Una aprobación de las Juntas de Jueces de los partidos judiciales del Puerto de la Cruz y La Orotava está siendo respaldado, en forma de acuerdo unánime, por los ayuntamientos respectivos. El carácter institucional parece estar fuera de toda duda: se trata ahora de que el Gobierno de Canarias, con competencias en la materia, materialice estas voluntades en su reordenación del mapa judicial.
Porque lo que se pide es una mejora sustancial de la administración de justicia en seis municipios norteños: La Matanza de Acentejo, La Victoria de Acentejo, Santa Úrsula, La Orotava, Los Realejos y San Juan de la Rambla. En el acuerdo adoptado por el consistorio portuense, se señala que, a la larga, el objetivo es ofrecer un servicio tan importante no sólo a los profesionales que realizan su labor tan esencial para la correcta impartición de la justicia sino también y sobre todo para los ciudadanos que acuden al amparo judicial para que sus derechos les sean reconocidos en un contexto donde prime la seguridad, la eficiencia y eficacia en el desarrollo de esta actividad.
No es la primera vez que desde el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz se intenta promover una iniciativa que favorezca la administración de justicia, hacerla más cercana y accesible. Casi siempre (o sin casi) chocó con problemas de dotación: sede, ubicación y viabilidad inmediata para los operadores jurídicos. Se sabe que no es fácil pero ahora reiteran el empeño a sabiendas de que las circunstancias de la pandemia han agravado las demandas. Impartir justicia con dignidad para favorecer un derecho fundamental, se dice en el acuerdo adoptado por unanimidad.
Y es que para el Ayuntamiento, el fundamento de la moción aprobada es ofrecer un servicio tan importante no solo a los profesionales del derecho que realizan su labor tan esencial para la correcta impartición de la justicia sino también y sobre todo para los ciudadanos que acuden al amparo judicial para que sus derechos les sean reconocidos en un contexto donde prime la seguridad, la eficiencia y eficacia en el desarrollo de esta actividad.
Lo que se pide al Gobierno de Canarias es que adquiera terrenos o si los hubiere ya, se construya una Ciudad de la Justicia o Palacio de Justicia moderno, con visión de futuro, adaptado a los tiempos actuales, que albergue el número de Juzgados necesarios tanto de orden civil y penal, así como un Juzgado Exclusivo de violencia de género.
También se propone que se contemplen las posibles ampliaciones de futuros juzgados, con todos los medios necesarios en el mismos, dotados de los recursos materiales y humanos necesarios, así como la con adscripción permanente de Fiscalía Provincial, Servicio Común de Notificaciones y Embargos, Oficina del Instituto de Medicina Legal (Médico forense), Salas de procuradores, abogados, traductores y otros departamentos. Para facilitar tanto a la ciudadanía como a la comunidad profesional dedicada a la impartición de justicia, la futura sede deberá contar, según el planeamiento y la planificación urbanística necesaria, con fácil acceso y grandes zonas de aparcamiento.
El Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, según el acuerdo aprobado, se pone a disposición de la Consejería de Justicia del Gobierno de Canarias para estudiar las posibles ubicaciones dentro del término municipal del Puerto de la Cruz de un futuro Palacio de Justicia del Valle como sede del nuevo partido judicial, así como para mostrar la predisposición con el fin de convenir los procesos de transición necesarios para tal fin.
La petición no olvida que, a pesar de que se comience a llevar a cabo esa próxima planificación para la construcción de un nuevo edificio, se disponga lo necesario para la unificación de los referidos Partidos Judiciales, manteniendo sedes en ambos municipios, realizando las mejoras necesarias, de forma provisional, hasta tanto en cuento se proceda a la finalización de la ejecución del proyecto que deba realizarse a tal fin.
Está claro que llevar a cabo el acuerdo exige tiempo. Será una gestión laboriosa y compleja cuyos frutos dependerán del seguimiento que se haga, de la constancia que se tenga para asegurar la consecución de los objetivos. Seguramente, más de un mandato, en términos de ciclos políticos.
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