Menores no acompañados

 

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, se refirió ayer, en la intervención inicial del Debate sobre el estado de la nacionalidad en el Parlamento, a los problemas que suscita la acogida de niños y niñas no acompañados en nuestra Comunidad, unos tres mil, según sus propias cifras.

Ya había avanzado posiciones durante la Conferencia de Presidentes celebrada hace unas semanas en La Palma. De esta convocatoria, por cierto, en la denominada Declaración de La Palma, se había recogido en su apartado tercero la necesidad de “Gestionar de forma coordinada la acogida de refugiados ucranianos que permita canalizar la ola de solidaridad que sienten los españoles hacia los ucranianos que llegan a España huyendo de la guerra. Se habilitarán medios de financiación para hacer frente a los costes que se ocasionen a este respecto”.

El presidente canario no dejó pasar la ocasión y advirtió que el archipiélago también precisaba medidas consecuentes para afrontar la acogida de los menores no acompañados que se acumulaban en las llegadas de embarcaciones a las costas de las islas desde distintos países africanos. Era una apelación a la sensibilidad y también a la responsabilidad. Era su petición de solidaridad obligatoria para poder redistribuir la acogida y primeras medidas de mantenimiento, a la espera de que se cumplan los trámites normativos correspondientes, de los menores no acompañados.

En la primera sesión del debate de ayer, Torres recordó que Canarias está acogiendo a familias ucranianas y pidió al Gobierno de España y al resto de comunidades autónomas la misma solidaridad para la acogida de niños y niñas no acompañados que hay en Canarias. Para el presidente “es imprescindible que se eleve a las Cortes una iniciativa que salga de este Parlamento para que la ley obligue a una distribución proporcional en el conjunto del país de los menores no acompañados que llegan, con la implicación de todas las comunidades”. El jefe del Ejecutivo pidió en la Cámara que no se use de forma partidista el drama migratorio, que los grupos no entren en el peligroso juego del odio y el racismo de la ultraderecha, y añade que “no podemos normalizar ni pactar ni conseguir el poder con el voto de quien defiende semejantes postulados”.

Es un punto de vista importante. Lo destacamos tras la Conferencia de La Palma que no mereció, por cierto, un tratamiento mediático de perfil más alto. Porque el problema es latente y requiere alternativas. El presidente de Canarias se refirió en aquella histórica reunión al compromiso de varias Comunidades Autónomas orientado a buscar una salida para los menores no acompañados, más de dos mil ochocientos actualmente en las islas. El presidente Pedro Sánchez respaldó el planteamiento de Torres y formuló una solicitud de corresponsabilidad.

La dimensión del problema se contrasta en que los dos mil ochocientos cuatro migrantes menores no acompañados que tiene Canarias suponen un ratio de mil quinientos por cada millón de habitantes en las islas. Si estas personas se repartieran entre las autonomías supondrían sesenta por millón de ciudadanos, por lo que Sánchez estimó como "asumible" esa corresponsabilidad.

Veamos, con las conclusiones y propuestas de resolución en el Debate sobre el estado de la nacionalidad que hoy continúa, en qué dirección se avanza para mitigar o solucionar el problema.