La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha hecho público su ‘Informe Mundial sobre la Protección Social 2020-2022’. El subtítulo, “La protección social en la encrucijada: en busca de un futuro mejor”, resulta tan descriptivo del análisis de situación, como sugerente en una vertiente prospectiva. Veamos algunos aspectos que nos acercan a sus contenidos.
Su mayor interés, a juicio de algunos analistas, reside en que, además de ofrecer una visión global de la protección social, también la desglosa por regiones: Europa y Asia central, Estados Árabes, Asia y Pacífico, Américas y África. Esto permite contextualizar la situación particular de cada país e imaginar proyectos de intervención focalizada, desde la cooperación y la acción internacional.
También describe fuertes desigualdades regionales: las tasas de cobertura (número de personas protegidas y tipo de situaciones cubiertas) son más altas en Europa, Asia central y las Américas que en África. En paralelo, las inversiones en protección social (en términos de PIB) son igualmente dispares.
El informe consigna en algunas zonas modestos avances en la definición de los pisos de sus sistemas de protección social, es decir, “del conjunto de garantías básicas (…) que deberían asegurar (…) que todas las personas necesitadas tengan acceso a una atención de salud esencial y a una seguridad básica del ingreso (…)”.
Se detiene el documento, por ejemplo, en la protección de la infancia. Dice que es muy deficiente. Englobando los datos de todas las regiones, solo el 26,4 % de los niños (sus familias) recibe algún tipo de prestación social. Este dato da forma a la pobreza infantil y se relaciona también con la protección del trabajo de las familias y la protección social de la que puedan ser beneficiarias las distintas personas integrantes. Sin que se pueda olvidar que el trabajo infantil (cuyos datos son alarmantes), está íntimamente relacionado con estos déficit de protección de las niñas y los niños.
Respecto a las prestaciones esenciales, los datos agregados a nivel mundial muestran una protección claramente insuficiente, pues apenas el 44,9 % de las mujeres que han dado a luz percibe una prestación económica durante el puerperio; sólo el 33,5 % de las personas que sufren una discapacidad grave reciben prestación; un tercio de la población está protegida en caso de enfermedad (común), y un 35,5 % tiene protección en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional.
Desde una perspectiva puramente interna española, el informe tiene una utilidad clara: por más que los estándares de protección social y de inversión estén por encima de la media mundial, este documento sirve para:
Revisar si los elementos esenciales de la protección social están bien apuntalados (los previos y los posteriores de la crisis de la covid-19).
Remarcar el valor del diálogo tripartito.
Reforzar la necesidad de la ligazón inevitable entre recuperación-inversión pública-justicia social.
Revisar si los elementos esenciales de la protección social están bien apuntalados (los previos y los posteriores de la crisis de la covid-19).
Remarcar el valor del diálogo tripartito.
Reforzar la necesidad de la ligazón inevitable entre recuperación-inversión pública-justicia social.
En síntesis, que la protección social está en una encrucijada. Algunas estadísticas son reveladoras de notables desequilibrios que obligan a los gobiernos, especialmente los progresistas, a hacer más esfuerzos y más inversiones con tal de superarlos.
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