídica", ha denunciado la asociación en un comunicado. En este sentido, pide que no se penalice "de forma injusta" a un sector comprometido con la electrificación y descarbonización de la sociedad, el desarrollo territorial y el empleo, así como la protección de los colectivos vulnerables.
O sea, que encima, poco menos, hay que agradecer a las eléctricas ese comportamiento, “que está asumiendo grandísimos esfuerzos económicos. Ya podrían haber sido algo más comedidos en plena emergencia sanitaria.
Pero no, ya entramos en otro terreno. Y nadie quiere ser el malo de la película, sobre todo cuando los costes, los que abona el pueblo consumidor, son tan elevados. A juicio de la asociación, y a falta de conocer el texto del Real Decreto-ley, el recorte a los ingresos de la generación hidráulica y nuclear, justificado en un supuesto incremento de los beneficios por la subida del precio del gas, es una medida "injusta y desacertada" para las empresas del sector. En otras palabras, la culpa es del Gobierno intervencionista. En opinión de la Asociación, la solución pasa, por una reforma de la tarifa regulada que evite –como sucede en países europeos de nuestro entorno– el traslado a los consumidores de la volatilidad del mercado. El otro ámbito de actuación para reducir el precio de la luz deber ir orientado a limpiar la factura de la luz de todos aquellos componentes que nada tienen que ver con la producción eléctrica y su transporte y distribución y acometer una reforma fiscal que alivie la presión a la que está sometida el recibo de la luz con altos impuestos.
Y en el Partido Popular, lo esperado. Primero, el reproche al Gobierno de inhibición ante la envergadura del problema. Y después, cuando pasa a la acción, pues toca defender, como no iba a ser de otra manera, a las grandes compañías. El primer partido de la oposición propone que el Ejecutivo ataque el problema exclusivamente reduciendo impuestos y asumiendo parte de la factura vía presupuestos pero en ningún caso tocando los beneficios de las compañías eléctricas. Tampoco hay que extrañarse. Para subir el listón, Pablo Casado ha comparado las medidas del Gobierno con una expropiación.
Sigamos atentos el curso del debate. Algunos ya han hablado y otros se han quitado la careta.
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